La pata coja de la propuesta para disminuir la evasión fiscal. Por Gabriel Ugarte

La disminución en la moral tributaria en los últimos años es un llamado a la acción que no solo impactará en la equidad, sino también en la sostenibilidad para cubrir las demandas sociales de nuestro país.

El año pasado, el gobierno español publicó una lista con más de 6.000 nombres de personas y empresas que debían impuestos, una táctica para frenar la evasión fiscal. Mientras tanto, en Argentina, algunas municipalidades premian a los contribuyentes más cumplidores. Esta variedad de estrategias, desde el shaming (vergüenza) tributario hasta recompensar a quienes hacen sus pagos puntualmente, buscan incentivar el pago de impuestos y fomentar un ambiente de cumplimiento tributario.

En Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) estima que las empresas evaden más del 50% del impuesto sobre sus utilidades. Aunque hay cuestionamientos respecto de la precisión de esta cifra –cuyo informe técnico final recién estará disponible en abril–, la evasión fiscal es un problema real en el país. En el peor de los casos, cerca de uno de cada cuatro pesos de la recaudación tributaria potencial no estaría llegando a las arcas fiscales. Para abordarlo, el ministro Marcel presentó recientemente un proyecto de ley que busca reforzar la fiscalización y control, aumentando los costos para quienes incumplen, con la esperanza de incrementar la recaudación.

Pero el pago de impuestos es mucho más que una simple cuestión de cifras en la billetera. Es un acto en el que influyen variados factores, desde aspectos psicológicos del comportamiento hasta elementos culturales. Hay quienes encuentran motivación para el pago de impuestos en el sentido de responsabilidad hacia el bienestar colectivo o en la esperanza de ser beneficiados en el futuro. Otros encuentran satisfacción y orgullo en el simple cumplimiento de su deber ciudadano o sentirían vergüenza si no lo hacen. La presión de los pares o la influencia social también pueden jugar un rol preponderante. La moral tributaria abraza estas y otras motivaciones intrínsecas que impulsan a las personas a pagar voluntariamente sus impuestos.

¿Qué sabemos de la moral tributaria en Chile? La Encuesta Mundial de Valores de 2018 mostró que solo el 55% de las personas nunca justifican la evasión (Salgado y Ugarte 2024). Esta cifra refleja una marcada disminución en comparación con las dos décadas previas, en que cerca de un 70% de la población nunca justificaba el incumplimiento. Incluso, remontándonos a mediados de los 90, este porcentaje era aún más elevado.

Con las últimas cifras, Chile se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, más relevante que la comparación del valor mismo –que puede estar afectado por una multitud de factores sociales y culturales–, es el análisis de la tendencia. Aquí los resultados son una señal de alerta, ya que, en promedio, la moral tributaria en estos países sigue una trayectoria distinta a la nuestra. Solo 7 de las 33 naciones con información en la encuesta presentan una disminución significativa respecto de la medición anterior. Dentro de este grupo, cinco países tienen menos de un 60% de su población indicando que la evasión nunca se justifica: España, Corea del Sur, México, Canadá y Chile.

¿A qué se debe esta baja en la moral tributaria en el país? Sin duda que un factor relevante han sido los casos de corrupción y mal uso de los recursos públicos. Desde el 2015 que la percepción de corrupción por parte de la ciudadanía no ha cejado, lo que mina la confianza y genera una impresión de injusticia, desincentivando el cumplimiento tributario. Sin ir más lejos, la investigación tanto a privados como funcionarios públicos en el marco del Caso Audios es uno de los últimos ejemplos. Otro factor es la dificultad que experimenta el Estado para satisfacer las demandas sociales, especialmente en áreas cruciales como educación y salud, lo que afecta la expectativa del ciudadano de recibir un servicio de calidad a cambio de su contribución. Los extensos tiempos de espera en los prestadores públicos de salud – de casi un año y medio para intervenciones quirúrgicas fuera del GES– y la crisis por la que atraviesa la educación estatal son pruebas de ello.

La marcada disminución de los niveles de moral tributaria en Chile debería instarnos a reflexionar profundamente sobre sus causas y las acciones que como país requerimos emprender para revertir esta tendencia. Para cosechar beneficios a largo plazo, es esencial avanzar en una decidida agenda de probidad y asegurar niveles mínimos de calidad en los servicios básicos proporcionados por el Estado, que sean homogéneos para toda la población.

Sin embargo, en el corto y mediano plazo, también es factible avanzar. Para ello resulta fundamental fomentar la participación ciudadana y promover más transparencia y rendición de cuentas en el ámbito fiscal. Iniciativas que posibiliten un mayor involucramiento de la ciudadanía en las decisiones de gasto público, como propuso la Comisión Mejor Gasto (2021), y profundizar en el informe “¿Cómo se usaron mis impuestos?”, que ha demostrado efectividad, son ejemplos concretos que pueden marcar la diferencia. La propuesta de Pacto Fiscal tiene algunas medidas puntuales como la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y acciones para agilizar la inversión pública, que pueden ayudar en este sentido pero que no ofrecen una respuesta integral al problema que tenemos en la actualidad.

La moral tributaria no solo es fundamental para construir una sociedad más equitativa –donde cada individuo contribuya de manera justa–, sino que también juega un papel clave en la garantía de la sostenibilidad fiscal. En la propuesta de Pacto Fiscal, más del 50% de los recursos frescos que el gobierno busca recaudar provienen del cumplimiento tributario, seguido por las medidas procrecimiento y un exiguo aporte por aumentos en la eficiencia del Estado. La disminución en la moral tributaria en los últimos años es un llamado a la acción que no solo impactará en la equidad, sino también en la sostenibilidad para cubrir las demandas sociales de nuestro país.

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