El síndrome de Estocolmo. Por Natalia Aránguiz

El Estado debe demostrar primero que efectúa sus gastos de acuerdo con las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas. Sólo así será posible ganarse la confianza de los contribuyentes y justificar un eventual aumento de los impuestos.

En los últimos días, el tema de los impuestos ha estado en la agenda pública, tanto por la revisión del presupuesto, como la sugerencia de algunos parlamentarios de reflotar el Pacto Fiscal, así como por los casos de corrupción y evasión tributaria. En este contexto, revisaré la situación tributaria de Chile desde dos perspectivas: la recaudación y el gasto.

Dependiendo de la fuente y, por tanto la metodología; en términos relativos y de acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial , Chile (19,6%) presenta una recaudación impositiva como porcentaje del PIB mayor no sólo al promedio de los miembros de la OCDE (16,3%), sino también a los países de ingreso alto (16,2%), así como al promedio de las jurisdicciones de América Latina y el Caribe (14,1%).

En cuanto a la estructura tributaria, la OCDE publica que la segunda fuente de ingresos tributarios chilenos proviene de los gravámenes a las empresas (17%), algo muy distinto a los países miembros de la OCDE (9%), América Latina y el Caribe (15%), donde este ítem está en cuarto o quinto lugar. Esto quiere decir, que gran parte de los países miembros optan por promover al empresariado ya que es éste el generador de empleo y crecimiento económico.

Acerca de los impuestos sobre la renta a personas (Impuesto Único de Segunda Categoría), Chile (11%) recauda más por esta partida que el promedio de los países de América Latina y el Caribe (9%), pero menos que los países de la OCDE (24%).

En definitiva, Chile es una jurisdicción que tiene un nivel de recaudación razonable y que grava a las empresas de una forma muy fuerte si se compara con países semejantes ya sea por ingreso o territorio. Es decir, bajo los estándares de países comparables, recaudamos suficiente en relación con lo que producimos.

En cuanto a cómo se gasta lo que recauda el Estado, estamos en serios problemas o nuestras autoridades pretenden que presentemos el Síndrome de Estocolmo (Vínculo emocional positivo que una persona desarrolla con su propio secuestrador o abusador). Como toda persona física o jurídica, tenemos la obligación de pagar impuestos con el fin de proveer servicios gratuitos a los más desprotegidos y porque es el costo de vivir en sociedad. Dado que es una imposición legal, es razonable que exista un marco robusto que busque reducir la evasión en el pago de estos y que impida casos como el de los hermanos Sauer.

Sin embargo, otro tema muy diferente es considerar razonable un incremento impositivo porque quien genera la obligación requiere de más dinero porque hace uso de forma delictiva, inepta o negligente de los recursos que los ciudadanos le entregamos sagradamente, como por ejemplo en el caso convenios.
Es necesario analizar la sensatez de exigir que tanto empresas como personas que mensualmente pagamos impuestos, estemos de acuerdo en ser gravados con una mayor carga tributaria después de que el Contralor General de la República informara que los recursos públicos en 15 de las 16 seremías del Ministerio de Vivienda fueron quemados sin ningún control ni pudor. ¿Se consideraría prudente exigir a los contribuyentes una mayor carga impositiva cuando 30.000 niños llevan 80 días sin clases en la región de Atacama producto de un paro de profesores, donde éstos últimos continúan recibiendo sus salarios como si estuviesen trabajando?

En consecuencia, un pacto tributario que busque eliminar cualquier mecanismo de evasión tributaria es juicioso puesto que se debe evitar toda practica delictual en esta materia. No obstante, tanto porque el Estado no ha demostrado transparencia ni diligencia en el uso de estos recursos, como por las difíciles condiciones económicas y financieras que existen hoy en día en Chile, sería un atropello incorporar en un pacto fiscal un alza en los impuestos.

De esta forma, el Estado debe demostrar primero que efectúa sus gastos de acuerdo con las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas. Sólo así será posible ganarse la confianza de los contribuyentes y justificar un eventual aumento de los impuestos. Porque, téngase presente: el Síndrome de Estocolmo es un trastorno psicológico muy poco frecuente.