Los gritos, descalificaciones e incidentes acaecidos en los últimos días en la Cámara de Diputados ilustran con toda crudeza el clima enrarecido que se apoderó del debate sobre los 50 años del golpe. Sin duda será la conmemoración que mayor división y radicalización de posturas ha generado en décadas. El gobierno generó expectativas y se fijó objetivos que no conversan con el estado de ánimo actual de la mayoría los ciudadanos: les exige una condena sin autocrítica.
En el Chile post estallido social que rechazó con contundencia la constitución de la izquierda y le dio la mayoría del consejo constitucional a la derecha, las voces de quienes creen que el golpe fue inevitable, se escuchan con más desenfado que nunca. La expresidenta Bachelet tiene razón cuando afirma que hay partidos que antes condenaban el golpe y ahora no.
Hemos retrocedido como país en relación con las conmemoraciones de los 30 y 40 años donde había muchísimo más consenso en torno a la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la intervención militar.
La mala gestión del gobierno y el desprecio que mostró al principio por la transición a la democracia y sus logros han empujado al electorado hacia la derecha. Desde la subjetividad de muchos la “ideología” que inspiró a la UP era algo del pasado hoy aparece como un riesgo del presente.
Por eso se necesita una reflexión más serena y profunda sobre el contexto político, social y geopolítico que nos llevó al abismo y que significó la pérdida de la libertad y la democracia. Pero el Partido Comunista y el gobierno no la quieren. Es el todo o nada, sin matices.
Material hay de sobra gracias a la gran cantidad de libros sobre la Unidad Popular y la figura del presidente Allende que se han publicado, cuyos autores son de derechas y de izquierdas, víctimas y victimarios, protagonistas y representantes de las nuevas generaciones.
Obras que han sido elogiadas transversalmente y que comparten una visión mucho más crítica de lo que fue la gestión política de la Unidad Popular, los obstáculos estructurales que hacían inviable la instalación de un gobierno revolucionario socialista sin cambiar el andamiaje jurídico-constitucional, lo que era imposible para un gobierno que no tenía mayoría en el Congreso; y las presiones que llevaron al gobierno a “estirar el chicle” hasta el filo de la ilegalidad, al límite de lo tolerable.
De modo que se da la paradoja de que en el campo de la literatura se han estudiado a fondo las causas del golpe, pero en el ámbito de la política un sector de la izquierda, en particular el Partido Comunista, considera un pecado mortal contextualizar el golpe como parte del diálogo de la conmemoración de los cincuenta años. Cualquiera insinuación de responsabilidades compartidas en el quiebre democrático amerita la imputación de “golpista-negacionista”.
Por desgracia, tras la caída de Patricio Fernández se impuso esta visión maniquea. El PC de la mano de las organizaciones de derechos humanos, mucha de las cuales controla, están empeñados en canonizar la figura del presidente Allende y piensan, equivocadamente en mi opinión, que ello exige exonerar el gobierno de la UP de toda responsabilidad por el fin de la democracia.
Este enfoque sectario impulsado por el PC, se ha transformado en un obstáculo para que converjan las fuerzas políticas y sociales a un acuerdo amplio por la defensa de la democracia y condena total a las violaciones de los derechos humanos, durante la dictadura. Lo que debería ser una fórmula perfectamente adecuada para recordar los 50 años y propiciar el “nunca más”.
El afán de reescribir la historia llevó al PC a intentar que la cámara dejara “sin efecto” el acuerdo adoptado hace 50 años que declaró que el gobierno del presidente Allende estaba actuando fuera de la legalidad. Pero les salió tiro por la culata, ya que como era predecible fue rechazado gracias a los votos de la democracia cristiana; pues fue el mismísimo don Patricio Aylwin quien lo redactó de su puño y letra, como lo explica detalladamente en su libro negando categóricamente que su objeto haya sido precipitar el golpe.
Fueron por lana y salieron trasquilados pues la derecha y la DC lograron que el secretario de la Cámara leyera solemnemente en el hemiciclo el mentado acuerdo cuyo contenido era, desconocido para la mayoría de la gente común. Texto que, a la luz de todo lo que se ha publicado y escrito en el último tiempo, suena bastante pertinente y ajustado a la realidad de la época.
La interpretación de eventos históricos traumáticos, como golpes de estado o regímenes totalitarios siempre plantean un dilema entre comprender sus causas y justificar las consecuencias. Y si bien es crucial analizar las raíces de lo ocurrido para evitar su repetición, hay que saber reconocer los límites entre el entendimiento y justificación. Este es el esfuerzo que debería haberse hecho en este momento histórico y que fue desperdiciado por el gobierno.
Porque una cosa es entender el contexto del evento traumático lo que implica analizar los factores subyacentes que llevaron a su ocurrencia y otra muy diferente es validar o excusar las acciones tomadas durante o después del evento, minimizarlas o justificarlas, como por ejemplo las violaciones sistemáticas a los DDHH.
Estudiar por qué pasó lo que pasó es esencial para aprender de la historia y evitar su repetición. El análisis basado en evidencia y guiado por la moral y los valores humanos nos podría ayudar a navegar la delgada línea que separa la comprensión de la justificación. El análisis crítico es una herramienta poderosa para mantenernos en el lado correcto de esta delicada distinción, asegurando que honremos la memoria de las victimas y trabajemos hacia un futuro más justo y pacífico. Este es el ejercicio que el PC no quiere hacer.
En nuestro caso este es un desafío complejo porque como suele ocurrir con los grandes eventos históricos las cosas no son blanco o negro.
Allende quería hacer una revolución, construir el socialismo en un país cuyo andamiaje jurídico constitucional estaba diseñado para promover y defender el capitalismo. El choque era inevitable. Esa fue la contradicción fundamental que marcó todo su gobierno, el origen de los conflictos. Necesitaba nuevas leyes y hasta otra constitución, pero no tenía la mayoría en el Congreso. Un nudo ciego que nunca se pudo desarmar pese a que durante el primer año de gobierno el Estado se había apoderado de la mayoría de los bancos y empresas del país por medios de dudosa legalidad.
¿Se podrían haber hecho las cosas de otra forma, se pudo haber evitado el golpe, podrían los políticos de la época haber encontrado una salida democrática oportuna?
Estas son preguntas pertinentes para la reflexión con motivo de cumplirse 50 años; pero ya es tarde.
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