La oportunidad de modernizar el empleo público. Por Juan José Obach

Todos los esfuerzos por modernizar el empleo público deben apuntar a reconocer el carácter técnico, meritocrático e imparcial  de la carrera funcionaria en nuestro país. De lo contrario, estaremos poniendo un freno no solo a la modernización del Estado, sino que al desarrollo del país.

Hoy nos encontramos en plena redacción de una nueva Constitución, en medio de la discusión de un pacto fiscal y atravesamos una crisis de probidad y transparencia desatada por el caso de la fundación Democracia Viva. ¿Qué factor subyace a estos tres importantes temas que cruzan el debate nacional? La necesidad urgente de modernizar nuestro Estado y, en particular, el empleo público. Sin una carrera funcionaria de excelencia, cualquier esfuerzo en este frente, será estéril. Ojalá que el desenlace de estos tres debates confluyan en la anhelada reforma al anacrónico estatuto Administrativo (1989) y que por fin podamos contar con un empleo público de carácter técnico y meritocrático.

Según el INE, alrededor de 1,2 millones de personas desempeñan labores en alguna repartición publica (un 13,2% del total de ocupados). Digo “alrededor” porque este dato solo lo podemos obtener de encuestas. Increíblemente, en pleno siglo XXI, el Estado no cuenta con un registro unificado de todos los funcionarios públicos. Aunque Dipres posee información centralizada, ésta es solo parcial y desconocemos por completo lo que pasa en gobiernos regionales, municipios, universidades y empresas estatales. Es imposible que una organización pueda gestionar bien a sus personas si no conoce algo tan básico como su número total.

La verdad es que si bien hemos tenido avances, nuestro Estado dista de ser uno ágil, eficaz y amable de cara a la ciudadanía. Es más, un 76% de las personas se siente maltratada por éste (CPLT, 2020). Las excesivas trabas burocráticas a las que se enfrentan empresas, grandes y chicas, cuando quieren emprender un proyecto, son solo un ejemplo. Tan grave es este problema que hasta incluso le inventamos una palabra: la permisología. Aquí, tal como escribí hace unas semanas, es positivo que el Ministerio de Economía empuje esta agenda. Pero, no logrará su cometido sin un cambio radical a las herramientas de evaluación y control de gestión que hoy tenemos (los famosos “PMG”). ¿Sabe el lector que al 2022 un 98,7% de los funcionarios obtuvo la nota máxima en desempeño? Lamentablemente, el ministro Marcel no presentó ninguna medida relativa a este problema en su batería de 18 medidas dentro del pacto fiscal.

Por otro lado, la crisis desatada por el caso Democracia Viva, nos recuerda que el Estado sigue siendo utilizado por los partidos políticos como agencia de empleo en base a afinidades políticas. ¿Quién puede explicar que el director ejecutivo de una fundación que recibe fondos públicos para hacer trabajos en campamentos sea, al mismo tiempo, asesor del Ministerio de Defensa y reciba también una beca de estudios por parte de este organismo? Por muy polímata y renacentista que pueda ser la persona en cuestión, lo cierto es que hoy es más fácil obtener un cargo público por simpatía política que por idoneidad técnica. Para cambiar esta realidad, el proceso constitucional presenta una oportunidad única.

El articulo 112 del borrador constitucional establece un nuevo régimen general de la función pública -de carácter técnico e imparcial- y da un plazo de dos años para ingresar una nueva ley al Congreso. Si bien esto apunta en la dirección correcta, se debería diferenciar explícitamente a los funcionarios de carrera de los asesores de gobierno, limitando al máximo la dotación de este último grupo. Junto con esto, es deseable contar con un Servicio Civil de carácter autónomo y colegiado que asegure imparcialidad para el ingreso, promoción y remoción de los funcionarios públicos.

Todos los esfuerzos por modernizar el empleo público deben apuntar a reconocer el carácter técnico, meritocrático e imparcial  de la carrera funcionaria en nuestro país. De lo contrario, estaremos poniendo un freno no solo a la modernización del Estado, sino que al desarrollo del país. No se trata de achacar todos nuestros males a los actuales funcionarios, sino todo lo contrario. Debemos realzar la función pública, atraer nuevos talentos, e incentivar la promoción y capacitación. Para hacer esto, la única forma es contar con una nueva carrera funcionaria. No hay otro camino.

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