El presidente Boric entrevistado por la cadena SER de España en Madrid afirmó que en el país no ha habido justicia en relación a las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Es una afirmación contradictoria con su sorpresiva valoración de los 30 años y que desconoce los reportes de las comisiones de verdad, el esfuerzo de las víctimas, de los abogados consagrados al apoyo a las víctimas y a los jueces que han instruido procesos contra agentes del Estado, un propósito que ha ocupado al menos 30 años de nuestra vida republicana y ha consumido las energías de centenares de hombres y mujeres.
Lo que resulta más extraño es que esa afirmación la haya realizado en España, país que nunca ha juzgado a los perpetradores del franquismo ni ha permitido que se rompa el silencio sobre los hechos acaecidos en la guerra y en la posterior dictadura. El paradigma hispánico ha sido el silencio y el olvido. Más allá de Cataluña y del País Vasco (Guernica), no hay memoria.
Es oportuno, entonces, recordar lo que el país ha hecho en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Un esfuerzo reconocido internacionalmente que, como es obvio, no puede ni pretende compensar o resarcir a las víctimas que han sufrido un daño irreparable.
En materia de establecer una verdad reconocida sobre las violaciones a los derechos humanos, el presidente Aylwin creó la Comisión de Verdad y Reconciliación para investigar los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, tarea que fue completada en años posteriores por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableciendo el número de 2.804 víctimas de desaparición forzada y/o ajusticiamientos. Más adelante el presidente Ricardo Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la que fue reabierta por la presidenta Bachelet, certificando que 38.254 personas sufrieron prisión política y tortura durante el período 1973-1990.
Las personas y sus familias señaladas por ambas comisiones han sido objeto de medidas de reparación a través de programas destinados a apoyar a las familias en la búsqueda de justicia y asignar beneficios en materia de salud, educación, vivienda y previsión. Diversas leyes dan cuenta de este esfuerzo que por cierto no satisface plenamente a las víctimas, pero que aun así ha sido consistente por parte de todos los gobiernos del período concertacionista.
En el caso de las personas exoneradas por razones políticas, diversas leyes han otorgado reconocimiento y beneficios a 150 mil beneficiarios, así como también se establecieron medidas para apoyar e incentivar el retorno de los exiliados.
En lo referido a políticas de memoria, nuevamente deben considerarse los informes de las comisiones que han establecido una verdad detallada e incontestable -base de la memoria- que, unido a las luchas de las víctimas y sus familiares, han posibilitado, con o sin apoyo de los gobiernos, la creación de más de 200 memoriales en el país que recuerdan a las víctimas. A lo anterior se agrega como iniciativa de estado, la inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en 2010, iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet que ha seguido sosteniéndose sin verse afectado por los cambios de orientación de los gobiernos de turno.
En cuanto a las garantías de no repetición, aparte de la adhesión a diferentes tratados internacionales relativos a los derechos humanos, que incluyen la eliminación de la pena de muerte, la Convención contra la tortura y la adhesión al Estatuto de Roma, se levantó una institucionalidad destinada a su protección y fomento, que incluye el Instituto Nacional de los DDHH y la Subsecretaría de los DDHH en el Ministerio de Justicia y DDHH.
En relación con la justicia, Chile es hoy uno de los países con mayor experiencia en judicializar crímenes de lesa humanidad en tribunales locales, como lo demuestran las cerca de 450 sentencias dictadas entre 2002 y 2019. En tal sentido, jueces especiales, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones han jugado un rol decisivo al negar a partir de fines de la década de 1990 la aplicabilidad de la prescripción por crímenes contra los derechos humanos y la ley de (auto) amnistía decretada en 1978, y asumir las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos, dando particular tratamiento a las causas de casos de detenidos desaparecidos y casos de ejecutados políticos.
Al año 2019, con acuerdo al Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, había en el país 1.469 casos en investigación de los tribunales de justicia en contra de cerca de 900 agentes del sistema represivo de la dictadura. Entre 2010 y 2020 la Corte Suprema había completado 295 procesos, con 916 condenas, de las cuales 642 terminaron con penas privativas de libertad, afectando a 579 agentes del estado, entre ellos los principales cabecillas de la DINA y CNI, algunos de los cuales han muerto en prisión.
Todo lo anterior no es un informe pormenorizado ni mucho menos, pero claramente pone en duda la contradictoria afirmación sobre la impunidad con que muchas veces se busca desacreditar el período post dictatorial. Pocos países pueden exhibir un balance contundente en materia de justicia transicional. El Plan de Búsqueda anunciado por el presidente Boric es muy positivo y dará continuidad a un esfuerzo que nació en las primeras semanas del gobierno de Patricio Aylwin y aún antes, gracias a la labor de abogados y funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y jueces dignos y valientes que investigaron haciendo oídos sordos a las amenazas.
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