Marisol Peña y selección de Fiscal Nacional: “El criterio del Gobierno no es estrictamente jurídico, sino para la galería”

En entrevista con Ex-Ante, la directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD y ex Ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, es crítica frente a los criterios utilizados por el Gobierno para elegir al candidato óptimo para presidir la Fiscalía Nacional. Además enfatiza en la situación de Angel Valencia frente a los reparos del comité político por haber defendido a dos personas acusadas de delitos sexuales, donde menciona que los abogados deben tener la convicción de que todas las personas en el país tienen derecho a la justicia.

¿Qué le parece el énfasis que se le ha dado al candidato Angel Valencia por haber defendido a dos acusados por delitos sexuales? 

Primero en contexto, yo hice mi práctica profesional gratuita para el estado con menores, en ese momento entre 16 y 18 años, quienes estaban imputados de delito, entre ellos de violación, incendio, entre los más graves. Lo hice en la convicción de que toda persona merece justicia y de que mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, toda persona está amparada por un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. 

¿Y en el caso específico de Angel Valencia?

En consecuencia, aplicado al caso del candidato Valencia a Fiscal Nacional, me parece que él ha hecho lo que corresponde a que cualquier abogado haga, que sin distinción del delito, hacer todo lo posible por verificar su convicción a la inocencia y si llega a determinar la culpabilidad también es legítimo para un abogado obtener las penas más favorables, menos onerosas, que lo puedan favorecer. Sostener que un abogado debe ser condenado de por vida por haber asumido profesionalmente la defensa de una persona imputada, es decir a quien se le está atribuyendo rendir la comisión de un delito sexual, es no entender cuál es el alcance que tiene el derecho de acceso a justicia en cualquier parte del mundo.

¿Cuáles son los parámetros ideales que deben considerarse interpretando los requisitos constitucionales en torno al perfil de estos importantes cargos?

Yo pienso que este tipo de cargos no bastan con satisfacer los requisitos institucionales y legales, si no que deben obedecer a perfiles que atiendan las necesidades del país, que convenzan ampliamente de que se va a hacer cargo de los temas urgentes.

¿Cuales serían?

Me parece que una persona puede optar a desempeñarse como fiscal nacional si ha tenido acercamientos incluso a delitos que eventualmente puedan causar mayor horror. No solamente son los delitos sexuales sino también son los delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidio, delitos de incendio agravado, por ejemplo. A mi no me corresponde juzgar al gobierno en los parámetros que ha tenido en cuenta pero si quiero insistir que el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y teniendo presente la presunción de inocencia antes de que sea formalmente condenado, es un derecho fundamental que le asiste a cualquier persona.

¿Es correcto el criterio utilizado por el Gobierno para seleccionar a un Fiscal Nacional?

Yo creo que es un criterio que no es estrictamente jurídico sino que es un criterio para la galería. Jurídicamente hablando, cualquier persona que sea abogado o que haya tenido un conocimiento mínimo en derecho sabe que existen estos dos derechos fundamentales y que se le garantiza por igual a toda persona, el derecho a acceso a la justicia y el derecho a la presunción de inocencia, para eso existen los procesos judiciales para toda persona. Además lo dice nuestra constitución el día de hoy, toda persona tiene derecho a la defensa jurídica. Al punto que el estado ha instituido un órgano para la defensa de los imputados que es la Defensoría Penal Pública y hasta donde sé ni la ley, ni la constitución hacen exclusión de la posibilidad de defensa de una persona.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Ex-Ante (@exantecl)