El papel encomendado a la Comisión. El 19 de julio, por mandato de la sala de la Cámara, se constituyó la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia. El objetivo, según el acta de constitución, era: “Reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con el cumplimiento de las funciones de resguardo de la seguridad y el orden público interior; revisar la política de persecución y el uso de herramientas que la Constitución y las leyes entregan al Gobierno y particularmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, en el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo”.
Un duro diagnóstico. La presidenta de la Comisión, Joanna Pérez, confirmó que se convocó a la comisión para el lunes 19 y martes 20, a partir de las 08:30 horas, para realizar la revisión de las actas y la redacción del informe final. “Hemos hecho un trabajo muy profundo e integral, para llegar a las conclusiones que nos mandata la sala; creo que, históricamente, somos la comisión investigadora que más sesiones ha realizado. Ya cerrado el espacio de audiencias, agilizaremos el informe para que sea considerado en las decisiones del país en torno a la seguridad, que es nuestro principal objetivo”.
Críticas a las autoridades. Una de las decisiones que deben adoptar los miembros de la comisión es si en la redacción van a personalizar responsabilidades. Por ejemplo, hay una evaluación negativa de la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a quien se le atribuye un débil papel frente a los problemas internos que enfrenta Gendarmería respecto a su seguridad y por las amenazas que han recibido muchos de sus miembros por parte de grupos violentistas.
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