La diligencia fue preparada durante ocho meses y contó con el apoyo de 800 efectivos policiales de élite, algunos trasladados de otras zonas del país. Algunos de ellos sufrieron emboscadas y hubo balaceras durante buena parte de la jornada. Finalmente, dos civiles fueron pasados a control de identidad por tráfico de drogas y se encontraron mil plantas de marihuana, entre otras cosas. “Hay una organización criminal con alto poder de fuego”, indicó el director de la PDI.
Panorama general. Pasadas las 20.00 horas de ayer, el Ministerio Público, la PDI y el Gobierno entregaron un balance conjunto del mayor operativo policial que se realizó en La Araucanía a partir de la mañana, tras una orden de la Fiscalía por delitos de tenencia de drogas, armas y dos casos de homicidios.
PDI: “Hay una organización criminal con alto poder de fuego”. El director de la PDI, Héctor Espinosa, entregó posteriormente un duro mensaje.
Partió señalando que “hay una organización criminal con alto poder de fuego, pero esta policía jamás se va a amedrentar, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
“Aquí no hay fallas, reconozcan especialmente en el mundo político, que hay que condenar la violencia”.
Gobierno: “Para hacer cumplir la ley todos los días son buenos”. El operativo se llevó a cabo el mismo día en que se dio a conocer la condena a 7 efectivos del GOPE de Carabineros por el caso Catrillanca.
Publicaciones relacionadas
La periodista de TVN Marian Basso, que estuvo a cargo de cubrir La Moneda durante el gobierno anterior, acaba de publicar “Boric frente a frente” (Editorial Ariel, 216 páginas), una crónica bien investigada que vale la pena leer. Ahí están los capítulos más importantes del gobierno anterior y otros episodios, como las quejas “por la […]
El experto en crimen organizado, Pablo Zeballos, analiza el impacto de la anunciada muerte de “Niño Guerrero” y desmenuza los alcances de la Operación Tokio en Chile. “El riesgo no es solo la continuidad del fenómeno, sino su mutación hacia formas más desordenadas, agresivas y difíciles de anticipar”, advierte.
Además, un 67% está de acuerdo con que muchas personas dejaron de pagarlo porque esperaban que se cumpliera la promesa de condonación hecha por el expresidente Gabriel Boric.
La pregunta ya no es solamente si el Registro Único de Vándalos sobrevivirá al proceso legislativo. También es si quienes lo cuestionan tienen una respuesta convincente frente a una preocupación ciudadana cada vez más extendida, o si seguirán pagando el costo electoral de no tenerla.
En tanto, los ministros con peor evaluación son Ximena Rincón y Jorge Quiroz. Respecto a los recientes cobros por deuda del CAE, un 48% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado exija su pago, mientras que un 28% se manifiesta en desacuerdo. En cuanto a las condiciones de cobro, el embargo de […]