¿Y qué pasó con el lobby? Por María Jaraquemada

Abogada y Presidenta de la Comisión de Probidad

Los proyectos de ley ingresados el pasado viernes buscan dar respuesta a estas inquietudes y seguir las recomendaciones de la OCDE. Es de esperar que luego comience su discusión y análisis sobre si son suficientes para lograr los objetivos buscados o no. La baja confianza pública en nuestras instituciones políticas y la percepción ciudadana que en Chile gobiernan unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio, nos exige que estos mecanismos de prevención de corrupción y de transparencia cumplan con los más altos estándares.


El viernes de la semana pasada, previo a la tercera cuenta pública del Presidente Boric, ingresaron varios proyectos de ley a tramitación. Entre los que se refieren a materias de integridad y transparencia hay dos relevantes: uno que moderniza la ley de lobby, que este año cumple 10 años de vigencia, y uno que regula la puerta giratoria y otras materias en prevención de conflictos de interés. Curiosamente no hubo referencia alguna a ellos en sus anuncios, de hecho, en materia de integridad y transparencia fueron escuetos: anuncios para garantizar la penalización de la colusión y la estrategia nacional de integridad pública. Esta última sí contiene más de 200 medidas y, entre ellas, se encuentran las materias de estos proyectos de ley.

Probablemente aún permanece en la retina de la mayoría el error no forzado de la asistencia de varios Ministros y Ministras a comidas en casas de lobistas con grupos de interés al margen de la ley de lobby, que finalmente terminó en un registro tardío de algunas de éstas, un dictamen de la Contralora dándole la razón al Gobierno, pero dictando un instructivo con nuevas exigencias en la materia. A raíz de esto, muchas personas y analistas indicamos que la ley chilena era deficiente y que requería una importante actualización -algunos, incluso llegaron a indicar que la ley era inexistente o una farsa-.

Poco después, dos organismos internacionales, IDEA Internacional y la OCDE, evaluaron nuestra regulación y el registro de lobistas como uno de los mejores de entre las pocas leyes de este tipo en el mundo. Algo que contradecía la intuición nacional al respecto, que probablemente está muy asociada a la escasa confianza ciudadana en las principales instituciones políticas.

Recientemente y luego de un trabajo de aproximadamente un año, esta última institución internacional realizó recomendaciones concretas de cómo modernizar nuestra regulación en la materia, a la luz de los estándares internacionales en la materia. Dentro de sus propuestas, quiero destacar algunas: abarcar formas indirectas de influencia, gestionar adecuadamente el fenómeno de la puerta giratoria entre el sector público y privado y más y mejor fiscalización y sanciones.

Respecto las formas de influencia indirecta, la OCDE hace un reconocimiento que en pleno año 2024 muchas veces se intenta de influir a través de campañas orquestadas por redes sociales, medios de comunicación, plataformas digitales, etc. Se trata de formas bastante eficientes de hacer masivos ciertos mensajes con, no necesariamente, recursos tan altos.

Sin embargo, en muchas ocasiones ignoramos quiénes están detrás de estas campañas o las financian, pudiendo producirse importantes conflictos de intereses no declarados o, incluso, una elusión de las normativas de financiamiento de campañas políticas. De hecho la misma OCDE, en otro documento, cita un caso de prácticas de lobby engañosas, de empresas de petróleo o gas en contra de la ciencia -a pesar de tener estudios propios que confirmaban la evidencia- o a través de contribuciones a think tanks u organizaciones que cuestionaban la ciencia climática.

Otra forma que la OCDE identifica de influencia indirecta es la “financiación o creación de organizaciones no gubernamentales… fundaciones y organizaciones de base…laboratorios de ideas, institutos de políticas”, entre otros. Sin duda estas organizaciones cumplen una gran labor poniendo a disposición de tomadores de decisión -y la comunidad- estudios, propuestas, recomendaciones, sobre materias complejas.

Pero, como indica la OCDE, al tener vocación de influencia en las políticas públicas, la transparencia de quiénes son y quiénes están detrás de ellas, es clave para que no ocurra lo mismo que en el caso anterior. Se ha visto en otros países como incluso se ha utilizado este mecanismo para atacar a la competencia o hacer pasar informes de partes interesadas como “neutros” o sin sesgos.

Por otra parte, la OCDE también apunta al fenómeno de “puertas giratorias” como una forma de incluir en los procesos de formulación de políticas o tener acceso preferencial. Algo que, como indica, Chile está bastante al debe. Contamos con una norma genérica que prácticamente no se aplica y con una excepcionalidad en el caso de la Comisión de Mercado Financiero. No han sido pocos los casos y críticas cuando el regulador pasa a ser regulado y viceversa. Algo que también puede perjudicar la libre competencia o a la interdicción del uso de información privilegiada.

Pero, finalmente, todo lo anterior puede quedar solo como buenas intenciones y en el papel, sino existe una institucionalidad con la capacidad -normativa y de recursos- para fiscalizar su cumplimiento y sancionar su infracción. Labores que puede cumplir Contraloría u otras entidades autónomas. Sin embargo, debemos buscar que esto también aplique en el Congreso, vacío que hasta ahora no se ha resuelto.

Los proyectos de ley ingresados el viernes buscan dar respuesta a estas inquietudes y seguir las recomendaciones de la OCDE. Es de esperar que luego comience su discusión y análisis sobre si son suficientes para lograr los objetivos buscados o no. La baja confianza pública en nuestras instituciones políticas (1% en el Congreso según Encuesta Bicententario, 2023) y la percepción ciudadana (83%) que en Chile gobiernan unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio (Latinobarómetro, 2023), nos exige que estos mecanismos de prevención de corrupción y de transparencia cumplan con los más altos estándares.

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