La CAM, la única organización armadas que según su líder no está involucrada con el narcotráfico y el robo de madera, recibe el nuevo ciclo reivindicando “la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha”, dejando muy en claro que, como de hecho está ocurriendo, la situación en la Araucanía irá de mal en peor.
El principal desafío de Apruebo Dignidad será convertir la victoria electoral en un modelo de gobernabilidad de mediano y largo plazo, y si bien deberá enfrentar retos muy complejos para avanzar en esa dirección en las áreas económica y sociales, ninguno es tan explícito como el desafío que le lanzan las organizaciones armadas, ya que en la conservación y fortalecimiento del estado de derecho se juega esa gobernabilidad y su propia legitimidad.
Entre las peores consecuencias de la ruptura del pacto social post dictadura, está la pérdida de legitimidad de la fuerza pública para imponer la ley e incluso para poseer el monopolio de las armas. Recuperarla es una tarea compartida del gobierno, encargado de resguardar el orden público y el respeto a la ley, y la Convención Constitucional, encargada de proponer a Chile un nuevo pacto social, una nueva manera de entendernos, de repartir el poder, de reconocernos mutuamente, de vivir juntos pacíficamente.
Las vocerías del nuevo gobierno han insistido en que el camino de solución es el diálogo sin exclusiones, es decir, sentando en la mesa también a los grupos que ejercen la violencia. Es probable que hace una década ese diálogo habría sido no solo posible, sino sumamente provechoso para evitar la escalada violencia actual.
Sin embargo, parece claro que hoy las organizaciones armadas buscarán hacer fracasar los esfuerzos de diálogo, de hecho han invalidado incluso a los representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional y no han sido nada favorables a la instalación del gobierno de Apruebo Dignidad. Reivindican la violencia política y amenazan con ejercerla cualquiera sea el gobierno.
Una dura prueba para el presidente electo y su equipo. Los gobiernos anteriores han ido de fracaso en fracaso, la radicalización y florecimiento de nuevos grupos armados, así como su cada día más incendiaria actividad y su vinculación con el crimen organizado, ha sido el resultado de sus políticas.
Un nuevo gobierno, que deberá demostrar a la CAM y sus émulos que no es solo “buena onda” y una Convención Constituyente con clara participación incidente de representantes del pueblo mapuche, tienen en sus manos la posibilidad de aislar a los grupos armados ofreciendo alternativas que den respuesta a las históricas y justas demandas de los primeros pueblos.
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