“La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Así de drástico es el primer párrafo de la declaración emitida el 30 de julio por el Centro Carter, que fue invitado por el propio Consejo Nacional Electoral venezolano para observar la elección presidencial, para lo cual firmó un memorando de entendimiento y desplegó 17 expertos y observadores. Este Centro ha participado en más de 120 elecciones como observador internacional, es decir, tiene experiencia al respecto.
Luego de enumerar una serie de deficiencias, esta organización concluye que, a pesar que la ciudadanía se movilizó de modo masivo y pacífico para participar de este proceso, “Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados”, razón por la cual, “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados”.
Lo ocurrido en Venezuela a partir del domingo ha generado un gran impacto mundial, habiendo países que han rápidamente reconocido los resultados oficiales (Rusia, Irán, China), pero muchos más no los reconocen y/o piden que se transparenten los resultados para poder hacerlo. Y es que el caso de este país sudamericano nos hace volver a lo básico sobre cuándo y cómo podemos realmente considerar que una elección cumple con sus elementos mínimos y no se trata de una ficción o simulación para aparentar democracia.
De este modo, hoy se promueve no solo que se realicen los procesos electorales sino que estos cumplan con un mínimo: que se respete el derecho al sufragio universal y la igualdad política; que éstas estén supervisadas y calificadas por una entidad profesional e imparcial de los poderes políticos; que tengan elementos de transparencia a lo largo de todo el ciclo electoral; y que sus resultados puedan ser impugnados -ante tribunales electorales o comunes- que también sean imparciales.
El proceso venezolano, lamentablemente, tuvo fallas en todos estos aspectos: hubo muchas trabas para ejercer el voto de quienes tenían derecho a ello en el extranjero, los organismos electorales y judiciales no gozan de la imparcialidad necesaria, pero, además, ha contado con cero transparencia sobre cómo se llegó a su calificación y resultados. El gobierno y el CNE han alegado un hackeo masivo y han sido incapaces de dar pruebas al pueblo venezolano y la comunidad internacional sobre las actas con las votaciones por local, un mínimo de transparencia y rendición de cuentas.
La oposición, en cambio, con muchos menos recursos oficiales para hacerlo, ha puesto a disposición información que contradice de manera bastante más fehaciente los resultados oficiales.
Todo esto no solo debe habernos dudar del proceso electoral en cuestión. Sino que, a democracias siempre desafiadas, nos debe hacer valorar y fortalecer algo que parece tan básico, como procesos electorales confiables, libres y transparentes.
En Chile tenemos un sistema que es simple y funciona bien: voto con lápiz y papel; organizado por un Servicio Electoral que es considerado competente e imparcial; con la participación de vocales de mesa y apoderados que supervigilan el proceso y le dan garantías de transparencia: quien quiera puede ir a presenciar cómo se abren los votos y se cuentan, esto se transmite por los medios de comunicación y luego se sube rápidamente la información a la plataforma del Servicio Electoral, pudiendo realizarse trazabilidad de éste en cualquier etapa; y un Tribunal Calificador de Elecciones que resuelve posibles contiendas y califica las elecciones de modo imparcial.
De este modo, la transparencia se vuelve en una pieza clave para la integridad electoral: nos da garantías de imparcialidad y confianza en un elemento básico y esencial para una democracia. Si bien éstas no se agotan solo en lo electoral -como se ha dicho repetidamente respecto de gobiernos que llegan a través de las urnas pero luego no respetan la separación de poderes o se exceden en sus atribuciones-, es el mínimo con el que podemos contar para hablar realmente de un “gobierno del pueblo”.
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