La salud tiene un valor intrínseco el cual es reconocido y aceptado de forma transversal por países y organizaciones, sin embargo, también posee un valor instrumental sumamente relevante. El poseer niveles adecuados de salud habilita a las personas para funcionar en todas las dimensiones de la vida: en lo social, laboral, familiar y les permite desarrollarse de forma integral en aquellas áreas que les sean relevantes. Ello, que ocurre en el nivel individual se reproduce en el nivel poblacional: las comunidades pueden progresar en la medida en que sus miembros lo hacen, y de esa forma desarrollarse en términos económicos y sociales.
En las últimas décadas, y en paralelo a la disminución de las enfermedades infectocontagiosas las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) se han posicionado como las principales contribuyentes a la carga de enfermedad. Dentro de ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, oncológicas y los trastornos de salud mental, neurológicos y por consumo de sustancias. En conjunto las ENT son responsables del 77% de todas las muertes y del 72% de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en la región. En Chile, estas cifras son incluso más alarmantes: representan el 86% de las muertes y el 82% de los AVAD.
Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles aquellas relacionadas a la salud mental cobran una importancia particular. Si bien la salud mental es parte integral de la salud, no es infrecuente que ella sea mirada como menos relevante que otras alteraciones a la salud, incluso dentro de los sistemas de salud. Históricamente lo que el sector salud invierte en salud mental es mucho menos que lo que ella representa en términos de carga de enfermedad.
La salud mental se define de forma amplia como mucho más que la mera ausencia de enfermedades mentales, incorpora tanto el concepto bienestar como la capacidad de las personas de afrontar las dificultades de la vida, ser productivos, desarrollarse y aportar al desarrollo de sus comunidades. En los últimos años, la salud mental se ha posicionado en la agenda pública como un tema relevante para las personas, de la mano de una mayor apertura para su discusión y de una valorización creciente de su importancia.
El reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina Regional de la OMS para las Américas no sólo alerta sobre una crisis de salud mental que costará billones de dólares en los próximos años, sino que confirma lo que diversos profesionales y académicos han venido señalando hace más de una década: la salud mental como uno de los mayores desafíos del siglo XXI, tanto en términos sanitarios como económicos y sociales.
Las proyecciones del informe estiman que las ENT y los problemas de salud mental ocasionarán una pérdida de 7,3 billones de dólares en el PIB regional entre 2020 y 2050, lo que equivale al 4% del PIB total sudamericano para ese período. Esto refleja el enorme peso económico de estas enfermedades sobre la productividad, el gasto en salud y el crecimiento económico de nuestros países.
El aumento de los trastornos de salud mental, especialmente depresión, ansiedad y consumo problemático de sustancias, responde a múltiples factores sociales, económicos y ambientales. A menudo hablamos de “epidemia de salud mental”, como si fuera un brote espontáneo, sin embargo, es una vulnerabilidad que se ha ido asentando con el tiempo. La pandemia de COVID-19 también vino a intensificar un proceso que ya se encontraba en curso, con aislamiento, miedo, incertidumbre y colapso de los sistemas de salud.
Pero ese proceso en su origen es fuertemente influenciado por cambios profundos en el estilo de vida de las personas: el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la mala alimentación tienen un rol relevante. Al igual que cambios sociales que inciden en una menor densidad del tejido social, con menor sentido de comunidad y mayor soledad y aislamiento, y cambios tecnológicos que han demandado una necesidad inmensa de adaptación de las personas.
Si queremos prevenir la “tormenta perfecta” que advierte la OPS, necesitamos reformas estructurales.
Urge que la salud mental sea abordada desde el desarrollo de políticas públicas que incorporen acciones preventivas y promocionales intersectoriales, que permitan a las personas mejorar su calidad de vida y bienestar a través de la mejora de sus condiciones laborales, de transporte, de acceso a áreas verdes, a cultura, a transporte de calidad, a apoyo social en particular en situaciones en que se requieren cuidados. Pero también es imperativo ampliar y facilitar el acceso a tratamientos de salud mental, ampliando la oferta de servicios y fortaleciendo en cantidad a los profesionales que trabajan en esta área y en calidad, fortaleciendo las competencias de ellos.
Para aumentar la oferta de servicios, es imprescindible fortalecer el rol de la atención primaria. Allí se concentran las mayores oportunidades de prevención, detección temprana y tratamiento. Sin embargo, los equipos de salud siguen teniendo escasa formación específica en salud mental, trabajan con altos niveles de sobrecarga y sin el apoyo suficiente de especialistas. Esto requiere alianzas estratégicas entre ministerios, universidades y centros de atención para diseñar programas de formación continua, supervisión y redes colaborativas.
El acceso a tratamientos sigue siendo una deuda estructural, y para ello es necesario aumentar la inversión en salud mental. La mayoría de los países de la región no supera el 2% del presupuesto sanitario destinado a salud mental, lo que se traduce en largas listas de espera, inequidad territorial, desprotección de poblaciones vulnerables y una creciente privatización de los cuidados.
Por otro lado, es necesario cambiar la forma en que comprendemos la salud mental. Debemos dejar de verla como una fragilidad, reconocerla como un componente fundamental del bienestar colectivo y promover entornos escolares seguros, condiciones laborales saludables, comunidades empáticas y un discurso público libre de estigmas hacia quienes enfrentan trastornos mentales.
En muchos países existen experiencias exitosas de intervención comunitaria, programas escolares de prevención, dispositivos móviles de atención y redes de apoyo entre pares. Pero estas experiencias, siguen siendo marginales y frágiles si no se traducen en políticas de Estado robustas, sostenibles y con financiamiento adecuado.
El informe de la OPS no hace más que confirmar una realidad que ya no podemos seguir postergando. Estamos ante una tormenta anunciada. Sabemos sus causas, sus consecuencias y también sus posibles soluciones. La pregunta ya no es si podemos hacer algo, sino si estamos dispuestos a hacerlo. Y esa es una decisión que debe tomarse hoy, con responsabilidad, visión y compromiso político.
Estado de Emergencia en la Macrozona Sur: efectividad y desafíos estratégicos. Por Pablo Urquízar.
https://t.co/L6sS7FhnMt— Ex-Ante (@exantecl) July 19, 2025
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