Mayo 17, 2022

Un corredor económico aun más “estrecho”. Por Juan José Obach

Director ejecutivo de Horizontal

Para que la libertad florezca en las sociedades modernas se necesita de un Estado competente y de una sociedad fuerte a la vez. Por un lado, el Estado debe asegurar las condiciones para que las personas puedan desplegar libremente sus proyectos de vida. Por otro lado, se necesita una sociedad civil vigorosa para controlar al Estado y hacer valer sus derechos. Es un equilibrio de fuerzas difícil de lograr y solo unos cuantos países han logrado transitar por este “corredor estrecho”, como lo llaman Acemoglu y Robinson en su último libro.


Desde este sábado ya tenemos un borrador final de propuesta de nueva Constitución. Si pensamos en términos del “corredor estrecho”, las normas que regulan aspectos económicos deberían equilibrar el rol del Estado en definir las reglas del juego y proteger ciertos elementos (ejemplo: medio ambiente) con el derecho de la sociedad civil a emprender libremente para que ésta sea la principal protagonista de la actividad económica y de la inversión en el país. Lamentablemente, el texto propuesto genera más incertidumbre que certezas y amenaza con socavar las libertades económicas alcanzadas a la fecha, producto de una propuesta de Estado con excesivos poderes y espacios de discrecionalidad.

Si bien la propuesta consagra el derecho de propiedad, el régimen de expropiaciones genera excesivas incertidumbres. Primero, se faculta a la ley -definida por mayoría simple por el nuevo Congreso- para que defina bienes que se declaren inapropiables. Segundo, en el régimen de expropiaciones se reemplaza el concepto de “daño patrimonial efectivamente causado” por el difuso concepto de “justo precio” y no se establece la modalidad de pago. ¿Se imagina que le paguen un bien expropiado con un pagaré del Estado a 10 años?

Segundo, el borrador final establece que “La restitución (de tierras, territorios y recursos indígenas) constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública y de interés general”. Esta norma no solo pone un excesivo foco en la restitución de tierras como solución al conflicto indígena, sino que abre una serie de incertezas jurídicas sobre cómo definir el catastro oficial de tierras y cuáles son los recursos indígenas en disputa, entre otros. Difícil que la inversión no se resienta en aquellas zonas con mayor presencia indígena.

Tercero, en materia de aguas (y bienes comunes naturales, en general) desaparecen los derechos y se reemplazan por permisos administrativos, los que se declaran “inapropiables”. Al ser bienes inapropiables, los permisos otorgados no servirán para celebrar ningún acto jurídico; por ejemplo, servir como garantía para crédito. Con todo, con esta disposición, los más afectados serán los pequeños y medianos actores, y no las grandes empresas, que tendrán las espaldas suficientes para afrontar una pérdida de activos de estas características.

Cuarto, con respecto a derechos laborales se establece el derecho a “la negociación ramal, sectorial y territorial”, abriendo una serie de interrogantes sobre el alcance de estas negociaciones. ¿Serán sobre mínimos o máximos? ¿Cómo se compatibilizarán las distintas realidades de las empresas según tamaño o sector? Una vez más, no es difícil prever que serán las pymes las más golpeadas por una norma como ésta.

Por último, se consagra de manera excesiva el rol de Estado Empresario. Postulados como “El Estado regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas” o “El Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica” no consagran ningún límite a la acción de Estado en materia económica, ni menos justifican su intervención. Junto con esto, se entrega la facultad explícita a regiones y comunas autónomas para crear empresas públicas. La compleja economía política que enfrentan este tipo de empresas -junto con su poco control en el gasto y captura política- levantan serias dudas sobre su capacidad de entregar un mejor bien o servicio a un menor precio que los privados. Y nada asegura que entren a competir en igualdad de condiciones, afectando una vez más a los pequeños y medianos actores.

Así, la serie de disposiciones constitucionales económicas del texto final apuntan a un Estado con un rol mucho más activo en la actividad económica del país, con más poder y discreción en sus decisiones.

En contraste, el impulso privado de millones de empresas se verá amenazado, afectando su confianza, libertad y desincentivando últimamente la inversión, el desarrollo económico y la capacidad de generación de empleos.

En definitiva, con esta propuesta de Carta Magna el estrecho corredor de la libertad se hará aun más estrecho, alejándonos definitivamente de la ruta del progreso.

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