Trasfondo: Un Gobierno atrapado entre la calificación de violencia rural o terrorismo en la zona Macro Sur
Pablo Basadre y Héctor Basoalto
Imagen de Archivo, ataque incendiario en la Araucanía durante el mes de agosto de 2020. Créditos: Agencia Uno.
En los primeros meses del año, según las policías, se han registrado al menos 36 atentados incendiarios. La violencia no solo ha aumentado cada vez que hay un fallo, se revisa una cautelar de un detenido o se produce una huelga de hambre. De acuerdo a las fuentes consultadas, la violencia escalará y su peak será en abril, cuando se produzca la votación de la Convención Constituyente.
Panorama general:
Para ejemplificar lo que ha ocurrido en la zona Macro Sur, quienes han seguido de cerca el conflicto creen que lo que ha pasado allí desde 1990 a la fecha con los grupos que operan en la zona, se asemeja a lo que aconteció con los grandes carteles de droga en Calí y Medellín, Colombia: cuando se desarticularon esas mega organizaciones, hubo una atomización que hizo más difícil controlar las distintas organizaciones pequeñas.
Sin drogas de por medio, en el sur de Chile también se ha vivido esa atomización.
Los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, una de las primeras organizaciones que optaron por los sabotajes a forestales y camiones, presenció cómo las reglas y exigencias de uno de sus líderes, Héctor Llaitul, produjo escisiones que formarían otras agrupaciones en la zona, muy distintas a la CAM: Weichan Auka Mapu (WAM), que reivindican la quema de templos y el resto de los grupos que operan en la Macro Zona.
Además de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT), que son creación de la Coordinadora, pero que no todos responden necesariamente a lo que representa la CAM o cuentan con un compromiso ideológico claro. “No hay nadie ahora que ordene la cuadra, como se dice”, comenta una fuente oficial.
A diferencia de Colombia, no se puede hablar acá de crimen, organización militar o de insurgencia propiamente tal -protoinsurgencia, creen algunos-, pero sí hay coincidencia en que varias de esas organizaciones que operan en la zona, manejan la ruralidad como pocos, sobre todo, cuando las zonas son lugares liberados donde no opera el Estado de Derecho.
No hablamos de Temucuicui, que es una zona más sonora en términos comunicacionales.
Con el tiempo, Arauco se ha convertido en uno de los lugares más inescrutables para los policías, con caminos sinuosos que son difíciles de recorrer y muy fáciles de bloquear con árboles o troncos.
Por ejemplo, el territorio que comprende la Franja Lafkenche: desde Cañete hasta Tirúa, con ríos como el Lleu Lleu y el lago Lanalhue y lugares como Contulmo, Purén y la caleta de Quidico, son lugares completamente liberados.
En esa zona, específicamente en la comunidad de San Ramón, vive el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.
El fallido Estado de Excepción:
Los puntos de protección a lo largo de los 70 kilómetros, prácticamente no cumplen con un control efectivo. “A veces en esos puntos hay un solo carabinero, llega un grupo armado y encienden camiones y ese uniformado no puede hacer nada. Hasta un rondín tiene más facultades”, explica un investigador.
En las imágenes difundidas en las últimas horas donde se exhiben camiones ardiendo, las voces se quejan por la tardanza de carabineros o bomberos. El problema es que para llegar al lugar se debe sortear una serie de barricadas que no permiten el libre tránsito, pese a que el próximo 18 de marzo se cumple un año desde que el gobierno decretó el Estado de Excepción por la pandemia.
Dilema del Gobierno:
Por lo mismo, aunque se presenten querellas invocando la ley antiterrorista, lo que es necesario para las policías es una decisión política. No administrativa ni judicial, señalan quienes conocen de cerca el proceso.
El problema no solo se presenta por dichas zonas liberadas sino que cómo el gobierno puede entenderse y gestionar la crisis. “Te enfrentas a personas que niegan el Estado de Derecho, dicen que no existe. Pero sí lo utilizan y mucho. Basta revisar todos los recursos que interponen en la justicia”.
La decisión finalmente, comentan, es saber si el gobierno tendrá piso para declarar que ahí existe terrorismo y que es un problema político y no de violencia rural. Es ahí donde está el dilema, indican expertos en la materia.
Hoy las policías no aparecen preparadas para actuar en la zona. La PDI no tiene vehículos blindados, excepto los que tienen los Equipos de Reacción Táctica (ERTA). La vulnerabilidad con la que se trabaja también alcanza a carabineros, que cuenta con vehículos blindados, pero nunca están todos al ciento por ciento. “Ni hablar de tener el entrenamiento adecuado para ingresar”, comentan un policía.
De hecho, se ha discutido la posibilidad de ingresar nuevamente a Temucuicui y cumplir con los mandatos judiciales. Pero quienes deben hacerlo saben que ahora no encontrarán nada, ni siquiera resistencia.
Ataques incendiarios:
En lo que va del año, de acuerdo a cifras de las policías, van 36 ataques incendiarios en el sur. De forma paralela, se han incrementado los hechos de violencia en la Región del Biobío, como lo ocurrido en las últimas horas, donde se produjeron atentados entre Cañete y Contulmo.
A modo de ejemplo: una de las instituciones más afectada es Carabineros. La subcomisaría de Ercilla ha recibido “cuetazos” como los llaman los policías en 14 oportunidades. Todo eso con Estado de Excepción.
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