Estos días estamos viendo cómo se inicia el proceso de reconstrucción de escuelas, centros de salud, iglesias y casas de las miles de personas afectadas por los mega incendios ocurridos en el verano en el sur de nuestro país. Un gran desafío para el Estado chileno es coordinar las múltiples iniciativas públicas y privadas para que esa ayuda y reconstrucción llegue pronto y de modo adecuado. Desafío no menor, dado que este tipo de situaciones es campo fértil para los abusos y la corrupción. Esto se ha visto en Chile previamente y en otros diversos lugares del mundo.
En la emergencia del Ébola hubo informes de prácticas corruptas, como el desvío generalizado de fondos y suministros médicos, declaración falsa de salarios y de bienes, pequeños sobornos para eludir las medidas de contención, como los controles de carretera y zonas en cuarentena, así como procesos de adquisición deficientes y opacos.
Durante la respuesta al ciclón Idai de 2019 en Zimbabue, se informó de que las mujeres estaban expuestas a la sextorsión al verse obligadas a realizar transacciones sexuales a cambio de bienes y servicios. Tras la catástrofe del tsunami de 2004, un informe conjunto de donantes en Indonesia y Sri Lanka reveló que un número significativo de respuestas (21%) percibían que la distribución de bienes y servicios humanitarios era injusta y un 6% en Indonesia y un 8% en Sri Lanka, favoritismo en ésta.
La pandemia del Covid-19 también relevó estos riesgos con casos de corrupción en los más variados países, incluyendo algunos desarrollados y con baja percepción de la corrupción. Presidentes y autoridades saltándose la fila para vacunarse, infringiendo las prohibiciones impuestas al resto de la ciudadanía como cuarentenas y distancia social, sobreprecios en ventiladores, contrataciones hechas a dedo a parientes o cercanos, son solo algunos ejemplos de los más variados casos de corrupción y abuso de poder que se investigan en todo el mundo.
Así, un nuevo flujo relevante de recursos para hacer frente a la emergencia en un corto período de tiempo y el relajamiento de ciertos controles o reducción de plazos, genera ciertos riesgos para la corrupción. Entre dichos riesgos, se encuentran el desvío de la ayuda en dinero o especies, la venta de ayuda, la duplicidad de acciones, la desatención a un segmento de la población damnificada, la canalización discrecional de los fondos o el posible uso político de los mismos, la posibilidad de sobrecostos, que la reconstrucción no se acompañe de un sustento técnico que evite vulnerabilidades en el futuro de las nuevas edificaciones o el cobro de comisiones para asignar contrataciones de servicio, entre otros.
Además de las redes de clientelismo que conducen a la asignación injusta de materiales de ayuda a grupos particulares, los grupos de crimen organizado llevan mucho tiempo aprovechando las emergencias humanitarias para reforzar su control sobre las comunidades locales. Así, ahí donde el Estado es más lento para llegar -porque por mucha premura, hay cierta burocracia y procedimientos que cumplir- es una tremenda oportunidad para que redes criminales den las soluciones urgentes que se requieren.
Para evitar lo anterior requerimos un esfuerzo extraordinario de transparencia y rendición de cuentas, que no implique, en ningún caso un obstáculo a la rapidez, urgencia, eficiencia y eficacia necesaria en la respuesta. Tomando el aprendizaje de crisis anteriores, particularmente del COVID, hay ciertos nudos críticos en los cuales es clave contar con altos estándares. Lo primero es enviar por parte de las autoridades un claro y contundente mensaje de cero tolerancia a la corrupción en la emergencia y la reconstrucción, dando señales de transparencia desde la más alta autoridad y, en caso de detectarse alguna irregularidad, iniciar rápidamente las investigaciones y aplicar las más altas sanciones posibles.
Así mismo, es necesario contar con pautas o códigos de conducta y políticas de prevención de conflictos de interés, como vimos con el COVID, este es un área de riesgo, particularmente en la contratación pública, donde se suele utilizar con mayor recurrencia los tratos directos para atender rápidamente la crisis. Por eso, estos procedimientos, a pesar de su excepcionalidad, deben contar con estándares que garanticen que las contrataciones sean íntegras y transparentes. Por otra parte, es clave contar con mecanismos de denuncia de irregularidades y que éstos otorguen protección a denunciantes e idealmente sean anónimos para prevenir posibles represalias.
Sin duda en esta labor no es solo el Estado quien participa, sino también el sector privado, a través de donaciones y del trabajo de la sociedad civil. Para esto, es clave que la colaboración sea transparente y coordinada y que considere la participación de las comunidades afectadas en la toma de decisiones y en la reconstrucción.
Para que esto último sea real, es imprescindible poner a disposición información precisa y oportuna sobre estos planes y su ejecución, para generar confianza y facilitar una coordinación eficaz. Asimismo, es importante que las organizaciones privadas también actúen con la mayor transparencia posible sobre el origen y destino de sus recursos, con cuentas públicas periódicas. Es clave poder seguir el dinero desde el inicio hasta el final.
Todo esto es esencial en orden a que la ayuda llegue ahí donde se necesita, sin consideraciones políticas o de otro índole de por medio. Para esto, la transparencia es una gran herramienta de gestión y de legitimación y generación de confianzas.
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