-Este jueves el INE entregó los datos de empleo y has sostenido que no debemos naturalizar una tasa de desempleo sobre el 8%. ¿Qué políticas públicas crees son esenciales para reducirla?
-Tenemos una tasa de desempleo de 8,7% y llevamos casi 2 años con una tasa de 8% o más. Entre enero de 2010 y febrero de 2020, la tasa de desempleo promedio fue de 6,9%. Faltan 278 mil empleos por recuperar. Luego, me parece que en 2 años se debería al menos haber intentado medidas pro empleo, como incentivos a la contratación y no al revés. Ahora, no hay mejor política generadora de empleo que el crecimiento económico y no se vislumbra un escenario favorable en el corto y mediano plazo.
-La orientación de la legislación laboral está aumentando los costos de contratación. ¿Qué efectos has observado en la creación de empleo formal debido a la ley de 40 horas y otros cambios normativos recientes?
-Es innegable que algunas medidas han encarecido la contratación de mano de obra. La identificación “causal” de los efectos de cada medida en el empleo es difícil de calcular porque ocurren simultáneamente y hay otros cambios ocurriendo también, como la gratuidad de la educación superior, PGU, entre otros. Sin embargo, es evidente que cuando un insumo productivo se encarece las empresas pueden sustituir parcialmente dicho insumo por otro, como el capital. Eso tiene un efecto en el empleo en el mediano y largo plazo.
-¿Un crecimiento económico entre el 2% y 2,5% es suficiente para una economía que genere el empleo que se requiere? ¿Qué medidas crees que son necesarias para impulsar un crecimiento económico que genere empleos de calidad?
-Con un crecimiento del 2% es difícil que generemos los empleos para recuperar la tasa que había antes de la pandemia. Es muy importante aumentar la inversión para volver a crecer y generar empleo de calidad. Debemos destrabar la burocracia en la tramitación y desarrollo de nuevos proyectos. Seguimos enredados con la permisología y la judicialización. Una sola persona puede detener un proyecto de Data Center de millones de dólares con argumentos espurios.
-¿Por qué crees que el aumento del salario mínimo y la PGU están afectando la participación en el mercado laboral, en jóvenes y adultos mayores?
-Es simple. El salario mínimo afecta a trabajadores menos calificados y muchos trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años tienen poca calificación y experiencia laboral. Hoy el desempleo juvenil está en 21,4%, pero para las mujeres (en este segmento) alcanza el 23,4%. Es una tasa muy elevada y no se arregla por decreto, como intenta hacerlo el proyecto de ley que quiere establecer cuotas para emplear trabajadores jóvenes.
Por otro lado, la PGU significó un ingreso no-laboral para muchas personas con 65 años o más que antes no tenían. Un resultado de los modelos de oferta de trabajo es que un aumento en el ingreso no-laboral desincentiva la participación laboral y es lo que está ocurriendo con las personas de 65 o más años.
-¿Crees que estos cambios están teniendo un impacto más amplio en la estructura del mercado laboral chileno?
-Es posible. La PGU cambió los incentivos laborales para aquellos que tienen 65 años y más. Tampoco ayuda a reducir la informalidad laboral por cuanto, sin haber cotizado ni un mes, el 90% de la población tiene acceso a una pensión. En el caso de los jóvenes, la gratuidad en la educación superior puede explicar en parte la caída en el empleo juvenil.
-¿Cómo deberían adaptarse las políticas laborales para mitigar estos efectos negativos?
-Primero, tenemos que volver a crecer a tasas más altas, ponernos una meta de al menos 4% y que realmente se reduzcan las trabas a la inversión. Para eso es importante avanzar con urgencia también en la agenda de seguridad. El impuesto del crimen organizado y la delincuencia está siendo muy grande para la ciudadanía en general y también para las empresas. Creo que las autoridades deben abandonar la mirada contenciosa de las relaciones laborales que pareciera estar orientando la legislación laboral e impulsar medidas pro empleo.
-La negociación ramal es un tema que está generando mucho debate. ¿Cómo crees que la negociación ramal podría afectar la creación de empleo?
– La negociación ramal puede presionar los salarios al alza en algunos sectores y con eso un aumento del costo de contratación. Un aumento en los costos de contratación no contribuye a la creación de empleo a menos que vaya acompañado de aumentos en productividad y eso es algo que no vemos hace años.
–La tasa de ocupación actual aún no alcanza los niveles que tendríamos sin pandemia. ¿Cuáles son los principales obstáculos que están impidiendo una recuperación del mercado laboral?
-El obstáculo más importante es la falta de crecimiento. En ello influye la falta de inversión, las trabas de la permisología, y la crisis de seguridad. La naturalización de una tasa de desempleo sobre 8% y la mirada contenciosa de las relaciones laborales tampoco ayuda. Lamentablemente no se se ve un sentido de urgencia para implementar políticas de mercado laboral, activas y pasivas, y ayudar así a la recuperación del empleo.
-¿Es posible que niveles de empleo no se alcancen debido a cambios estructurales más profundos?
-Creo que es posible que la recuperación de la tasa de ocupación se logre pero demore más en llegar, quizás en 2026. Ahora, también veo plausible la hipótesis del cambio estructural sobre todo para trabajadores entre 18 y 24 años y los de 65 o más años. Así, la recuperación de la tasa de ocupación tendrá que venir por las personas entre los 25 y 64 años y algo de eso se observa al menos para el tramo 25-54 años.
-¿Crees que decir que estamos en una emergencia laboral es un eslogan de los técnicos como señaló la ministra Jara?
-La situación del mercado laboral es muy compleja y requiere atención urgente de las autoridades. Prefiero ser cuidadoso con los adjetivos porque a veces causan el efecto contrario de lo se busca. Como dijo Huidobro: el adjetivo cuando no da vida, mata…
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La inversión sigue siendo el talón de Aquiles de la economía chilena
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