Mayo 31, 2024

Tohá admite que no hay control sobre el paradero de 28 mil migrantes con orden de expulsión (y el contraste con el discurso de Vallejo)

Alexandra Chechilnitzky
Créditos: Agencia Uno.

“Hemos logrado estabilizar el país con buena gestión y voluntad política”, indicó este jueves la ministra Camila Vallejo, en lo que se prevé como una de las ideas fuerza de la Cuenta Pública que realizará el Presidente Boric este sábado. Este relato contrasta con lo que ocurre en materia migratoria, una de las más sensibles para la ciudadanía en los estudios de opinión, donde Tohá indicó que de los 28 mil migrantes con órdenes de expulsión administrativa —que son de resorte del gobierno— “no tenemos ningún control de donde están, no sabemos nada de ellos”.


Qué observar. Con miras a la Cuenta Pública del Presidente Boric de este sábado, la ministra Camila Vallejo escribió este jueves en sus redes sociales lo siguiente: “Cuando llegamos al Gobierno, había mucho abandono por parte del Estado en diversas materias. Hemos logrado estabilizar el país con buena gestión y voluntad política, donde el Estado ha estado presente, como la Estrategia Nacional del Litio, el Plan Calles sin Violencia, el Plan de Emergencia Habitacional, el fast-track económico y legislativo, y un largo etcétera. Un Estado presente es más seguridad, mejor acceso a la salud, mejores viviendas y, por sobre todo, mejor calidad de vida para todas y todos”.

  • Todo apunta a que el haber estabilizado el país será la idea eje del discurso de Boric. De ahí que la publicación de Vallejo contrastó con las cifras entregadas esta misma jornada por la ministra Carolina Tohá en materia migratoria, una de las más sensibles para la ciudadanía en todos los estudios de opinión.

Las cifras. Tohá llegó este jueves a la Comisión Especial Investigadora del Crimen Organizado. En la instancia también participó el director de la PDI Eduardo Cerna y el director del Servicio Nacional de Migraciones Luis Eduardo Thayer.

  • Tohá planteó que “hay 28 mil personas en Chile que están con orden de expulsión, algunos de ellos hace 8 años, y están circulando por el territorio nacional. Mientras no se ejecute esa expulsión no tenemos ningún control de donde están, no sabemos nada de ellos”.

Thayer y expulsiones judiciales sin ejecutar: “Tendría que meterme a la página del Poder Judicial”. Según fue consultado luego el director del Servicio Nacional de Migraciones, esas 28 mil ordenes corresponden a “expulsiones administrativas en su totalidad”, vale decir, aquellas dictaminadas por el mismo servicio o por la Subsecretaría del Interior, las que tienen relación con personas que cometen delitos o que ingresaron de manera irregular al país.

  • “Estamos una capacidad de expulsión en torno al 15% de aquellas que dictamos”, añadió.
  • Respecto de las expulsiones judiciales que aún no son ejecutadas, Thayer planteó: “Aquí no hay un número fijo”.
  • “Tendría que meterme a la página del Poder Judicial para saber cuántas se están dictando hoy día”, añadió, sin entregar el número de órdenes judiciales se encuentran sin ejecutar.

Tendencia al alza. En marzo, Tohá planteó que existían 20.900 extranjeros con órdenes de expulsión sin ejecutar. Ahora, la ministra y Thayer explicitaron que se trata de un total de 28 mil. Se trata de 7.100 dictámenes más en un año y dos meses.

  • Durante la comisión, el director del Servicio Nacional de Migraciones explicitó que “en lo que va de gobierno, al mes de abril se han dictado 4.108 expulsiones”.
  • Pero, al mismo tiempo, añadió que “a lo que va de año la PDI ha materializado 225 expulsiones administrativas”.
  • En 2022 se ejecutaron 1.070 expulsiones y en 2023 la cifra fue de 950.
  • “El Servicio Nacional de Migraciones tiene $3.500 millones para comprar pasajes o contratar vuelos chárter y tiene una glosa que permite solicitar un incremento de$ 3.700 millones más”, indicó Thayer. Eso, explicitó, “nos va a permitir financiar, con esos recursos, en torno a dos mil expulsiones”.
  • El año pasado, Tohá dijo que la expulsión de los 20.900 personas que tenían orden vigente en ese momento, tenía un costo de más de 55 mil millones de pesos, unos US$68 millones.

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