Desde un principio resultó inverosímil que nadie en el gobierno supiera de la existencia del artículo 60 de la Constitución. La ex senadora Isabel Allende no fue víctima de ninguna “injusticia”, atropello o arbitrariedad. Su destitución fue ajustada a derecho, la consecuencia inevitable del actuar negligente del gobierno y de ella misma.
La ex senadora no es víctima. Con la publicación del lapidario fallo del Tribunal Constitucional (TC) queda claro que, al contrario de lo expresado por ella y el Partido Socialista, la ex senadora Isabel Allende no fue víctima de ninguna “injusticia”, atropello o arbitrariedad. Su destitución fue ajustada a derecho, la consecuencia inevitable de su actuar negligente.
- En su considerando 23°, el fallo señala que cesar en su cargo a un diputado o senador es una expresión de ultima ratio que exige analizar una cuestión de fuerte consecuencia institucional: “que el parlamentario eludió el deber de cumplir con el mandato de la constitución”, es decir, a someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.
- El fallo agrega que, si en la constitución se contempla una conducta ilícita, ésta se entiende conocida por todos y, con mayor razón, por quienes tienen como especial función elaborar las leyes acordes con las reglas, valores y principios contenidos en su texto. El tema sobre cuanto sabía la ex senadora sobre la existencia de una ilegalidad es, jurídicamente, irrelevante.
- La infracción, en este caso, consistió en haber celebrado un contrato con el Estado, lo que el Tribunal Constitucional da por hecho; estimando que los decretos aprobados por la Contraloría decían relación con un contrato de compraventa preexistente y no, como sostuvo la defensa, una condición previa para su existencia.
- Según el diccionario de la lengua española “eludir” significa evitar con astucia una dificultad o una obligación”, concepto que implica actuar con voluntad y premeditación; en este caso de celebrar el contrato de compraventa, circunstancia que a juicio del TC resulta relevante para resolver el caso.
Negociaciones por el precio. En el debate público que se desató tras conocerse que la transacción adolecía de un vicio de ilegalidad sancionado con la pérdida del cargo, se intentó argumentar que se trataba de una causa noble y que no existía ningún fin de lucro. Se habló siempre de la compra de la casa del expresidente Allende, para transformarla en un museo.
- Una caracterización que esconde una verdad a medias. Es cierto que el destino que se le pensaba dar al inmueble era un museo. Pero también es la residencia de la ex senadora y pertenecía a la sucesión, que recibiría el dinero procedente de la venta y en la cual ella tenía una importante participación.
- De lo que se deduce que, inevitablemente Isabel Allende tendría un beneficio económico directo como resultado de la transacción. Lo que de ninguna manera quiere decir que haya sido esa su motivación, pero es un hecho de la causa que no tiene sentido tratar de ignorar.
- Para determinar su precio hubo intensas negociaciones entre las partes, que resultaron en un incremento del monto a pagar, las que son objeto de una investigación -por ahora desformalizada- del Ministerio Público por un presunto delito de “negociación incompatible”.
El tiempo apremiaba. Desde un principio resultó inverosímil que nadie en el gobierno supiera de la existencia del artículo 60 de la Constitución. Por eso no es de extrañar que aparezcan altos funcionarios, como la asesora jurídica de Segpres, que reconozcan que estaba consciente de que la operación adolecía de un vicio insubsanable.
- Doy por hecho que la prestigiosa abogada, al contrario a lo que a dicho públicamente, informó a sus superiores sobre sus aprehensiones.
- También en el proceso penal hay declaraciones de otra funcionaria que admitió que no solo sabía del vicio, sino que informó a su superior jerárquico, cosa que este negó en su propia declaración.
- No se entiende cual es el afán del gobierno de insistir en su total ignorancia sobre la inconstitucionalidad de la operación, exponiéndose a quedar como mentirosos y/o incompetentes.
- El anuncio de la venta de la casa de Isabel Allende al Estado para instalar un museo fue ampliamente difundida, por lo que el entonces ministro de justicia Luis Cordero, experto en derecho constitucional, estaba plenamente enterado.
- Es imposible que no le hayan saltado todas las alarmas al ver que una de las partes contratantes eran una ministra y una senadora, ambas afectas a la prohibición de celebrar contratos con el Estado.
- Tal vez se optó por ignorar las advertencias porque la tramitación se había demorado demasiado y el tiempo apremiaba, estaban contra reloj.
- Las platas asignadas en la ley de presupuesto volverían a fondos generales si no se usaban antes del término del año 2024. La escritura debía firmarse si o si antes del 30 de diciembre, cosa que ocurrió.
Blindaje y victimización.Después de todo se trataba del proyecto favorito del presidente Boric que dió instrucciones de que se manejara desde el 2° piso y con enfoque comunicacional. La preocupación no era su legalidad sino la forma en que la idea del museo de Allende sería recibida por la opinión pública. Por eso se incorporó la casa del expresidente Aylwin a la iniciativa.
- La destitución de Isabel Allende abrió un nuevo capítulo en la ya larga historia de cómo, por conveniencia, se transforma a los símbolos en escudos protectores.
- Lo que debió haber sido un debate jurídico sobre la legalidad de una compra inmobiliaria fue reconfigurado por la izquierda como una afronta ideológica, un ataque a la memoria del presidente mártir, una maniobra de “reaccionarios” contra su legado.
- Críticos como la diputada Carmen Hertz acusaron “un ensañamiento con la figura de Salvador Allende”; otros, incluso, insinuaron que el objetivo de quienes impulsaban una investigación era “destruir el símbolo” del ex presidente.
- Se han refugiado en los símbolos para evitar el juicio de los hechos. En lugar de transparentar, han optado por relativizar. En lugar de asumir costos políticos, han tratado de diluirlos con una retórica épica ajena a la transparencia republicana.
- El propio gobierno contribuyó a esta lectura al calificar como un “precedente grave” la decisión del TC.
- El uso de la victimización para blindarse genera efectos perjudiciales para la democracia porque profundiza la polarización y convierte la actuación legítima de los tribunales en batallas políticas, donde los ciudadanos terminan divididos entre quienes creen ciegamente en la inocencia del personero involucrado y quienes exigen sanciones ejemplares.
El TC no se dejó intimidar. También es una forma de infantilización de la ciudadanía, objeto de una operación de desinformación que le impide formarse un juicio objetivo sobre el acontecimiento.
- Con el propósito de “blindar” a los suyos se distorsiona la percepción pública sobre la corrupción, el tráfico de influencias y otros males, haciendo que la discusión gire en torno a si la persona es la “víctima” de una conspiración.
- Refuerza la sensación de impunidad y desigualdad ante la ley. Gran parte de la ciudadanía ya percibe que los poderosos gozan de privilegios.
- Que portar ciertos apellidos o ser depositario de legados históricos es una forma de inmunidad moral, un instrumento de inpunidad política. Toda crítica se transforma en afronta; toda fiscalización, en persecución; toda demanda de transparencia, en revisionismo histórico.
- Salvador Allende es, sin duda, uno de los personajes más relevantes de la historia de Chile. Su trayectoria, su convicción democrática, su trágico final y su legado intelectual merecen respeto; y se banaliza su figura cuando es usada como comodín para justificar actuaciones impropias de sus herederos.
- Pese a todo, la institucionalidad democrática ha salido fortalecida pues el TC no se dejó intimidar. Especialmente las dos ministras cercanas al Frente Amplio designadas por el presidente, en las que los socialistas habían depositado sus esperanzas de un rechazo a la destitución.
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