Temores previsionales. Por Kevin Cowan y Guillermo Larraín

Respecto a efectos negativos sobre el sistema financiero y las rentabilidades, el mayor riesgo para el sector financiero es no avanzar en una reforma. La falta de adhesión popular del sistema de pensiones actual, y el potencial déficit fiscal futuro son riesgos de primer orden para el funcionamiento del sistema financiero.

Es crucial avanzar con una reforma que aumente pensiones actuales y futuras, minimice las presiones fiscales que el país enfrentará por razones demográficas e incremente el ahorro. Una reforma entregaría además una señal respecto de la capacidad del Congreso de generar soluciones a problemas prioritarios.

No obstante el valioso trabajo realizado por un grupo de Senadores y el Comité de Expertos, se siguen esbozando temores sobre algunas dimensiones de dicha reforma. En esta columna, abordamos estos temores, argumentado que algunos son injustificados y que otros pueden ser mitigados con perfeccionamientos acotados a las propuestas.

Un primer temor es que la reforma sea la puerta de entrada a la manipulación política de los fondos previsionales y, en el extremo, a su estatización. Obviamente, los fondos previsionales deben tener como único fin que aumentar el bienestar de los pensionados. Esto excluye su uso con fines políticos partidistas. La forma de proteger a los pensionados de este riesgo es una buena institucionalidad. Cuando los beneficios son de cargo del Tesoro Público, la institucionalidad relevante es la presupuestaria. En la propuesta, las transferencias entre personas financiadas con cotización de empleadores irían a un Fondo de Seguro Social, donde los recursos que entran serán distribuidos inmediatamente a cuentas individuales de los receptores. La gobernanza del Fondo es por tanto crucial. Las transferencias deben estar definidas por ley permanente y su supervisión hecha por una entidad independiente. En este caso podría ser el Consejo Consultivo Previsional que creó la reforma de 2008. Hay un acuerdo en fortalecer su estructura y ampliar su mandato.

En cuanto a la estatización, la principal defensa de los fondos de pensión es que los chilenos están abrumadoramente más dispuestos a que se les devuelvan los fondos a las personas a que se las estatice. El verdadero riesgo son los retiros, no la estatización. Y los retiros son más probables si las pensiones son bajas y el juicio sobre el sistema en su conjunto es malo.

Un segundo temor es que el costo fiscal del mecanismo de garantía es significativo. Algunos argumentan además, que el 100% de la cotización del empleador debiese ser destinada a cuentas individuales, y que mejoras en la PGU financiado con impuestos generales es la mejor manera de mejorar las pensiones de los hogares de clase media.

Sobre el costo fiscal de la garantía, la Dirección de Presupuesto ha estimado que el costo fiscal de la reforma asciende a un máximo a 0,45% del PIB. Esto ocurre cuando se da un aporte de 0,1 UF por año cotizado con cargo a la cotización del empleador y supone un mínimo de 5 años cotizados hoy y 10 años a partir de 2034. Si los años mínimos exigidos fueran 20, el costo fiscal baja a 0,30% del PIB. Lo más relevante, es que por construcción estos costos son transitorios. Es importante recordar, además, que estas simulaciones fueron discutidas y revisadas por el Comité de Expertos, un grupo técnico transversal.

Respecto a la posibilidad de avanzar con mejoras en la PGU vía financiamiento general, supongamos que se diera al tercer y cuarto quintil un suplemento de PGU de $50.000, de manera que, si la persona está entre el 50% y 80% de nivel de ingreso, la PGU que le correspondería fuera de $300.000. Esta reforma costaría 0,39% del PIB por año, para siempre. Por supuesto, alguien se preguntará ¿qué diferencia a la persona en el percentil 49 de la del percentil 50 que justifique que uno reciba tanto más que la otra? La respuesta es: nada. El sistema político reaccionará aumentando la cobertura del nuevo peldaño, en cuyo caso el costo crece exponencialmente. La PGU no es un buen instrumento para resolver el problema de la vulnerabilidad de las clases medias. Estos deben manejarse a través de mecanismos contributivos.

El tercer temor, es respecto a la licitación del stock de afiliados. Por un lado, se argumenta que es innecesaria, toda vez que la industria de las AFP se ha ido volviendo crecientemente competitiva. Por otro, se argumenta que podría tener efectos dañinos relevantes en el mercado financiero y en la rentabilidad de los fondos.

Con los años se ha ido acumulando evidencia de que los trabajadores reaccionamos muy poco a las comisiones que cobran las AFP. Una encuesta de Espacio Público con el PNUD muestra que un 65% de los encuestados no sabe incluso si la comisión de su AFP está entre las más altas o bajas. Esto ha generado un mercado donde las rentabilidades de las administradoras son relativamente altas (punto que ha hecho en varias ocasiones el FMI), se genera una segmentación de mercado, y un alto (y socialmente ineficiente) gasto en fuerza de ventas.

¿Cómo funcionaría el mecanismo propuesto por el grupo de expertos? Hecha la licitación, los pensionados licitados tendrán una ventana de tiempo donde pueden revisar su ahorro en comisiones y comparar rentabilidades pasadas e indicadores de calidad de servicio. Como en otros contratos de adhesión, ellos podrán decidir no cambiarse. Y si lo hacen, no será un cambio forzado, ni una decisión unidimensional basada solo en las comisiones.

Respecto a efectos negativos sobre el sistema financiero y las rentabilidades, el mayor riesgo para el sector financiero es no avanzar en una reforma. La falta de adhesión popular del sistema de pensiones actual, y el potencial déficit fiscal futuro son riesgos de primer orden para el funcionamiento del sistema financiero. Lo anterior, no quita de que sea importante evitar ventas masivas de activos que impacten al mercado y los retornos de los pensionados no licitados. Ya se avanza en mitigar este riesgo con el mecanismo de traspaso de activos que contempla el proyecto. Respecto de los activos difíciles de traspasar – los contratos de derivados y algunos activos alternativos – es importante establecer mecanismos para mitigar los costos asociados a los traspasos.

La licitación propuesta se puede perfeccionar. No es necesario licitar montos sustanciales de afiliados. Hoy se producen traspasos del orden de 5% de los afiliados por año. De esta manera, una licitación de 10% cada 2 años podría ser la cota superior del mecanismo. Nos parece importante en esto ser prudentes e ir de menos a más.

Adicionalmente, se le deben dar facultades a la Superintendencia para que pueda abordar eficazmente los desafíos de los contratos de derivados y algunos de los contratos de activos alternativos – facilitando su traspaso– y con claras facultades para abordar contingencias post licitación. Finalmente, y como ha planteado el Comité de Expertos, es importante combinar este mecanismo de licitación con una estructura de pagos a los gestores de activos en base a un benchmark – a modo de incentivar una buena gestión de cartera.

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