Poco se habla del impacto que ha tenido en nuestras finanzas públicas el aumento de las tasas de interés a nivel mundial. Tomemos como referencia la tasa a 10 años del bono del tesoro norteamericano. Actualmente esta se ubica por sobre el 4% anual (con un promedio en lo que va del año de 4,2%). No veíamos tasas sobre el 4% desde el año 2008, antes de la crisis subprime. Para tener una idea, los promedios estuvieron entre 2,1% y 2,9% entre los años 2017 y 2019. Durante la pandemia bajaron ubicándose en 0,9% el año 2020 y 1,4% el 2021. Los últimos dos años se ubicaron en 2,9% y 3,9%. Al igual que para la economía de un hogar, el mayor costo de financiamiento debiese ser un elemento central al evaluar el costo de un mayor endeudamiento para el Estado.
En el último Informe de Estabilidad Financiera (IEF) que publica el Banco Central de Chile levanta una alerta respecto de este tema. En él se señala que, dado el aumento de la deuda pública y de las tasas de interés del último tiempo, el costo de refinanciamiento fiscal para los próximos diez años ha aumentado desde US$2.760 millones en septiembre de 2019 a US$16.000 millones en junio de 2024, suponiendo que la cartera de deuda pública se mantiene. Es decir, ¡¡¡el costo de endeudarse ha subido 5,7 veces!!! Esto, sin tener en cuenta además el impacto de un mayor tipo de cambio.
¿Cómo ha evolucionado el nivel de deuda bruta y el gasto en intereses? Se estima que este año 2024 la deuda bruta llegue al 41,2% del PIB, manteniéndose por debajo del nivel “prudente” del 45% del PIB establecido por el Ministerio de Hacienda. Acá es importante hacer una precisión: la proyección de deuda bruta para los próximos años. Si uno revisa los Informes de Finanzas Públicas (IFP) anteriores, se observa que sistemáticamente no se ha cumplido con las proyecciones. Específicamente, en el IFP del tercer trimestre del 2019 se estima que la deuda bruta cerraría el 2024 en 29,3% y convergería a esos valores hacia mediano plazo. Solo cinco años más tarde la historia es bien distinta (cerraremos este año en 41,2%).
Sin embargo, actualmente no preocupa el nivel de la deuda bruta (porque se encuentra bajo el 45% recomendable), sino que el rápido crecimiento de esta, que el 2007 era solo un 4%!!. Con todo, si seguimos con esta trayectoria, sería cuestión de tiempo para que nos empiece a preocupar, además de la trayectoria al alza, también el nivel.
Respecto de este punto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) reveló que “la deuda pública no ha aumentado solamente por los déficits fiscales, sino que también, por necesidades adicionales de financiamiento, que se contabilizan “bajo la línea” por no corresponder a gastos”. Es por este motivo que ha recomendado que haya más transparencia.
No debe sorprender entonces que hayamos aumentado de manera importante el pago de intereses por la deuda. Según información de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la carga fiscal por este concepto aumentará desde USD $3.800 MM en 2024 a USD$5.300 MM en 2029 (y era sólo de USD$2.500 MM en 2019). Esto desvía recursos escasos del Estado, que podrían utilizarse para otros fines. Las necesidades son muchas, y se está recaudando poco vía impuestos: USD$800 millones por punto de crecimiento, con un crecimiento del PIB tendencial que cae año a año.
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Crecimiento, pareciera ser que ahora sí. Por Carlos Cruz. https://t.co/XFnNJysTZf
— Ex-Ante (@exantecl) December 19, 2024
Esperamos que esta campaña electoral no se limite a eslóganes, sino que convoque a los candidatos a mirar el desarrollo futuro del país. Apostar por la infraestructura no solo es una promesa de campaña atractiva: es una decisión responsable y estratégica.
Avanzar en transparencia ya no es una opción, sino una urgencia. El compromiso de abrir los datos y permitir el escrutinio técnico por parte de centros de estudio y universidades sigue pendiente. Cumplirlo no solo reforzaría la credibilidad de las estimaciones, sino también la confianza en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
En un nuevo podcast After Office Investing, Catalina Edwards conversa con la gerenta de Sostenibilidad de Banco Santander, Soledad Ramírez, sobre la segunda versión de los fondos concursables impulsados por la entidad, que buscan fortalecer el bienestar social y la educación financiera. A continuación lo que implica la nueva edición de esta iniciativa.
El desafío es dejar de pensar en la ética como una cuestión de carácter individual y empezar a tratarla como lo que realmente es: un problema de diseño organizacional. De un asunto de reglas y disuasión, a uno de cultura corporativa.
Si los chilenos, aún con un diagnóstico pesimista de la realidad actual, confían y depositan sus esperanzas en nuestra economía basada en recursos naturales. ¿No será tiempo de empezar a hacer las cosas bien para no seguir ahuyentando inversiones que tanto necesitamos?