-¿La iniciativa El Puente busca incidir en las campañas políticas?
-Este proyecto partió en enero de 2024. Rolf Lüders convocó a un grupo de economistas bastante diversos con el desafío de hacer propuestas para que Chile pueda retomar el crecimiento. Esto muestra que cuando uno se sienta a conversar con buenas intenciones, es posible llegar a acuerdos. Respecto de lo de la incidencia en las campañas, no aspiramos a que esto sea un programa de gobierno. De hecho, los que estamos ahí votamos por distintas personas, pero sí estaba la idea de tener un mínimo común para presentarle a todas las candidaturas presidenciales como una opción de propuestas que se podrían incluir en una campaña.
-La última cifra de desempleo de 8,9% muestra un mercado laboral debilitado, y las propuestas de El Puente no parecen coincidir mucho con la candidata del oficialismo, que plantea un salario vital de $ 750.000
-Cuando se habla de salario vital se mezclan elementos. Una parte que tiene que ver con el mercado laboral, que es el salario, con otra cosa que es lo vital, que a lo mejor son todos los ingresos que una persona necesita para vivir. Creo que ahí hay un primer error que, si bien no se ha aclarado qué es lo que está entendiendo por sueldo vital, ya el hecho de que esté hablando de sueldo vital y no sueldo mínimo, creo que es un primer elemento que tenemos que mirar. Lo segundo es que esta propuesta en relación a aumentar el salario mínimo es compleja. La tasa de desempleo ha venido aumentando. Y tenemos que mirar qué es lo que ha pasado con los costos laborales. Se ha producido en el último tiempo un aumento en los costos laborales que no ha venido acompañado de un aumento de productividad. Y muchas personas terminan saliendo de la fuerza laboral porque las empresas no son capaces de pagar esos sueldos mínimos tan altos.
-Ustedes proponen modificar la indemnización por años de servicio para disminuir esos mayores costos de contratación.
-Sí. Hoy tenemos una indemnización por años de servicio que se paga con un tope de 11 años, solamente cuando a las personas las despiden. Proponemos una indemnización a todo evento, porque a veces las personas buscan que las despidan para recibir la indemnización cuando están descontentas en un trabajo. Y muchas veces las empresas contratan por periodos cortos para no incurrir en ese costo. Todo eso redunda en que tenemos contratos por periodos cortos y eso genera inestabilidad laboral, las personas no generan un aprendizaje y tampoco aumenta la productividad. Tampoco logras mejorar los salarios de esas personas, porque ese aumento va asociado a la mayor productividad. La indemnización por años de servicio es un mal equilibrio para la fuerza laboral, no solamente para las empresas, sino que también para los trabajadores.
-¿Cómo se financia esa indemnización a todo evento?
-A través de un aumento en la cotización que pagan los empleadores al fondo de cesantía, cosa que cuando tú terminas tu relación laboral tienes un ingreso que puedes recibir. Con nuestra propuesta tú pagas esa cotización por diez años y si tienes eso podrías aspirar a que las personas en promedio tuvieran el equivalente a una indemnización por año de servicio de cinco meses, que es lo que hoy en los países de la OCDE es el promedio de lo que están recibiendo los trabajadores.
-¿Hay agua en la piscina para implementar una reforma de este tipo que aumenta el costo laboral?
-Es un costo adicional que se le suma al empleador. Sin embargo, creo que falta analizar cuáles son los beneficios que tiene esta esta política en términos de estabilidad laboral. Las empresas grandes, por ejemplo, provisionan el pago de indemnizaciones por años de servicio. Por lo tanto, si uno prorratea el aumentar esta cotización, no debiera tener un impacto en el caso de esas empresas.
-¿Y a los emprendedores o pymes?
-En el caso de las empresas más chicas en la teoría deberían provisionar, pero en la realidad no necesariamente lo hacen. Esto sí puede tener un costo en el corto plazo, pero creo que en la medida que seamos capaces de demostrar el beneficio en el largo plazo, que aquí vas a prorratear el gasto que tendrías que hacer en caso de despedir, vas a ganar en términos de productividad y vamos a ir aumentando el agua de esta piscina.
-El Puente enfatiza también en la ineficiencia de nuestro Estado para reducir la desigualdad a través de transferencias directas. ¿A qué se refiere?
-Si uno mira el índice de Gini, antes de las transferencias, antes del rol del Estado, el nivel de Chile no es muy distinto de alguno de los países de la OCDE. Sin embargo, el Gini post transferencias, después de la entrega de subsidios, después de la de la acción del Estado, muestra una reducción muy pequeña en relación a lo que se observa en los otros países. Eso muestra que el rol redistributivo del Estado es bastante ineficiente. Y es algo de lo que tenemos que trabajar sobre cuál es el rol que debería empezar a cumplir mejor el Estado, que es este rol redistributivo.
-¿Y no puede alguien decir que es una razón para subir más los impuestos, redistribuir impuestos?
-Efectivamente hay personas que podrían decir eso, pero lo que hemos visto es que la carga tributaria, el gasto y el tamaño del Estado han ido aumentando y eso no ha tenido como contraparte la disminución en la desigualdad. Hoy tenemos en torno a 500 programas sociales, de los cuales muchos son chiquititos, de 200, 300, 500 millones de pesos, y tienen un impacto muy pequeño. Y una parte importante de ese gasto se ha metido en la burocracia. Si uno lograra revisar, reorganizar o eliminar muchos de estos programas sociales, con esos recursos podría financiar proyectos de transferencias monetarias, que es la propuesta que nosotros hacemos, más eficientes y efectivos.
-¿Y eso tiene mucho que ver con el proceso regulatorio y revisar el impacto de los programas públicos?
-Uno puede seguir revisando el impacto de los programas públicos, pero hoy ya tenemos suficientes datos para para hacer eso. Cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo Social partimos con la evaluación ex-ante y ex-post de los de los programas y decíamos que cuando los indicadores son malos, probablemente el programa es malo y, en general, no tiene sentido seguir investigando. Hoy ya hay un conjunto de programas que sabemos que no están funcionando o existe duplicación, por lo tanto hay un espacio para cerrarlos. No estoy diciendo que no sea de gasto social, sino que redirigirlo y entregarlo de una manera que sea más eficiente y más efectiva.
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