Un alcalde derriba ampliaciones irregulares de casas de supuestos narcos, lo que levanta críticas y aplausos de distintos sectores. Se aprueba en menos de una semana por el Congreso una ley contra el narcotráfico y otra contra el crimen organizado, ambas fortalecen la estrategia de “seguir el dinero”, permitiendo y perfeccionando las herramientas de comiso de bienes utilizados para cometer delitos o fruto de estos delitos. Claramente la seguridad pública es prioridad nacional.
Viendo la experiencia de otros países de la región, se trata de una batalla que no es sencilla y donde el crimen organizado tiene formas de sofisticación e innovación que a veces son más ágiles que la capacidad de respuesta. Sin embargo, hay una política pública que ha visto algunos resultados satisfactorios en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la evasión de impuestos, que es la adopción de un registro de beneficiarios finales centralizado y accesible a otras entidades del Estado así como, parte de este, al público general, pero particularmente a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otras entidades que pueden auditarlo o revisar posibles infracciones de deberes de autoridades de no poseer empresas reguladas o ciertos conflictos de interés.
Si bien este registro no es la varita mágica, sin duda que varios de los temas planteados en el primer párrafo podrían ser mucho más eficaces. A través de este registro, diversas autoridades podrían saber qué propiedades, sociedades, inversiones, empresas, etc., tienen o participan personas que están siendo investigadas, procesadas o condenadas por delitos relativos al narcotráfico y el crimen organizado.
Este registro, lo que busca, es contar con la información de los beneficiarios finales o últimos de empresas o estructuras societarias, que son aquellas personas naturales que en último término están detrás de una entidad y ejercen su control directo o indirecto. De este modo, alguna entidad pública (como el SII) centraliza una base de datos que habilita a entidades recaudadoras de impuestos, agencias fiscalizadoras, unidades financieras de inteligencia, instituciones financieras e incluso a la misma ciudadanía para el escrutinio y cruce de información, de modo de prevenir o detectar irregularidades como las ya señaladas.
Nuestro país, hasta el momento, ha avanzado muy tímidamente en esto y está muy lejos de los estándares internacionales recomendados por la OCDE, el Banco Mundial, el BID, Transparencia Internacional, entre otras entidades. Esto ha permitido que se creen empresas fachadas por narcotraficantes mexicanos, sin que ni los abogados ni contadores que trabajaron creando la empresa supieran quiénes realmente estaban detrás de ellas.
Contar con un registro de beneficiario final permitiría que autoridades municipales pudieran actuar en mayor coordinación con las fiscalías -sin que estas arriesguen investigaciones por la entrega de información de investigaciones pendientes-, el Ministerio del Interior y muchas otras entidades claves para desbaratar las bandas criminales que operan en nuestro país, especialmente allí donde más les duele, el dinero y sus bienes.
Una propuesta que recogía gran parte de los estándares internacionales, aunque perfeccionable, fue propuesta en la Reforma Tributaria del gobierno junto con otras medidas anti-elusión y anti-evasión. Al rechazarse, también se cayó esta propuesta, sin embargo, no todo está perdido. Cada día hay una mayor conciencia de los beneficios de contar con un registro de este tipo, no solo por todo lo ya dicho, sino también porque contribuye a economías más dinámicas y competitivas. Por eso, es de esperar que esta temática sea nuevamente impulsada por el gobierno, ya sea en la nueva reforma tributaria o de forma autónoma.
Para seguir leyendo columnas de Ex-Ante, clic aquí.
El contraste de opiniones en el Gobierno frente a las operaciones del alcalde Carter bien pueden ser arregladas en el camino, a partir de la prioridad de enfrentar la delincuencia, pero el punto más llamativo es quizás el del Fiscal Valencia.https://t.co/u5epqMeGeM
— Ex-Ante (@exantecl) March 23, 2023
Publicaciones relacionadas
La ausencia del ministro a la cena de la minería Cesco Week 2024 por haber estado en un partido de futbolito provocó duras críticas del oficialismo y la oposición. El presidente de la Comisión de Minería, senador Juan Luis Castro (PS), dijo que es “muy lamentable la excusa, al priorizar una actividad legítima como el […]
La noche del miércoles, Jadue había pasado el control migratorio del aeropuerto cuando la fiscal Giovanna Herrera llamó a su abogado para advertirle que si emprendía el viaje que tenía planificado para las 00:37 a Venezuela podría decretar una medida cautelar en contra del alcalde. Una tesis que circula en el mundo judicial apunta a […]
Pese a haber sido invitado a la cena de la minería Cesco Week 2024, una de las más relevantes de esta industria a nivel mundial, el ministro de Economía se ausentó. Desde el Ministerio señalaron que “el ministro tenía un compromiso familiar y se excusó con anticipación de la cena”. Sin embargo, mientras se realizaba […]
Imputado por 4 delitos y con una audiencia de formalización fijada para el 29 de mayo, Jadue iba a tomar un avión rumbo a Venezuela -donde sus vínculos con el régimen de Maduro son reconocidos y fuertes- cuando la Fiscalía se contactó con su abogado para señalarle que debían asegurar la audiencia antes mencionada, por […]
El 4 de abril, el exministro del Interior Rodrigo Delgado declaró como testigo sobre el nombramiento del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, hoy en prisión preventiva. Aseguró no haber conversado con el abogado Luis Hermosilla temas relacionados con el nombramiento.
