Siguiendo el dinero. Por María Jaraquemada

Directora Ejecutiva de Chile Transparente

Hay una política pública que ha visto algunos resultados satisfactorios en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la evasión de impuestos, que es la adopción de un registro de beneficiarios finales centralizado y accesible a otras entidades del Estado así como al público general.


Un alcalde derriba ampliaciones irregulares de casas de supuestos narcos, lo que levanta críticas y aplausos de distintos sectores. Se aprueba en menos de una semana por el Congreso una ley contra el narcotráfico y otra contra el crimen organizado, ambas fortalecen la estrategia de “seguir el dinero”, permitiendo y perfeccionando las herramientas de comiso de bienes utilizados para cometer delitos o fruto de estos delitos. Claramente la seguridad pública es prioridad nacional.

Viendo la experiencia de otros países de la región, se trata de una batalla que no es sencilla y donde el crimen organizado tiene formas de sofisticación e innovación que a veces son más ágiles que la capacidad de respuesta. Sin embargo, hay una política pública que ha visto algunos resultados satisfactorios en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la evasión de impuestos, que es la adopción de un registro de beneficiarios finales centralizado y accesible a otras entidades del Estado así como, parte de este, al público general, pero particularmente a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otras entidades que pueden auditarlo o revisar posibles infracciones de deberes de autoridades de no poseer empresas reguladas o ciertos conflictos de interés.

Si bien este registro no es la varita mágica, sin duda que varios de los temas planteados en el primer párrafo podrían ser mucho más eficaces. A través de este registro, diversas autoridades podrían saber qué propiedades, sociedades, inversiones, empresas, etc., tienen o participan personas que están siendo investigadas, procesadas o condenadas por delitos relativos al narcotráfico y el crimen organizado.

Este registro, lo que busca, es contar con la información de los beneficiarios finales o últimos de empresas o estructuras societarias, que son aquellas personas naturales que en último término están detrás de una entidad y ejercen su control directo o indirecto. De este modo, alguna entidad pública (como el SII) centraliza una base de datos que habilita a entidades recaudadoras de impuestos, agencias fiscalizadoras, unidades financieras de inteligencia, instituciones financieras e incluso a la misma ciudadanía para el escrutinio y cruce de información, de modo de prevenir o detectar irregularidades como las ya señaladas.

Nuestro país, hasta el momento, ha avanzado muy tímidamente en esto y está muy lejos de los estándares internacionales recomendados por la OCDE, el Banco Mundial, el BID, Transparencia Internacional, entre otras entidades. Esto ha permitido que se creen empresas fachadas por narcotraficantes mexicanos, sin que ni los abogados ni contadores que trabajaron creando la empresa supieran quiénes realmente estaban detrás de ellas.

Contar con un registro de beneficiario final permitiría que autoridades municipales pudieran actuar en mayor coordinación con las fiscalías -sin que estas arriesguen investigaciones por la entrega de información de investigaciones pendientes-, el Ministerio del Interior y muchas otras entidades claves para desbaratar las bandas criminales que operan en nuestro país, especialmente allí donde más les duele, el dinero y sus bienes.

Una propuesta que recogía gran parte de los estándares internacionales, aunque perfeccionable, fue propuesta en la Reforma Tributaria del gobierno junto con otras medidas anti-elusión y anti-evasión. Al rechazarse, también se cayó esta propuesta, sin embargo, no todo está perdido. Cada día hay una mayor conciencia de los beneficios de contar con un registro de este tipo, no solo por todo lo ya dicho, sino también porque contribuye a economías más dinámicas y competitivas. Por eso, es de esperar que esta temática sea nuevamente impulsada por el gobierno, ya sea en la nueva reforma tributaria o de forma autónoma.

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