Sergio Granados y María José Abud: “Detrás de algunos programas sociales hay cierto clientelismo”

En un nuevo capítulo de EnFoco, el podcast del centro de incidencia Pivotes, María José Abud, exsubsecretaria de la Mujer e investigadora de Horizontal, y Sergio Granados, exdirector de Presupuesto, conversan sobre cómo avanzar en un gasto público más eficiente. Ambos formaron parte de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público.

-Las recomendaciones de la comisión de la que ustedes fueron parte implicaría un ahorro de 0,6% del PIB en el largo plazo ¿No se pude ser más ambicioso?

-Sergio Granados: Depende de si tienes la voluntad política y la mayoría en las cámaras y estás dispuesto a asumir el costo político de lo que significa hacerlo. Más del 80% de nuestro gasto está asociado a beneficios que se otorgan por ley, subsidios, la gratuidad, etc. Si quieres recortar más, tienes que tocar beneficios sociales. Y no sé si alguien va a estar dispuesto a eso. En los cuatro meses de trabajo hicimos lo que podíamos hacer con la experiencia de cada uno.

-Con una cuota de realismo.

-S.G.: Con bastante realismo y gradualidad. Pero obviamente que se puede hacer más. Hay medidas que quedaron planteadas como generales. En el tema de empleo público hubo consenso en que tenemos que cambiar los estatutos del aparato público. Y eso no lo pudimos cuantificar.

María José Abud: Lo que hicimos fue estudiar cómo podemos recortar, cosas que no funcionan o están duplicadas, pero también sin descuidar los desafíos sociales.

-La Dirección de Presupuestos tiene líneas de evaluación muy potentes y sofisticadas ¿Por qué esas evaluaciones no transforman la forma de financiar programas o hacer políticas públicas?

-S.G.: La primera dificultad es lograr juntar el resultado de la evaluación con la asignación presupuestaria. No van siempre en la misma velocidad de avance del presupuesto. Tampoco la evaluación lleva un estado de lo que está mal hecho o tiene problemas de cobertura o eficiencia. Y el tercer problema es que hay acuerdos transversales para defender determinados programas, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento y en el Congreso.

Puede ser un poco compleja la palabra que utilizar, pero hay cierto clientelismo del que es necesario olvidarnos y pensar un poquito más en Chile. Ahora, cuando estás en la coyuntura que tenemos, con un déficit persistente, si no se toman las medidas, en el cortísimo plazo vamos a caer en un estado de situación distinto del que tenemos. Hoy está bastante bien, pero si seguimos gastando sin pensar en eso, vamos a entrar en un problema más serio. Es el momento de tomar decisiones fuertes.

M.J.A: Hay que decirlo claro: detrás de algunos programas sociales hay un cierto clientelismo, o como queramos llamarlo, pero hay padrinos políticos, hay una población que se atiende. Y es legítimo, es válido que al final haya grupos de interés que pelean por cada programa.

-Existen diagnósticos, pero no son vinculantes

-M.J.A.: La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) hace un tremendo trabajo, pero sus informes no son vinculantes. Y lo mismo con nuestro sistema de evaluación. Hoy sabemos que hay programas mal evaluados, pero no tienen el mecanismo para incidir en la Ley de Presupuesto todos los años. Ahí proponemos que desde la CNEP se cree una especie de comité que evalúe si los programas van subsanando las debilidades de desempeño y que estas sean vinculantes con las decisiones de presupuesto.

-¿Una agencia de calidad de las políticas públicas?

-M.J.A.: La Agencia de Calidad de las Políticas Públicas ayudaría a resolver bastante lo que dice Sergio, que al final es muy difícil.

-Respecto a la reforma al empleo público, parece haber un consenso de que se requiere modificar el estatuto administrativo. ¿Por qué no avanza esa propuesta?

-M.J.A: Acá también se requieren acuerdos políticos que van más allá del Gobierno, del ministro de Hacienda o la directora de Presupuesto de turno. Tiene que existir una especie de pacto. La reforma al empleo público para cualquier gobierno va a tener un costo político importante hacerlo y no va a tener ganancias y tenemos que tomar decisiones difíciles que van más allá del momento político.

-¿A qué debiera apuntar esa reforma al empleo público?

-S.G.: Debería haber un método o una forma de ingresar al servicio público que sea por concurso, que se pueda progresar también en una carrera específica y que puedas tener movilidad al interior del Estado. Eso ayuda mucho a la productividad. Deberíamos tender a igualar las calidades jurídicas, hoy tenemos los planta, los contrata y a honorario, y siempre va a existir un grupo de empleos públicos que son de confianza.

M.J.A.: Y en el tema de la evaluaciones de desempeño, entre los cinco (participantes de la comisión) estamos muy de acuerdo que hoy es un mecanismo que tiene letra muerta. Lo dejamos planteado como uno de los temas también de los que hay que hacerse cargo, porque si queremos un Estado que funcione bien, necesitamos un mecanismo efectivo de evaluación.

S.G.: Y hay que abrir conversaciones con los gremios, hay que involucrarlos, porque si uno analiza la situación de los de los funcionarios, hoy día tenemos una planta que pudiéramos decir está protegida, que es chiquitita, pero hay una masa importante de gente a contrata, que no tiene ninguna protección.

-¿Cómo leyeron la voluntad del gobierno una vez que entregaron las recomendaciones para incorporarlas?

-M.J.A: Yo no me quedo con una sensación amarga, pero ahora que parte la discusión de la Ley de Presupuesto hay que ver que se incorporen las medidas. El informe de Finanzas Públicas que lo acompaña indica que se están incorporando 16 de las 34 medidas, pero es importante entender con qué alcance y qué diseño. Lo esperable y lo inteligente sería, aprovechar esta agenda y sentar las bases para el mediano y largo plazo.

S.G.: Yo no estoy decepcionado, pero sí me habría gustado que nos dijeran ´sentémonos a trabajar en lo que ustedes proponen, cómo lo hacemos´. Porque, a diferencia de otras comisiones, lo que hicimos es que no nos enfocamos en los diagnósticos sino en el cómo.

-En esta campaña presidencial las promesas de recorte al gasto fiscal apuntan a hacerlo rápido y en grande en los primeros años de gobierno. ¿Creen que es posible?

-S.G.: Creo que requiere un acuerdo político. Muchas de las cosas que estamos proponiendo nosotros son necesariamente modificables por ley. Entonces, si no hay un acuerdo político, no va a funcionar. Sí es posible hacer recortes significativos, pero requiere mayoría en las cámaras y voluntad para llevar adelante cambios grandes porque va a afectar políticas sociales. No se puede hacer de otra manera. Hay que sentarse a conversar, porque nosotros consideramos que es posible.

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