Nuestra convivencia fue dañada profundamente por la irrupción de la violencia en gran escala, en octubre de 2019. A la devastación material, le siguieron múltiples formas de devastación espiritual, lo que se expresó dramáticamente en la ruptura de los diques del civismo. Los promotores del fuego, la destrucción y el pillaje consiguieron crear una atmósfera de amedrentamiento que hizo retroceder la cultura de la libertad.
Así, se multiplicaron los empeños por congraciarse con los iracundos, como también la adhesión al pensamiento correcto impuesto por la TV (“los carabineros siempre son culpables”), en fin, muchas de las miserias que aparecen en los tiempos de crisis. Ello quedó ilustrado por los innumerables actos de deslealtad hacia la democracia de parte de los partidos de la actual oposición.
Pese a que tenemos una democracia que cumple ampliamente los requisitos de cualquier test de solvencia, el país se encuentra en un túnel constitucional del que no es claro cómo saldrá.
Hemos elegido parlamentarios hace poco y ahora vamos a elegir presidente de la República, mientras los controladores de la Convención Constitucional ponen en duda la duración del mandato presidencial, anuncian la eliminación del Senado y advierten que todo está sujeto a revisión. Al mismo tiempo, los constitucionalistas de la molotov se niegan a dejar el escenario y sigue abierta la llaga de la Araucanía.
Necesitamos derrotar el miedo y demostrar que no aceptamos ser rehenes de los violentos y de los demagogos que les ofrecen coartada. Por lo tanto, debemos reafirmar nuestra voluntad de seguir viviendo en libertad, lo cual exige un firme compromiso con la legalidad que lo hace posible.
Es evidente que los temores han sido potenciados por el experimento de la Convención Constitucional. Es hora de ponerles coto, lo que implica, entre otras cosas, rechazar la antidemocrática exaltación de la raza como signo de autoridad, expresada elocuentemente por la machi Linconao y aprovechada por los “huincas” que descubrieron cómo acrecentar su poder mediante esa técnica de división de la sociedad que es el indigenismo.
Quienes creen que la Convención es un suprapoder, deben tener claro lo siguiente: Chile no se dejará refundar. Quienes lo intenten, chocarán con la realidad.
Frente a los riesgos que enfrenta el régimen democrático, más de un centenar de personas ligadas a la antigua Concertación plantearon hace poco 8 puntos a ambos candidatos presidenciales:
1. Compromiso irrestricto con los DD.HH. en todo tiempo y en todo lugar, sin doble estándar.
2. Compromiso con la democracia representativa.
3. Compromiso con el Estado de Derecho, lo que requiere respetar sin subterfugios la letra de las leyes y las normas constitucionales vigentes.
4. Compromiso con la unidad del Estado de Chile, y por lo tanto el rechazo de cualquier desmembramiento.
5. Compromiso con una justicia constitucional autónoma.
6. Compromiso y defensa de los órganos autónomos que garantizan calidad democrática e institucional (Servel, Banco Central, Contraloría, Ministerio Público, etc.).
7. Condenar la violencia y asegurar el orden público.
8. Velar por el desarrollo del proceso constituyente.
El documento fue firmado, entre otros, por los ex cancilleres Soledad Alvear e Ignacio Walker, los ex ministros de Hacienda Eduardo Aninat y Andrés Velasco, el ex ministro del Interior Jorge Burgos, los ex senadores Felipe Harboe y Fulvio Rossi, el ex presidente de la Cámara Gutenberg Martínez, y constituye un verdadero estatuto de garantías constitucionales. La suerte que corra la Convención no debe afectar las bases del edificio democrático.
Al votar en la segunda vuelta presidencial, renovaremos la adhesión al pacto de civilización que es la democracia representativa. Cada ciudadano tiene derecho inalienable a definir su voto sin presiones de ningún tipo.
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