¿Se acaban las Isapres? Tres claves para entender el nuevo sistema de salud que propone la Convención

David Lefin
Credito: Agencia Uno

El Pleno de la Convención Constitucional terminó esta semana de revisar la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales, y consagró la creación de un Sistema Nacional de Salud “de carácter universal, público e integrado”. Si bien no se prohíben los aseguradores privados y se permiten expresamente prestadores no públicos, la propuesta abrió varias preguntas, muchas de las cuales deberá definir el Congreso.


  • El artículo 14 del borrador de la propuesta de constitución define que este nuevo sistema “podrá estar integrado por prestadores públicos y privados” y “la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse” al sistema.
  • El texto señala que el nuevo modelo será financiado a través de las rentas generales de la nación y, adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones con el solo objeto de “aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”.
  • Agrega que también será la ley la que “determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema”.

La aprobación del nuevo sistema abrió una serie de preguntas respecto de cómo operaría en la realidad y qué responsabilidades quedarán para el legislador cuando este artículo de la Constitución se baje a leyes.

1.      ¿Se acabarían las Isapres y todos sus afiliados deberían pasar a Fonasa?

El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, recalca que “lo único concreto que dice este borrador es que ahora todos debemos comenzar a cotizar en el sistema público. Los más de 3 millones de afiliados a las Isapres pasarán a Fonasa”.

Sin embargo, para el ex superintendente de Salud y académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, el borrador de constitución no zanja el tema de esa forma y más bien deja abiertas las opciones y el que deberá decidir será el Congreso.

Explica que al decir que un órgano “público” será el encargado de la administración del sistema y no un órgano “estatal” se deja espacio para que entidades privadas gestionen los recursos de salud. “El ejemplo más cercano es el del Transantiago, donde el responsable es el sector público, pero lo operan empresas privadas”, dice.

Inostroza agrega que lo que sí determina el borrador es que “las Isapres se acaban tal como existen hoy”, en que tienen planes de salud para cada afiliado de acuerdo con su nivel de riesgo. En esa sentido, dice que si el legislador permite actores privados, estos deberían hacerlo bajo el concepto de “seguridad social” que define la nueva constitución, por ejemplo, con universalidad y no discriminación.

Pese a que Gonzalo Simón coincide en que el borrador no prohíbe expresamente la participación de aseguradores privados, afirma que lo planteado por el ex superintendente es una interpretación de carácter legal que tendrán que hacer en el futuro los legisladores. “Esa no necesariamente es la interpretación que le quisieron dar los constituyentes que, en su mayoría, votaron el texto que están proponiendo”.

2.      ¿Dónde iría la actual cotización del 7% para salud y qué pasa con quienes cotizan más para mejorar su cobertura?

El presidente de la Asociación de Isapres interpreta que “lo único que está escrito es que el 7% va a ser capturado por una entidad que va a ser más estatal que pública”.

Para Inostroza, en cambio, el texto también deja abierta las alternativas a la ley.

  • Esta podría determinar que efectivamente el 7% sea administrado solo por una entidad estatal.
  • Podría permitir la existencia de aseguradores privados que administren ese 7% bajo el concepto de seguridad social que defina el ente público.
  • También podrían existir seguros complementarios de las actuales Isapres o compañías de seguros. Por ejemplo, si el 7% fuera solo administrado por el Estado, la constitución no prohíbe aportes adicionales a seguros suplementarios o complementarios. Así, las personas podrían cotizar más para mejorar sus coberturas en prestadores privados.

3. ¿Todos deberían atenderse en consultorios y hospitales públicos o las personas podrán acudir a prestadores privados como clínicas y otros centros de salud?

El borrador señala expresamente que podrá haber prestadores privados y la ley definirá cómo se integran al Sistema Nacional de Salud. Esto extiende la incertidumbre respecto de las condiciones en que estos podrían operar, aunque para ellos es mejor que lo planteado en el debate, en el cual se rechazó una indicación que decía que los prestadores privados no podrían tener fines de lucro.

Actualmente las personas que cotizan en Fonasa pueden atenderse en el sector privado en libre elección. Esto no se altera con lo aprobado en el borrador hasta ahora.

  • De los cerca de 15,2 millones de beneficiarios de Fonasa, hoy cerca de 3,5 solo se atienden en libre elección y no ocupan el sector público; alrededor de 3,6 millones ocupan ambos sistemas. Por otra parte, hay 3,4 millones en Isapre que solo utilizan prestadores privados.
  • Por lo tanto, Manuel Inostroza estima que si solo se permitieran prestadores públicos, habría 10,5 millones de personas que deberían volcarse al sector público, quienes actualmente no lo usan o solo lo hacen ocasionalmente. Esto generaría un evidente “colapso del sistema”, afirma.

La clave será la cobertura que el legislador decida para el nuevo Sistema Nacional de Salud en los prestadores privados. Actualmente, la ley permite que Fonasa defina cuánto cubre. Inostroza estima que, de los precios en cirugías en clínicas privadas, el seguro público cubre entre un 10% y un 15%, mientras que en la atención ambulatoria -de menor costo y con mayor oferta- la cobertura promedio bordea el 60%.

Plantea que dependerá del legislador el traspaso que personas de la atención privada a la pública. “Si por razones ideológicas se restringe o baja mucho la cobertura, más personas irán a la atención pública y, además, los seguros complementarios para acceder a prestadores privados serán más caros”, advierte. Esto último afectaría principalmente a la clase media.

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