El cambio de ciclo político presenta una oportunidad para examinar la batería de reformas que han redibujado el mercado del trabajo en Chile en los últimos años. Nos encontramos en medio cambios regulatorios importantes: reducción de la jornada laboral a 40 horas, fuertes aumentos del salario mínimo e implementación gradual de mayores tasas de cotización previsional.
Pese a las loables intenciones tras estas reformas, la realidad económica porfiadamente responde a incentivos, y las limitaciones de recursos y de productividad. Para las regulaciones aprobadas en los últimos años, la evidencia acumulada (Tejada y Villena-Roldán, 2025; IPOM, Banco Central de Chile, sept 2025; Joubert 2015) sugiere que el encarecimiento de contrataciones formales en un contexto de estancamiento económico tiene consecuencias predecibles: un deterioro en la creación de empleo asalariado privado y un refugio creciente en la informalidad.
En toda regulación laboral surge una tensión que sus proponentes suelen esquivar. Las políticas de protección laboral implican siempre una decisión costosa: la disyuntiva entre mayores beneficios para los que tienen empleo formal (quienes están “adentro”) y la cobertura o acceso para los que no lo tienen (quienes están “afuera”). Regular jornadas laborales más breves, salarios más altos y pensiones más generosas para empleos formales eleva la dificultad de acceder a éstos y a sus mayores beneficios para grupos importantes de la población.
Esto es particularmente cierto cuando la productividad laboral, la única fuente real de mejoras sostenibles, lleva más de una década estancada en Chile. Sin aumentos de productividad que financien estos mayores costos, las reformas se vuelven barreras de entrada, dejando a los trabajadores menos calificados en condiciones más precarias.
Si bien estas regulaciones son importantes, es necesario abocarse a políticas que promuevan una mayor eficiencia, es decir, que las personas trabajen en lo que son más productivas. Ese tipo de mercado laboral permite un flujo constante de personas hacia empleos donde su talento rinde más y las oportunidades de avanzar y crecer en la carrera laboral son mejores. Sin embargo, nuestra regulación enfatiza desmedidamente la protección de los puestos de trabajo mediante indemnizaciones por años de servicio y otros costos dependiendo de las causales de despido invocadas.
Por estos motivos, los empleadores se vuelven cautelosos al contratar cuando hay costos elevados e inciertos de una relación laboral. Aun sin estas regulaciones, comenzar un empleo significa tomar un riesgo para ambas partes. Al inicio, es incierto si el desempeño estará a la altura de lo requerido por el empleador y si el empleo satisface las expectativas del trabajador. Con una legislación que dificulta en demasía el término de contratos parte del empleador, éste lo pensará dos veces antes de ofrecer un empleo o buscará formas de volverlo informal.
Excesivo proteccionismo regulatorio puede afectar también al corazón del crecimiento económico: la innovación o creación de nuevos negocios. Un marco muy proteccionista se vuelve aún más limitante cuando la empresa contratante está innovando o explorando nuevos negocios, lo que implica exponerse a un riesgo de fracaso considerable. Este mismo punto ayuda a comprender la brecha de innovación entre economías avanzadas flexibles como Estados Unidos y las más proteccionistas en Europa.
Paradójicamente, el intento de dar mayor estabilidad posiblemente contribuye a la alta rotación laboral privada que caracteriza al mercado chileno. Al encarecer la salida, se desincentivan los contratos indefinidos o se induce la rotación antes de que los costos de indemnización se vuelvan prohibitivos. Los empleos inestables lamentablemente dificultan la adquisición de experiencia, el aprendizaje y la capacitación.
Por otra parte, una medida más proteccionista, como el seguro de cesantía, puede ser aprovechada mejor al financiar un período de búsqueda laboral más extenso o variable según las condiciones económicas, además de un monitoreo efectivo y capacitación de calidad. Estas mejorías ayudarían a una búsqueda laboral más efectiva y que concluya con mejores resultados para empleadores y trabajadores.
En suma, es prudente y necesario evaluar constantemente las reformas referidas y las futuras a medida que entran en régimen e ir tomando decisiones de política en base a diagnósticos realizados con seriedad. Por mucho que algunas de estas reformas hayan significado esfuerzos importantes y su concreción se haya demorado, esto no debe ser un impedimento para tomar los mejores cursos de acción en el futuro, ojalá tempranamente, para enfrentar los posibles efectos adversos de las decisiones pasadas.
El día después de apagar el celular en el aula. Por Dr. Jaime Fauré.
https://t.co/2GuQFXGf85— Ex-Ante (@exantecl) December 13, 2025
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