Reformar la Alta Dirección Pública. Por Mario Waissbluth

El gobierno actual superó a los anteriores en la profundidad de su razzia de jefes de servicio, ya que un 53% de estos fueron desvinculados en los primeros 8 meses, superando el 41% del gobierno de Piñera II. La buena noticia es que la razzia no ha llegado, al menos hasta ahora, a los cargos de 2º nivel, siendo tan solo un 14%, por debajo del 16% de Piñera. Esperemos que los nuevos jefes de servicio, supuestamente leales al gobierno de Boric, no repitan las razzias, pues de ser así el próximo año sería una nueva degollina, esta vez en el 2º nivel.

El próximo año se cumplirán 20 desde que me correspondió el honor de ser consejero de la Alta Dirección Pública (ADP). Por eso me movilizó el hecho de que la prensa haya publicado el habitual reportaje cuatrienal: un escándalo por la cantidad de peticiones de renuncia del gobierno entrante a los jefes de servicio con cargos concursados por ADP.

¿En qué consiste la ADP?

La ley define, hasta hoy, 127 cargos de Jefes de Servicio que deben ser seleccionados por ADP. Después de un acucioso proceso de preselección, en base a un perfil del cargo, la ADP envía una terna o cuaterna al Presidente de la República, quien escoge a uno de los integrantes de la nómina, o declara desierto el concurso, lo que en promedio ha ocurrido en pocos casos.

Hay además 1.175 cargos de segundo nivel jerárquico, cuya nómina es enviada al respectivo jefe de servicio. Por ejemplo, un Director de Servicio de Salud es de primer nivel, y los Directores de Hospitales – cargo importantísimo – que le reportan a él son de segundo nivel. Estos nombramientos duran 3 años, renovables por dos veces, hasta un máximo de 9 años.  Aparte, hay más de 3000 cargos de directivos de Escuelas Públicas que se deben concursar por ADP, pero este tema se cuece aparte, otro día lo abordaremos.

El Consejo de ADP está integrado por 4 miembros designados por el Senado (donde se preservan los equilibrios políticos) más un Presidente del Consejo, que es el Director o Directora Nacional del Servicio Civil, un funcionario de confianza del Presidente de la República. Eso suele cargar los dados en dirección al oficialismo de turno.

Las mejoras a la concursabilidad

Dada la tendencia de sucesivos gobiernos (de todos los colores) a hacer razzias en el primer año de mandato, hace un tiempo se corrigió la ley para morigerar estas masacres. La nueva normativa eliminó la abusiva figura de los directivos “transitorios y provisionales” -nombrados a dedo mientras se llevaba a cabo el concurso – y los reemplazó  por subrogantes legales o por directivos de segundo nivel jerárquico del mismo servicio elegidos por la Alta Dirección Pública.

Se estableció una cuota de hasta doce cargos de ADP de primer nivel, que el Presidente/a de la República puede nombrar directamente durante los primeros tres meses de su mandato (para sincerar las cosas); se exigió acuerdo del Consejo de ADP para llevar a cabo concursos en los 8 meses finales de un gobierno (se solían hacer para dejar al siguiente gobierno con las manos atadas), y se estableció la obligación  de efectuar una comunicación fundada previa al Consejo de Alta Dirección Pública para pedir la renuncia de Altos Directivos Públicos de segundo nivel jerárquico, durante los primeros 6 meses de un nuevo gobierno.

La razzia de Boric

El gobierno actual superó a los anteriores en la profundidad de su razzia de jefes de servicio, ya que un 53% de estos fueron desvinculados en los primeros 8 meses, superando el 41% del gobierno de Piñera II. La buena noticia es que la razzia no ha llegado, al menos hasta ahora, a los cargos de 2º nivel, siendo tan solo un 14%, por debajo del 16% de Piñera. Esperemos que los nuevos jefes de servicio, supuestamente leales al gobierno de Boric, no repitan las razzias, pues de ser así el próximo año sería una nueva degollina, esta vez en el 2º nivel.

¿Dónde está la trampita?

¿Cómo logran los Presidentes y los Jefes de Servicio nombrar gente de su color político, si los perfiles del cargo con que – rigurosamente – se seleccionan los finalistas que llegan a entrevista con el Consejo, no abordan el tema de la confianza política? Es muy simple, si el Consejo de ADP no les manda ternas con al menos un candidato claramente de su sector, el Presidente (o el Jefe de Servicio en los de 2º Nivel) tiene la potestad de declarar la terna desierta, obligando así a reiniciar el concurso, lo cual es lento y caro. Como el Consejo ADP sabe esto, suele cuidarse mandando una terna equilibrada.

Para el actual presidente del Consejo, Felipe Melo, “no resulta razonable pensar que el Presidente Boric va a gobernar mayoritariamente con las autoridades del Pdte. Piñera, así como este no gobernó con las autoridades de la Pdta. Bachelet”. Aparentemente, a él le gustaría entonces, por extensión, que todos los cargos sean reemplazados. Qué susto.

Me permito discrepar de él. Los Presidentes gobiernan asignando recursos e impulsando proyectos de ley, y no suelen gobernar dándole instrucciones al Director del Servicio de Salud del Maule, menos aún al Director de un Hospital público, ni tampoco gobiernan dando instrucciones al Director del Servicio Agrícola y Ganadero cuya principal misión es vigilar las zoonosis en el país… a menos, claro está, que se piense en sus Ministros dando instrucciones para contratar militantes de su partido en todos los cargos no concursables…. (¿seré muy mal pensado?)

Supongamos por un momento que el Presidente o su Ministro quieren hacer un giro en las políticas de salud, o de vigilancia ganadera, y verdaderamente necesitan que sus Jefes de Servicio se cuadren con él en algún aspecto de la nueva política. Perfecto. En caso de desobediencia, sería perfectamente legítimo pedirles la renuncia por razones de buen gobierno, con una sólida explicación al Consejo de ADP.

Una aclaración: muchos reclaman porque el costo de los concursos es elevado, de $7 a $10 millones, y que el problema sería este dispendio. Eso es no saber ubicarse con las cifras. Ese costo es similar al de empresas privadas, y además es microscópico, comparado con los impactos negativos en la gestión pública de tener una rotativa de directivos en promedio cada 3,1 años (mucho menos en los de 1^er nivel). Ese es el verdadero costo, y lo pagan los ciudadanos en forma de mala calidad del servicio.

La ADP ha sido todo un éxito

El Sistema de Alta Dirección Pública, aun defectuoso, ha significado en estos 20 años un tremendo logro para Chile. La razón es muy clara: es el Consejo ADP el que por ley le pone la mosca a los perfiles de cargo con que se hacen los diferentes concursos. En algunos casos llega a modificarlo como me tocó hacerlo en ocasiones, si es que el Ministro propone un flagrante “retrato hablado”. Me consta que esos perfiles son técnicamente sólidos. Si el lector no lo cree, es cosa que revise los concursos más recientes en www.serviciocivil.cl.

Con esto, aunque se hayan nombrado buena parte de los postulantes con afinidad ideológica hacia el gobierno de turno, el país puede tener la tranquilidad de que pasaron una barrera técnica indispensable. Por ende, estimad@ lector@, no crea los chismes denigratorios, de que “está todo cuoteado con patanes de sus partidos”, porque no es el caso. Antes de la ADP, esta sí que era una verdadera chacra, se podían designar jefes de servicio que fueran verdaderos analfabetos funcionales… y se hacía.

Cinco propuestas radicales de mejora a la ADP.

El gobierno anterior mandó al Congreso un “reguleque” proyecto de ley sobre el tema, para salir del paso al final de su período. No es lo adecuado. Hay que continuar perfeccionando y blindando el sistema, y me atrevo a proponer las siguientes cinco medidas, a ser plasmadas en una nueva Ley Orgánica Constitucional:

1. Obligar a las autoridades a hacer la petición de renuncia con causales justificadas y por escrito, pero además… hacerle llegar esta petición al Consejo ADP antes de cursarla, y darle la potestad de rechazar la misma, en una audiencia ad hoc al respecto. La sola presencia de esta potestad sería un disuasivo muy poderoso.
2. Eliminar de raíz la causal de “confianza” para despidos salvo, claro está, que el Jefe de Servicio esté “atornillando al revés” respecto a la implementación de alguna política pública, en cuyo caso volvemos al punto anterior.
3. Extender el período de duración del cargo de 3 a 5 años, con lo cual el tope máximo sería más razonable, de 15 años. Una meta crucial del sistema debe ser el aumento en la duración de estos directivos, pues ninguna organización resiste cambios frecuentes en su cúpula.
4. Establecer una moratoria de 5 años antes de que una persona electa en un cargo político, sea este de concejal o lo que fuere, pueda presentarse a concursos de ADP, introduciendo así una sana separación entre ambos mundos.
5. La medida más potente sería blindar constitucionalmente al CADP, haciéndolo autónomo en sus cinco cargos de Consejeros, con Presidente rotatorio elegido de entre los 5. Seleccionarlos además con audiencias previas tan rigurosas como las de magistrados de la Corte o de Fiscal Nacional, garantizándole así al país que todos ellos entiendan en profundidad las complejidades de la gestión pública de nuestro Estado.

• • Adicionalmente, al menos dos de los Consejeros debieran haber sido Jefes de Servicio, para entender a fondo las complejidades de los cargos y los perfiles. Asimismo, hay que divorciar el cargo de Presidente del Consejo del de Director del Servicio Civil (hoy es la misma persona), pues este puede y debe ser un funcionario, que le reporte al CADP en todas las materias pertinentes.
  • Hoy es comprensible que el presidente del Consejo guarde silencio frente a eventuales artimañas del Ejecutivo. Pero con este nuevo modelito, el gobierno de turno se cuidaría mucho de hacer cositas raras en los concursos o peticiones de renuncia, a sabiendas de que los autónomos consejeros lo pueden denunciar en la prensa.

Si en 2023, a veinte años de creación de la principal reforma del estado chileno, se lograra materializar este paquete de mejoras radicales por medio de una Ley Orgánica Constitucional, se habrá dado un salto verdaderamente histórico, impulsando de manera irreversible la tan anhelada modernización de los servicios públicos, en beneficio de toda la ciudadanía.