El lunes recién pasado el Presidente Boric ingresó al Congreso el proyecto de ley para reformar el sistema previsional. Una reforma ansiada por la ciudadanía y que lleva ya dos fracasos en el cuerpo. Pero, además, es una reforma que intenta devolverle el alma al cuerpo a un gobierno que quedó fuera de juego tras de la derrota plebiscitaria.
Tanto así, que luego de la presentación en sociedad de la reforma no hubo ministro ni ministra que se restara de comentarla en radios, matinales o en redes, develando la fuerte ansiedad existente en Palacio por salir del vacío de sentido y contenido en que estaban.
Fue, en ese contexto, en que en una entrevista aludí -propositivamente- a que el repentino enamoramiento gubernamental conllevaba una oportunidad y, al mismo tiempo, el riesgo de terminar siendo una suerte de segundo plebiscito para el gobierno.
Es que, si bien la reforma le permite al mandatario retomar el control de una agenda extraviada y alinear a sus huestes en torno a un proyecto compartido, también es cierto que hoy la reforma a las pensiones no es ni la primera ni la segunda ni la tercera prioridad de la ciudadanía, como en algún momento fue. Tras la aprobación de la PGU al final de Piñera II, la urgencia por la reforma a las pensiones se ha reducido en concomitancia con el incremento de la demanda de la población por un gobierno más enfocado en seguridad y todas sus variantes: economía (costo de la vida, sueldos, empleo) y migración.
Visto así, aun cuando la reforma previsional podría parecer un oasis entre tanta sequía gubernamental, también puede terminar siendo un espejismo si las subjetividades mayoritarias le dan la espada. Existe el riesgo que, al igual que pasó con el enamoramiento presidencial con el Apruebo, la ciudadanía enjuicie que ahora el gobierno se ensimismó en su propuesta de pensiones, desentendiéndose -en términos relativos, se entiende- de las urgencias y agobios más acuciantes de la población.
Por otro lado, y como sucede con a cualquier propuesta de política pública, siempre es posible que la población descrea de la misma, le tenga temor o francamente termine sopesando el remedio como una opción peor a la enfermedad.
Qué, sino eso, pasó con la propuesta de cambio constitucional. Una demanda de cambio a la carta magna altamente sentida y votada por la población, que acabó masivamente rechazada al asentarse entre los votantes la idea de que al aprobar la propuesta se arriesgaba terminar empeorando aún más la calidad de vida, e incluso poniendo en riesgo los logros obtenidos, por escasos que se sintieran.
En ese contexto es que la propuesta presentada busca no disociarse de las subjetividades dominantes al preservar en ella valores fuertemente arraigados en la población: la expectativa de tener libertad de elección, de capitalizar en las cuentas propias y de tener derecho a que parte de lo ahorrado sea heredable en caso de fallecimiento.
Arropados en estos pilares valorados por la población es que los promotores de la reforma han insistido es que esta es una propuesta sensata, para nada extrema y menos refundacional. Habrá que ver si así lo entiende la ciudadanía pues es evidente que sí toca fibras sensibles para la población, partiendo por el hecho de proponer un componente solidario con cargo a las cuentas de los trabajadores. Pero eso no es todo. La tan añorada libertad de elegir se verificará solo en la elección de administradores que invertirán una parte de los fondos, pero no habrá opción alguna de optar en las otras etapas del proceso, pues estas serán monopolio del Estado.
Por otra parte, con la confianza institucional en el suelo, es bien probable que la misma población que no quiere ver más a las AFPs se revele frente a la imposición de destinar sus fondos a una institución estatal, más aún cuando buena parte de ello irá a cuentas nocionales que rápidamente serán entendidas como “un vale por” con la duda que finalmente “pague Moya”.
En fin, hay numerosas aristas en la propuesta del gobierno que harán inevitable la negociación y la búsqueda de grandes acuerdos para sacar adelante esta anhelada reforma. Por lo pronto, tal como está, la propuesta parece no tener piso político para ser aprobada lo que abre la pregunta sobre si esta vez Apruebo Dignidad aceptará que es mejor ceder para llegar a un acuerdo, antes que avanzar sin transar y tirar todo por la borda.
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