Chile exige los mayores montos de indemnización por despido de la OECD. Se pagan 10 sueldos por 10 años de trabajo al despedir bajo contrato indefinido. El promedio de la OECD es sólo 3,2 sueldos, incluyendo a 11 países que no tienen indemnización. Los altos montos y que sólo se pagan al despedir, en lugar de beneficiar a los trabajadores, los perjudica: daña la creación de empleos de calidad y les quita libertad de moverse a mejores oportunidades laborales.
Los montos muy altos de indemnización por despido perjudican la creación de empleos de calidad, ya que las empresas se anticipan a los eventuales costos, desincentivando los contratos indefinidos protegidos por ella. En los países de la OECD, a mayor monto de la indemnización por despido, un menor porcentaje de la fuerza laboral, integrado por las personas que desean y pueden trabajar, tiene contrato indefinido. Como es de esperar entonces, Chile es de los países que entrega las mayores indemnizaciones, pero también aquel en que un menor porcentaje de la fuerza laboral tiene acceso a ellas.
Además de impedir que más chilenos tengan acceso a empleos de calidad, la indemnización les quita libertad a los trabajadores para cambiarse voluntariamente de trabajo, ya que el pago sólo lo reciben si son despedidos. Esto los desincentiva a renunciar y moverse a otras empresas más productivas o compatibles con sus preferencias y habilidades. También genera que los trabajadores se mantengan en puestos en los que están pocos satisfechos, bajando su desempeño.
Por otra parte, el hecho de que el monto de la indemnización sea un sueldo por cada año de trabajo genera distorsiones al momento de tomar decisiones. Un empleador puede tener incentivos a despedir a un trabajador con buen desempeño y comprometido con la empresa, antes que a un trabajador con bajo desempeño que lleva más tiempo en la empresa, cuyo costo de despido es más alto. Esto genera una percepción de injusticia, dañando la motivación y el ambiente laboral.
¿Cómo eliminamos esas distorsiones? Reduciendo la indemnización y haciéndola a todo evento, a través de una cuenta de ahorro de propiedad de cada trabajador. Esta cuenta se financia integrando la actual cotización mensual de 2,2 puntos de la cuenta individual del seguro cesantía, más una cotización extra de 1,91 puntos, con cargo al empleador. En total, 4,11 puntos de cotización se depositarían mensualmente, lo que acumula, sin considerar la rentabilidad del fondo, medio sueldo por cada año trabajado.
El trabajador sería dueño de los recursos de esa cuenta, tanto si es despedido como si renuncia voluntariamente. Para acceder a los recursos sería necesario estar cesante, y los montos de las prestaciones a las que tendría acceso aumentaría respecto a lo que entrega hoy el Seguro de Cesantía. Sin embargo, si el trabajador tiene acumulado en su cuenta de indemnización una cantidad de fondos suficiente para financiar cinco meses de cesantía, debiera poder retirar el excedente acumulado, independiente de su situación laboral en ese momento.
Este sistema sería una alternativa al actual esquema de indemnización, disponible para las nuevas contrataciones de plazo indefinido, respetando las indemnizaciones de los actuales trabajadores.
Reducir la indemnización y que sea a todo evento permitirá entregar más libertad a los trabajadores para que busquen mejores oportunidades laborales, estén protegidos en épocas de desempleo, junto con reducir los costos de contratación, y así facilitar la creación de empleos formales de calidad en el país. Es una reforma necesaria para darle más dinamismo y flexibilidad a nuestro mercado laboral, y lograr que un mayor porcentaje de los chilenos esté bajo la protección del empleo formal.
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