Tras las reuniones del fin de semana pasado de los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, la Constitución de 1980 o del 2005, como se prefiera llamarla, parece definitivamente desahuciada, como de hecho ya lo había dictaminado el pueblo chileno en el plebiscito de 2020.
Los partidos, sin embargo, llaman a rechazar la propuesta de la Convención Constitucional.
El problema es que, de ganar el rechazo a la propuesta de nueva constitución, la constitución vigente sigue siendo el marco político y jurídico en el que se desenvolverá el país, al menos por un buen tiempo. Por eso los partidarios de respaldar la propuesta de la Convención pueden decir sin faltar a la verdad que en el plebiscito de septiembre el dilema es volver a una constitución que nunca logró legitimarse como una casa común, o apoyar esta nueva propuesta que emerge de un proceso democrático tras el acuerdo del 15 de noviembre de 2019.
Entonces, si de lo que se trata es de convencer al país que de ganar el rechazo vendrá un nuevo esfuerzo constituyente en el que se respetará la idea del estado social y democrático de derecho y se reconocerá a los pueblos originarios y el carácter multicultural del país, así como una regionalización verdadera, todos temas que han esperado pacientemente por décadas, pues entonces, y dado que seguirá vigente la actual constitución, no basta con las positivas declaraciones y acuerdos de los partidos de Chile Vamos para convencer a los chilenos que el camino del rechazo abre una posibilidad de cambios, una continuidad del proceso constituyente.
De hecho, lo que ocurriría es que el poder constituyente regresaría al Congreso Nacional y cuesta creer que si no se cambian los quorum para reformar la constitución vigente vaya a pasar algo de lo declarado por Chile Vamos.
Por eso, la prueba de la blancura para obtener credibilidad no es hacer un conjunto de declaraciones de buenas intenciones sino desarmar aquello que impide los cambios y el gobierno (en un sentido amplio) de las mayorías. Una reforma inmediata de la constitución vigente rebajando el quorum para su reforma daría certeza al “rechazo para reformar”.
Ciertamente la propuesta de la Convención entrega muchas razones para votar rechazo en el plebiscito. La idea de la plurinacionalidad y las autonomías territoriales, la pérdida de autonomía del poder judicial, la disolución del Senado, la pérdida de instrumentos del ejecutivo para enfrentar situaciones críticas cada vez más probables, las nuevas atribuciones de los diputados para gastar el dinero público, amén del espíritu revanchista y sectario que exuda la mayoría de la Convención y que de aprobarse el proyecto se hará mucho más patente, hace que tanto por razones de fondo como de espíritu, sea sumamente válida la opción del rechazo, como el mismo presidente Boric lo ha aceptado.
Los que vienen son días claves. La Convención puede seguir profundizando la parcialidad de su mirada, sabiendo, como lo ha reconocido Fernando Atria en un contundente artículo explicativo, que ya no se trata de construir una idílica “casa de todos”, sino de aprobar su texto, aunque sea por un voto; o bien puede hacer un último esfuerzo por darle a ese 80% de chilenos y chilenas que apostó a este proceso constituyente, una buena razón para dejar atrás las aprehensiones y votar apruebo.
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