Razones para votar Rechazo. Por Andrés Velasco

Votar Rechazo no resulta fácil, pero sí resulta imperativo. Esta no es la Constitución que Chile necesita. Tener que elegir, como argumentan algunos, entre el texto que se propone y la Constitución vigente, es una disyuntiva falsa. El Rechazo no es el fin del camino. Es el comienzo de un nuevo camino, que debe llevarnos a una Constitución mejor.

En el curso del trabajo de la Convención publiqué siete columnas en Ex-Ante analizando los potenciales problemas del texto que se redactaba. En esta columna hago un balance, reitero y resumo argumentos, y explico por qué me parece que la alternativa menos mala es el Rechazo.

Votar Rechazo no resulta fácil, pero sí resulta imperativo. Esta no es la Constitución que Chile necesita. Tener que elegir, como argumentan algunos, entre el texto que se propone y la Constitución vigente, es una disyuntiva falsa. El Rechazo no es el fin del camino. Es el comienzo de un nuevo camino, que debe llevarnos a una Constitución mejor.

Por supuesto que el texto constitucional propuesto contiene avances: el reconocimiento de los pueblos originarios, el énfasis en la paridad de género, la prioridad otorgada al medioambiente y la expresión clara de derechos políticos y sociales.

A pesar de esos avances, el resultado global no es satisfactorio. Una Constitución es, por sobre todo, un marco para el ejercicio del poder político. Y lo que se propone es un sistema político de difícil gobernabilidad, proclive a la fragmentación y el conflicto, y que deja muchas puertas abiertas al populismo cortoplacista.

El proyecto constitucional omite, incomprensiblemente, el sistema electoral. Esto es equivalente a escribir el reglamento del fútbol sin especificar cuántos jugadores integran cada equipo. Peor aún: la única mención en el texto al sistema electoral consigna que debe ser proporcional, y la evidencia comparada sugiere que los sistemas proporcionales funcionan bien en regímenes parlamentarios, y no en regímenes presidenciales como el que plantea.

El sistema electoral es clave también para fortalecer a los partidos, que suelen ser influyentes y cohesionados en aquellos países que eligen a los parlamentarios en listas cerradas, con el orden al interior de cada lista fijado por la directiva partidaria. Esto para las redes sociales es inaceptable, y por lo tanto las indicaciones que proponían listas cerradas no prosperaron. También se desechó la idea de que el parlamento fuese elegido durante la segunda vuelta presidencial, lo que habría ayudado a construir mayorías que apoyen al nuevo gobierno.

Este texto constitucional, de entrar en vigencia, produciría un parlamento aún más fragmentado (hoy ya son 22 los grupos representados), partidos políticos débiles, y perpetuaría el problema que ha afectado a la democracia chilena desde hace mucho: la llegada al poder de gobiernos incapaces de construir mayorías y, por lo tanto, incapaces de llevar a la práctica el programa con el que fueron elegidos. Es la receta perfecta para generar frustración entre los votantes y desprestigiar a la democracia.

El sistema de concurrencia presidencial, en que el parlamento puede iniciar proyectos de ley en materias que hoy son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero éste a su vez puede negarles el patrocinio, parece una fórmula ideal para estimular el conflicto permanente entre el gobierno y el congreso. Bastará con que surja una idea mala pero popular para que un grupo de parlamentarios presente un proyecto de ley, reúna apoyos y presione al ejecutivo para que lo patrocine. Si el gobierno cede una y otra vez, habrá triunfado el populismo y será el fin de la responsabilidad fiscal. Si el gobierno no cede, los parlamentarios seguirán con la presión, en torno al mismo proyecto u otro igualmente populista.

El diseño propuesto contempla una Cámara de Diputados y Diputadas omnipotente, que conoce de todas las materias y que por una mayoría de 4/7 puede ignorar los vetos de la Presidencia de la  República. Incluye también un esmirriado sucesor del actual Senado: la llamada Cámara de las Regiones, que otorga poco poder a las regiones y tiene atribuciones misérrimas. Esta fórmula limitaría la influencia de las regiones, concentraría el poder en una cámara hipersensible a los intereses centralistas y los humores de las redes sociales, y debilitaría el contrapeso de la Presidencia de la República.

En materia de descentralización el texto no lo hace mucho mejor. La cesión de competencias desde el centro es necesaria, pero hay que hacerla bien. El texto propuesto establece que Chile será “un Estado Regional” conformado por “comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas”… “dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses.”

Esta hiperfragmentación parece muy progresista, pero puede terminar siendo todo lo contrario. Un ejemplo: la Constitución garantiza el derecho a la salud y la educación, pero el ejercicio efectivo de esos derechos dependerá de la capacidad administrativa y financiera de las regiones, comunas y autonomías territoriales. Y que nadie se engañe: mientras más pequeño el estamento estatal, más débil y por lo tanto más susceptible a la captura.

Mucho mejor habría sido que la nueva Constitución incluyera, como ocurre en España, una lista de asuntos de la exclusiva competencia del gobierno central. Hay muchas áreas en que no tiene sentido que las regiones, los municipios y cualquier otra autonomía se pongan a redactar sus propias reglas. Eso solo lleva al conflicto, la duplicación de funciones y la burocracia excesiva.

Los gobiernos regionales y locales también podrían emitir deuda. La experiencia de Argentina y Brasil en esta materia es desastrosa, y cuesta creer que sería muy distinto en el caso de Chile. El texto afirma que los fondos recaudados mediante la emisión de deuda no podrían ser utilizados para pagar remuneraciones ni gasto corriente, lo que supuestamente limitaría las tentaciones populistas. Pero esa prohibición resulta inútil porque, como dicen los economistas, el dinero es “fungible”. Decirle a un ciudadano que no puede usar su tarjeta de crédito para salir de farra no tiene ningún efecto si el ciudadano puede usar la tarjeta de crédito para pagar las cuentas de la luz y el agua, y la plata de las cuentas para irse de fiesta.

Este errado diseño descentralizador tiene su origen en otro problema del texto propuesto: el enfoque identitario extremo que lo motiva. Por supuesto que Chile debe albergar, reconocer y respetar a más de una identidad étnica o cultural. Pero el reconocimiento de esas identidades múltiples es el inicio de la construcción de una nación, no el final.

En este punto el texto propuesto equivoca el camino. Reivindica identidades estrechas en un lenguaje tortuoso y confuso. El afán identitario lleva, como enfatizó el semanario inglés The Economist, a que el texto sea “ridículamente amplio”. El derecho de “campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales” incluido en el texto resulta, sin duda, importante para algunos, pero no es ni debe ser materia constitucional.

La reacción de la clase media al identitarismo extremo contribuyó a crear el monstruo de Donald Trump en Estados Unidos y al error histórico del Brexit en Gran Bretaña. También alimenta populismos de derecha como los de Bolsonaro en Brasil, Orban en Hungría y Modi en la India.

Ningún progresista puede querer que un populista autoritario y conservador llegue a La Moneda. Esa es una razón más para que la centroizquierda se atreva y vote Rechazo —no para dar por concluida la tarea constitucional, sino para proseguirla con la misma esperanza del plebiscito de entrada—.