Propuesta constitucional económica: disipando los fantasmas. Por Juan José Obach

Director ejecutivo de Horizontal

En materia económica, las primeras señales son positivas: permea a las normas un espíritu de continuidad y de reformismo gradual en aquellas materias que lo ameritan. Todavía queda camino por recorrer y el proceso no estará exento de presiones.


El jueves pasado las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta evacuaron sus informes con propuestas de normas constitucionales. En materia económica parece que se avanza en la dirección correcta. Gran parte de las disposiciones constitucionales que hoy aseguran la libertad económica se mantienen y se proponen innovaciones en desafíos propios de estos tiempos, como el balance entre cuidado al medioambiente y desarrollo económico, la libre competencia y la protección de los consumidores.

Que los primeros informes de la Comisión Experta no hayan sido una gran noticia la semana pasada, es en sí una buena noticia. Esto habla de una redacción sobria y respetuosa de nuestra historia constitucional. A fin de cuentas, la redacción de una (buena) Constitución no debería ser objeto de portadas de diario ni matinales. Así, el proceso avanza a paso firme bajo el radar de las estridencias. Dentro del articulado, las normas de carácter económico juegan un rol crucial para habilitar un crecimiento inclusivo y sostenido para las próximas décadas.

El texto propuesto parte revindicando el principio de responsabilidad fiscal en el contexto de un Estado Social de Derecho (Art. 3, Capítulo 1). Es decir, se impone una sana restricción al gasto fiscal de un Estado llamado a cubrir una serie de derechos sociales. Junto con esto, se mantiene la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto fiscal. La propuesta también avanza a paso firme hacia una descentralización fiscal, propendiendo a que progresivamente una parte significativa del gasto público sea ejecutado a nivel regional y local. Si bien esto es deseable, es importante que esta mayor autonomía venga acompañada de restricciones y gradualidad en temas tan sensibles como la aplicación de sobretasas a ciertos tributos o la capacidad de gobiernos locales de contraer deuda.

El rango constitucional del Banco Central es otro elemento económico que se resguarda de buena manera, manteniendo su actual composición y autonomía. Adicionalmente, el texto propone elevar a la Constitución una serie de disposiciones que hoy se encuentran en la Ley Orgánica Constitucional como los mecanismos de designación y remoción de sus Consejeros. Un aspecto positivo a resaltar es que el actual articulado —a diferencia del texto rechazado el 4 de septiembre— no permite que la mayoría simple de los diputados pueda remover a un consejero, evitando la politización de las decisiones del Consejo.

El régimen de bienes comunes logra una sana combinación entre su cuidado y explotación. El agua se consagra como un bien nacional de uso público; se mantienen los actuales derechos de aprovechamiento; se releva el rol del Estado en garantizar este derecho para las generaciones actuales y futuras; y se prioriza el consumo humano. Por otro lado, el régimen de concesiones mineras queda bien establecido, con concesiones otorgadas por resolución judicial y su dominio queda protegido constitucionalmente. Por último, el régimen de expropiaciones establece que deben cubrir el daño patrimonial efectivamente causado y su pago debe ser en efectivo.

El texto también abarca una serie de desafíos económicos, que la actual Constitución no recoge. Primero, se le entrega al Estado el deber de proteger el medioambiente y promover la sostenibilidad y el desarrollo, dejando de lado el inconducente antagonismo “crecimiento económico – cuidado del medio ambiente”. Ahora, este articulado puede mejorarse ya que se habla del derecho a vivir en un medioambiente “libre de contaminación”, cuando la tendencia mundial es a establecer un medioambiente “sano”. Segundo, se hace mención expresa a la defensa de la libre competencia y a la defensa de los consumidores por parte del Estado y lo obliga a no discriminar arbitrariamente en materias económicas. Por ejemplo, en este último punto, se exige estimar anualmente en la Ley de Presupuestos los costos fiscales de las actuales franquicias.

Así, con estos primeros informes y la votación en el pleno del articulado común (ayer se aprobaron por unanimidad los primeros tres capítulos) se va dando forma al anteproyecto que recibirán en junio los Consejeros electos. En materia económica, las primeras señales son positivas: permea a las normas un espíritu de continuidad y de reformismo gradual en aquellas materias que lo ameritan. Todavía queda camino por recorrer y el proceso no estará exento de presiones, pero, al menos en esta primera vuelta, los fantasmas del refundacionalismo parecen disiparse.

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