Mariela Hernández Acevedo, jueza del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, asumió en 2022 como Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), que representa al 70% de los jueces del escalafón primario del Poder Judicial. La magistrada ha seguido con preocupación la indagatoria que abrió el Ministerio Público por amenazas a jueces de Santiago, provenientes del crimen organizado.
Según los antecedentes conocidos hasta el momento, se habría detectado un supuesto plan elaborado en prisión por miembros del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana, para atentar contra magistrados del 7° Juzgado de Garantía de Santiago. En radio Universo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó el hecho de “máxima gravedad” y dijo que es “cruzar una frontera de la cual es muy difícil volver”. Ya se ordenó resguardo policial para 14 magistrados.
-¿Cuál es la opinión de la Asociación de Magistrados respecto a estas amenazas de vida contra jueces que se están investigando?
-Para la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados la seguridad de los jueces ha sido una preocupación constante. No son pocas las oportunidades donde lo hemos manifestado. Los hechos denunciados ya están siendo investigados por el Ministerio Público, y se están arbitrando las medidas para enfrentar esta situación, que nos parece compleja. Desde la Asociación nos la tomamos con la seriedad e importancia que reviste para el Estado de Derecho que haya ocurrido este tipo de amenazas. Sobre los antecedentes que se han tenido a la vista, es materia de investigación y preferimos no emitir opinión al respecto a fin de no interferir en la labor del ministerio público.
-¿Han conversado con los jueces para saber cómo están y si están con las medidas de seguridad adecuadas?
Hemos estado conversando constantemente con los jueces, quienes están tranquilos, realizando las funciones que les corresponden sin que este hecho haya interferido en sus labores.
-¿Este tipo amenazas es un hecho inédito o lo han enfrentado antes?
-No es un hecho inédito, sin embargo es la primera vez como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas donde estaría involucrada una organización criminal. Sin embargo, queremos hacer un llamado a la ciudadanía a estar tranquilos, los jueces y juezas no nos sentimos amedrentados y seguiremos realizando nuestra labor conforme el mandato constitucional y legal que nos corresponde.
-¿Desde su gremio haría un llamado a las autoridades políticas sobre este asunto?
-Las instituciones en Chile funcionan, y así se ha demostrado en estos últimos días, donde hemos visto el trabajo coordinado que se ha realizado.
-¿Con qué medidas de seguridad cuentan los jueces? ¿Van a coordinar con el gobierno y las policías nuevas medidas?
En septiembre de 2022, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública suscribieron un Convenio de Seguridad en dependencias del Poder Judicial, Tribunales de Garantía y Tribunales orales en lo penal, convenio que tiene por objeto velar por la seguridad y el resguardo de jueces, fiscales, defensores, funcionarios y usuarios en general.
Dentro de las medidas que podrían adoptarse están la asistencia telemática de algunos de los intervinientes a las audiencias, accesos diferenciados, incluso personal policial en servicio activo de ser necesario, por lo que existen herramientas para velar por la seguridad de todos. Insistimos en que, en este caso particular, las Instituciones están trabajando coordinadamente, el Ministerio Público se encuentra investigando y se han adoptado las medidas necesarias.
-¿Puede existir riesgo, como ha ocurrido en otros países, que algún juez se sienta presionado o amedrentado por este tipo de amenazas? ¿Cómo combatir eso?
-Esperamos que eso no ocurra y que las instituciones sigan funcionando. Los jueces somos y seguiremos siendo garantes del Estado de Derecho.
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