Esta elección presidencial no se parece a ninguna de las 7 efectuadas desde 1989. El factor determinante es la crisis originada por la irrupción de la violencia en gran escala el 18 de octubre de 2019, lo que provocó inmensos daños materiales, descompuso nuestra convivencia, debilitó la legalidad, fomentó la demagogia parlamentaria y estuvo a punto de hundir el régimen democrático.
Todavía no conocemos la historia completa de lo ocurrido, pero ya no se sostiene el relato de que estallaron los malestares, y no porque no los hubiera, sino porque eran más o menos los mismos que había con Bachelet, y ella no enfrentó nada parecido. Revuelta, no estallido, han dicho los propios protagonistas del vandalismo, y también los que quieren indultarlos. Revuelta, sin duda, vale decir, sedición.
Los objetivos de las fuerzas político/delictivas que impulsaron la destrucción y el pillaje eran transparentes: crear una situación de ingobernabilidad y, en lo posible, derribar a Piñera. A partir de entonces, hemos visto la vacilante marcha del país en medio de la pandemia, la violencia que se hizo costumbre y, sobre todo, la deslealtad de las fuerzas opositoras hacia la democracia. De ese modo, y como consecuencia de la precariedad de los liderazgos, el país se encuentra hoy en un atolladero constitucional.
Y aquí estamos ahora, observando el espectáculo de la Convención, ese segundo parlamento creado indolentemente por los senadores y diputados, y que, dominado por una corriente que proclama su voluntad de refundar Chile, ha multiplicado los factores de incertidumbre. Vamos a elegir presidente de la República y parlamentarios en el mismo momento en que la Convención estará discutiendo el piso en que ellos estarán parados. ¡Fueron demasiadas las negligencias que nos condujeron a esto!
Así las cosas, es posible que muchos electores tiendan a definir una especie de voto defensivo, con el fin de evitar males mayores. Es la conciencia de que no estamos ante una elección normal. En realidad, es mucho lo que está en juego, por lo que no queda sino establecer un duro orden de prioridades.
Chile necesita reforzar la legalidad democrática, erradicar la violencia y evitar el descarrilamiento económico. La mayoría quiere que se afiancen las libertades en un marco de orden y seguridad, con un Estado que proteja eficazmente a la población. De eso depende todo lo demás.
Lo más desestabilizador para Chile sería la llegada de Boric y el PC a La Moneda. Entre las otras candidaturas, hay discrepancias sobre muchos asuntos, pero nada se compara con el riesgo de que el país se deslice hacia una aventura populista que reedite el estatismo que fracasó con Allende, y que generaría un cuadro de polarización y confrontación que podría plantear una prueba de fuego para la democracia.
Sebastián Depolo, candidato a senador del Frente Amplio, lo acaba de decir con todas sus letras: “Vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”. El programa de Boric habla de “refundar las policías”, y allí se resume la liviandad experimental que no mide consecuencias. El PC mantiene estrechos nexos con las dictaduras de Cuba y Venezuela, y ese es un dato rotundo sobre lo que puede esperarse. Es real la posibilidad de fractura social y política.
Se requerirá un gran acuerdo para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad en los próximos años. Esa es la condición para que Chile supere las actuales dificultades y vuelva a progresar.
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