Este martes se conoció una nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción que, desde el año 1995, realiza Transparencia Internacional. Como suele ser la tónica en esta materia, las noticias no son alentadoras ya que 2/3 de los países evaluados -180 en total- tienen menos de 50 puntos (en una escala donde 100 es nada corrupto y 0 es muy corrupto), es decir, la gran mayoría vive en entornos con mucha corrupción.
Esto afecta el ejercicio de derechos básicos como a la educación, salud y seguridad social -particularmente de las personas más vulnerables-, a vivir en ambientes libres de contaminación, a la igualdad de trato, el acceso a la justicia e, incluso, puede ser un riesgo para la vida de algunas personas en entornos de alta violencia y crimen organizado, como ocurre en países de nuestra región, como en México y Centroamérica.
Para nuestro país las noticias no son mejores. Este año obtuvimos el peor desempeño desde que se realiza esta medición, con 63 puntos y quedando en el lugar 32, es decir, por primera vez no estamos dentro de los primeros 30.
No hay que negar que estamos muy por encima del promedio regional de 42 puntos e incluso mejor que países europeos más desarrollados y con mayores ingresos —como España, Italia y Portugal—. De hecho, nuestra puntuación es más bien propia de países de Europa Occidental —64 puntos en promedio— y OCDE —65 puntos en promedio— pero estamos cada vez más lejos de nuestro mejor momento en la medición, cuando estuvimos liderando la región con 73 puntos el año 2014.
¿Qué ocurrió en el último año para este desplome? Una de las deficiencias de este instrumento —que se basa, a su vez, en una serie de encuestas a expertos e indicadores internacionales— y que mide exclusivamente la corrupción en el sector público, es que da pocas pistas de las razones exactas para sus resultados o qué se debe hacer para repuntar o mejorar el desempeño —como han hecho exitosamente en los últimos años países como República Dominicana y Uruguay—.
Sin embargo en lo que más descendimos es en la evaluación de competitividad económica, seguridad para invertir y riesgo país. Probablemente los múltiples y sucesivos casos de corrupción que se investigan en municipios en todo el país han abonado a lo anterior y, para qué decir, el caso Audios con sus múltiples aristas que han golpeado fuertemente a instituciones clave para esa certeza como el Poder Judicial. También está el caso Convenios.
Por su parte, la agenda de reformas, principalmente en el Congreso, no avanza mucho: hace un tiempo ya se encuentran estancados en el Senado el proyecto de ley de transparencia 2.0 —clave para modernizar la institucionalidad de acceso a la información pública a la luz de las expectativas ciudadanas y el desarrollo tecnológico— y el proyecto de ley de integridad municipal —que permitiría disminuir las posibilidades de fraudes como los que hemos visto en municipios y sus corporaciones—, y otros proyectos que el gobierno ha ingresado prácticamente ni se han discutido: el de beneficiario final —clave en la lucha contra el crimen organizado y seguir la ruta del dinero— y de transferencias a organizaciones de la sociedad civil —para prevenir posibles futuros casos convenios—.
Si bien el desplome de este año es grande. Por primera vez salimos del top 30. Es clave que nos tomemos este tema en serio y el Gobierno y el Congreso acuerden una importante agenda de reformas que incluya el avance en sistemas de nombramientos judiciales.
Los países más corruptos son presa fácil del autoritarismo y populismo, pero también tienen peores indicadores de desarrollo humano, inversión extranjera y crecimiento económico, además de ser más inseguros.
Es decir, por todos lados la lucha real y efectiva contra la corrupción es una inversión como país, pero requerimos de voluntad política, agendas transformadoras y ambiciosas, con una implementación adecuada. No es fácil, pero es posible.
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