Pía Palacios, de Techo Chile, y explosivo crecimiento de familias viviendo en campamentos en Arica y Parinacota: “La mitad corresponde a inmigrantes”

Techo Chile presentó este mes su Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, registrando un aumento del 39,5% de familias que viven en campamentos con respecto a la última medición, de 2020-2021. Pía Palacios, directora del centro de estudios de Techo, dice que “existe una correlación entre que los campamentos sean más grandes y exista un mayor porcentaje de familias inmigrantes”.

Pía Palacios, directora del centro de estudios de Techo Chile, aborda los complejos números del catastro, que se realizó entre julio de 2022 y febrero de 2023: existen 1.290 campamentos distribuidos a lo largo del territorio nacional, equivalente a 113.887 familias. De ese total, 39.567 familias inmigrantes viven en esa condición, lo que corresponde a un 34,7% del total de hogares en campamentos. El catastro anterior fue realizado entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

-¿Con qué cifras se puede comparar la magnitud de esta problemática?

-Siempre tuvimos problemas de vivienda, sobre todo cuando el Estado no se hacía cargo de esto con la migración campo-ciudad. Sin embargo, respecto a las mediciones al menos del último tiempo, en el año 1996 hubo un catastro de asentamientos irregulares por parte de MINVU junto con la Universidad de Chile donde cifraron en 104.000 las familias que vivían en esta situación. Ahora estamos hablando de 114.000 aproximadamente.

-¿Por qué en el norte los campamentos son más grandes? 

-Existe una correlación efectivamente entre que los campamentos sean más grandes y exista un mayor porcentaje de familias inmigrantes. Pero correlación no significa causalidad. Entonces en este caso no hemos podido indagar en las causas que llevan a que los campamentos sean mucho más grandes en estos sectores que en otros. No tenemos la causa como tal, pero sí sabemos que se correlaciona.

-Existe un aumento porcentual de familias viviendo en campamentos en Arica y Parinacota, que se eleva 301,8% respecto de la anterior medición, de 2020-2021. ¿A qué lo atribuye?

-En la región de Arica y Parinacota, más o menos un 50% corresponde a familias inmigrantes. En esto tenemos que entender también la posición geopolítica y estratégica que tiene esta región, porque justamente hay un paso fronterizo ahí bastante importante. La mayoría de los campamentos nuevos, que son 7 en este último período (2022-2023) están localizados en el camino que une el paso fronterizo y la ciudad de Arica.

-Entre 2010 a 2020 aumentó exponencialmente la cantidad de campamentos y familias viviendo en ellos, pero este fenómeno se ha acentuado en los últimos 3 años. 

-Tenemos que abarcar este problema por diversos frentes. El primero es generar ofertas de viviendas de interés público, se necesita construir más. El banco de suelos tiene que estar funcionando súper bien, tiene que haber suelo que esté bien localizado. No podemos seguir dejando a las familias a la periferia de las ciudades.

Pero también necesitamos apuntar a la demanda. Sabemos que el gobierno se puso una meta sumamente ambiciosa de 260.000 nuevas viviendas hasta el término del período. Pero también sabemos que el déficit habitacional es muchísimo mayor. Hay que adecuar ciertas políticas que ya existen, porque el Estado cuenta con mecanismos para poder otorgar viviendas, ya sea en propiedad o en arriendo.

Por ejemplo, el caso del subsidio de arriendo es sumamente rígido, porque pide muchos requisitos para poder optar a él y las familias una vez que se lo ganan no tienen oferta para poder cobrarlo. No existen arriendos por esos precios. Tenemos que adecuar las políticas públicas a eso, para poder “atajar” a las familias antes de que lleguen a vivir a campamentos.

-¿Han tenido conversaciones con autoridades para presentar iniciativas de emergencia?

-Con parlamentarios todavía no. Sin embargo, con el ministro (Carlos) Montes, la subsecretaria y el encargado de campamentos a nivel nacional nos reunimos una semana antes de que saliera el catastro para ponernos a disposición.

-¿Qué riesgos sanitarios hay asociados a la existencia de campamentos?

-Siempre es un riesgo sanitario, sobre todo de aquellas familias que no pueden acceder al agua potable de otra manera que no sea mediante la conexión a la red pública. Sabemos que hay muchas familias que están accediendo mediante camiones aljibe, que es la segunda forma más común en que se accede al agua potable y se hace mucho más predominante en el norte del país que en el centro y en el sur.

-Se ha hablado de mafias que se toman cerros, paños, para lotearlos y venderlos ilegalmente. ¿Cuán frecuente es esta realidad? 

-No es un elemento en común. Hemos podido constatar que existe venta de terrenos, pero esto no es mayoritario. Según lo que levantamos, solamente un 8% habla acerca de que los campamentos se conforman mediante el loteo y la venta de terrenos. Estamos hablando de que un porcentaje muy mayoritario sigue conformando los terrenos sin pago. Entonces, tampoco podemos desconocer que es un fenómeno que efectivamente existe, sin embargo, sigue siendo minoritario.

-El catastro de Techo indica que buena parte de las familias indican su razón para llegar a los campamentos es por necesidad de independencia ¿Qué significa aquello?

-En este caso habla acerca de personas u hogares que vivían previamente alguna situación de exclusión socio-habitacional y este tipo de exclusión habitacional también se vive al interior de las ciudades. Estamos hablando de personas que viven en algún tipo de situación de allegamiento, hacinamiento más crítico o incluso en temas de arriendo abusivo, por ejemplo. En este caso, estas personas que vivían sobre todo en allegamiento y en hacinamiento nos hablan mucho acerca de la necesidad de independencia y ante la imposibilidad de conseguir algo dentro del mercado formal se ven en la necesidad de irse a un campamento.