Permisología: los costos de “entendimiento” y sus efectos sobre la inversión. Por Sandra Bravo

En el caso de Chile, la actividad con mayor carga burocrática es la construcción que para funcionar requiere de una serie de permisos que tardan hasta tres meses en recibir la aprobación por parte de la Dirección de Obras Municipales y cerca de 1.618 horas en la realización completa de los trámites requeridos para su operación. Esto confirma la necesidad de una revisión profunda.

Si bien no existe una definición formal, se podría decir que los costos de entendimientos son aquellos en los que una persona o una empresa debe incurrir cuando quiere implementar una iniciativa o formalizar un negocio. Específicamente, hace referencia a los costos en tiempo y en dinero que un emprendedor debe asumir en conocer el entramado de permisos y solicitudes que harán factible su negocio, reunir los requisitos de cada uno de los organismos asociados al trámite (para un pequeño proyecto como una microempresa familiar son al menos tres) y llenar las diversas solicitudes, que en la mayoría de los casos están escritos o requieren un lenguaje distinto.

Estos costos, que no están explícitos y que imponen una pesada carga sobre el emprendedor, terminan siendo un factor disuasivo en la implementación de sus proyectos de inversión, ya que cuando la regulación es engorrosa, poco clara, o contempla plazos excesivos, se altera la rentabilidad esperada de los proyectos y se reduce el valor del producto marginal del capital.

Una de las formas usadas para aproximarnos a los “costos de entendimiento” es a través del tiempo o el número de horas hombre dedicadas a la realización de un trámite o la obtención de un permiso de funcionamiento. Según el Índice de Burocracia, en Chile una empresa pequeña tarda en promedio 470 horas al año en la realización de todos los trámites burocráticos necesarios para poner en marcha su negocio, lo que equivale a 52 jornadas laborales de dedicación exclusiva al cumplimiento de la carga administrativa.

El índice también revela que, en el caso de Chile, la actividad con mayor carga burocrática es la construcción que para funcionar requiere de una serie de permisos que tardan hasta tres meses en recibir la aprobación por parte de la Dirección de Obras Municipales y cerca de 1.618 horas en la realización completa de los trámites requeridos para su operación. Esto confirma la necesidad de una revisión profunda de la estructura institucional que adecúe los requisitos y tiempos de respuesta según el nivel de riesgo de la actividad y considere además el tamaño de las empresas.

Pero si bien el marco regulatorio y los tiempos asociados a su gestión son una limitante para la inversión, la buena noticia es que se pueden resolver en el corto plazo, ya que la aplicación de mejoras administrativas y/o de coordinación requiere la voluntad de los organismos del Estado y su aplicación es casi que inmediata.

Esto es al parecer a lo que apunta el Gobierno con el lanzamiento del “Sistema Inteligente de Permisos y Evaluación Ambiental 2.0”, que se ofrece como una reforma profunda a la manera en que se entregan hoy los permisos sectoriales, al incluir mecanismos como el establecimiento de tiempos máximos, la regulación del silencio administrativo para los casos en que el organismo no responda dentro del plazo especificado y la inclusión de una plataforma como ventanilla única del Estado para la realización de los permisos sectoriales. Sobre este último punto sería importante que no sólo estén a disposición los trámites, sino que se entregue una cierta coherencia en cuanto al orden y disposición de la información, para que la solución integre las necesidades del empresario y no le deje a este la tarea de resolver cuál trámite y en qué orden se debe resolver.

No obstante, y aunque se destacan los avances en materia de permisología, esperamos que esta no sea la única medida al respecto y que, desde ya, se estén buscando mecanismos que agilicen y promuevan la instalación y formalización de pequeñas y medianas empresas que, al menos en este proyecto de Ley no están siendo consideradas. Esto, porque para aumentar la productividad y mejorar los indicadores de empleo del país, las pymes son tan importantes como los grandes proyectos.

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