Cuatro puntos. Esa es la magnitud de la rebaja del impuesto de primera categoría que el gobierno presentó como el primer gran eje de su Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. Cuatro puntos sobre una tasa que, según el propio Ministerio de Hacienda, abre un boquete fiscal cercano a 1.200 millones de dólares al año. A esa cifra hay que agregar la reintegración del sistema tributario, cuyo costo se estima en 810 millones adicionales. Dos mil millones anuales que el Estado dejará de percibir por las dos piezas centrales del proyecto.
El gobierno justifica la rebaja en clave de competitividad: Chile subió su impuesto corporativo del 15% al 27% mientras la OCDE lo bajaba del 31% al 22%. El argumento omite un dato previo. Chile partía desde un piso recaudatorio extremadamente bajo, y la subida fue un intento -siempre insuficiente- de cerrar la diferencia con un Estado que recauda apenas 21% del PIB, doce puntos por debajo del promedio OCDE. Comparar tasas sin comparar bases fiscales sirve para titulares, no para entender lo que se discute.
El asunto se vuelve más nítido cuando se mira la distribución de los ingresos del capital. Según datos de Hacienda del gobierno anterior, el 98,5% de las rentas del capital pertenece al 1% de contribuyentes de mayores ingresos. Cualquier medida que mejore la posición tributaria de quienes perciben esas rentas tiene, por construcción, un sesgo regresivo. Bajar el impuesto a las utilidades y permitir que sus dueños descuenten el 100% de lo pagado contra sus impuestos personales -la reintegración- equivale a aliviar la carga del segmento más alto de la pirámide. No por ideología. Por aritmética.
El gobierno anticipa la objeción: la rebaja se compensaría con más crecimiento. Claudio Agostini, uno de los economistas tributarios más serios del país, ha insistido en una distinción útil: bajar el impuesto corporativo sí aumenta la inversión -eso está documentado- y reintegrar tiene sentido. Lo que no se sostiene es que la rebaja se autofinancie. La pérdida de ingresos es segura; lo discutible es cuánto compensa el mayor crecimiento, y la respuesta es una fracción, nunca el total. La propia Comisión Marfán, citada con entusiasmo por Hacienda, muestra que aun considerando el efecto positivo sobre el crecimiento, el saldo fiscal final es negativo. La rebaja se paga. La pregunta relevante es quién.
Contrario a lo anunciado, la medida no beneficia de manera transversal a los empleadores. Las pymes ya tributan bajo un régimen reducido del 12,5% que el proyecto no modifica; la rebaja del 27% al 23% recae sobre las grandes empresas del régimen general, las que concentran las utilidades más altas de la economía. El beneficio para el almacén de barrio es marginal. El que recibe la firma de gran tamaño, sobre utilidades de escala industrial, no lo es.
Aquí entra en escena el PDG. Con el oficialismo en 76 de 155 escaños, la bancada de Parisi se ha instalado como la bisagra del Congreso. Dispuesta al arreglo transaccional y poco interesada en disputas programáticas de fondo, cambia votos por beneficios focalizados a su electorado.
El Plan Alivio Clase Media que destrabó la idea de legislar -devolución del IVA en medicamentos y pañales, consolidación del 12,5% como tasa permanente para las pymes, focalización al bolsillo familiar- ilustra el patrón. El gobierno aseguró su mayoría cediendo en el margen, sin tocar la arquitectura pro-capital del proyecto ni la rebaja al 1% más concentrado. Pan para hoy en IVA. El grueso de la rebaja, para siempre, en la parte más alta de la pirámide.
A esto se suma una decisión que ha pasado más inadvertida: la reinstauración de la invariabilidad tributaria por veinticinco años para grandes proyectos de inversión. Un compromiso del Estado de no modificar las reglas durante un cuarto de siglo, en favor de los actores económicos mejor posicionados para absorber riesgos regulatorios. Hipoteca, además, la capacidad fiscal de los próximos cuatro o cinco gobiernos.
El problema de fondo no es ideológico. Es estructural. El Estado chileno está crónicamente desfinanciado, y cualquier reforma seria sobre pensiones, salud o educación tropieza con el mismo límite. La frustración ciudadana acumulada durante décadas -la misma que alimentó el estallido y, en otro registro, la victoria de Kast- proviene en buena medida de esa brecha. Un proyecto que se presenta como reconstrucción nacional, y que en su primer eje tributario reduce la capacidad fiscal del Estado en dos mil millones anuales mientras concentra los beneficios en el segmento más alto, no resuelve esa frustración. La aplaza.
La ciudadanía no parece comprar el marco oficial. La última Cadem entrega dos cifras reveladoras: el 63% cree que las medidas del plan deberían discutirse por separado y el 49% estima que el proyecto beneficia principalmente a los más ricos. La aprobación de Kast oscila entre 40 y 43%, en un desgaste sostenido desde el 20 de marzo. No es todavía una crisis. Pero es algo más inquietante: el mandato de cambio que llevó a Kast a La Moneda se agrieta antes de que su proyecto estrella haya cruzado el primer trámite constitucional.
Si la primera gran señal de un nuevo gobierno consiste en aliviar la carga del 1% más concentrado de la economía -con un IVA de pañales para equilibrar la balanza política, negociado con una bancada bisagra dispuesta al trueque-, ¿qué tipo de pacto social se está construyendo, y a costa de quién?
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