En noviembre de 2023 estalló el famoso caso Audios, con la publicación por parte de CIPER de una conversación que, en ese momento, no sospechábamos la onda expansiva que implicaría. Esta semana estuvimos viendo dos aristas más que se han derivado de las múltiples redes y conexiones del abogado Hermosilla: el caso en contra de los ex controladores de Grupo Patio -que terminaron con arresto domiciliario luego de su formalización- y un nuevo caso que golpea al Poder Judicial al develarse conversaciones con la Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj.
Este último caso no deja de llamar la atención, sin duda que pone en duda la independencia e imparcialidad de una Ministra de Corte que indique que tiene un “pacto forever” con un conocido litigante de la plaza al que, además, pareciera entregarle información clave para sus causas como la integración de cortes, estrategias judiciales -en casos en los que participaría sin inhabilitarse- y hasta corregirle escritos.
Por eso no extraña y parece más que adecuada la rápida reacción de la Corte Suprema, que ostenta la competencia disciplinaria dentro del Poder Judicial, de suspenderla y abrir un cuaderno de remoción.
Pero las sanciones no lo son todo. Si bien es una señal muy potente y un gran disuasorio a futuras malas conductas, para realmente fortalecer la necesaria independencia de nuestros tribunales, se requiere contar con un sistema que establezca mecanismos que promuevan los nombramientos de personas que cuenten con las competencias, trayectoria y conocimientos adecuados para los cargos y que sus redes o capacidad de influencia no sea un factor determinante ni algo que pueda restarle imparcialidad e independencia en el futuro.
Por esto, es necesario que no se saque el pie del acelerador de dos reformas relevantes que inciden en lo anterior: la reforma al sistema de nombramientos de notarios y conservadores y el mecanismo de nombramiento judicial. Se trata de dos reformas que ya llevan más de una década de discusión académica y con varios intentos de por medio pero que, por diversas razones, no hemos sido capaces de concretarlas.
Respecto del primero, podríamos decir que estamos ad portas de ver la luz al final de un largo túnel ya que el proyecto entró en su última fase donde será revisado por una Comisión Mixta en algunos temas en los que hubo discordancia entre la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.
Una de las importantes reformas vendría de la mano de sacar la participación del Poder Judicial en el nombramiento futuro de notarios y notarias, para radicar este proceso competitivo y a través de criterios objetivos en el Sistema de Alta Dirección Pública.
Si bien no es una bala de plata, se trata de un sistema con experiencia en la selección y concursabilidad de cargos relevantes en la función y confianza pública, pero donde también hay que establecer ciertos resguardos para que no se repitan los problemas que gatillan estos cambios en la actualidad, particularmente la posibilidad de tráfico de influencias o captura de esta entidad.
En cuanto a los nombramientos del Poder Judicial, también avanza en su primer trámite la propuesta del Gobierno que fue refundida con varios proyectos de parlamentarios y donde se ve que hay piso para avanzar hacia un modelo de Comisión de Nombramiento Judicial, con una mayor integración de jueces y juezas, pero también la participación de las universidades, por ejemplo.
Este tema ha sido largamente discutido a raíz de los dos procesos constitucionales y los riesgos y fortalezas de los diversos mecanismos similares que se han adoptado en otros países, están sobre la mesa.
Fortalecer nuestra institucionalidad es clave, más aún cuando hemos visto lo nocivo que puede ser un sistema que no goza de credibilidad ciudadana, que permite un tráfico de influencias difícil de detectar y que puede dar más relevancia a las redes y gestiones informales que a la trayectoria y competencia de las personas. Nuestros jueces y juezas deben estar blindados de la captura ya sea del poder político, económico o del crimen organizado. No hay democracia que resista lo contrario.
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