Qué observar. En el borrador constitucional así como se consagró “el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia” y se incorporaron nuevas atribuciones al Ministerio Público para ampliar sus querellas a otros delitos, también se eliminó el Estado de Emergencia. Se trata de la medida que rigió por la violencia tras el estallido social y de la misma que, aunque en forma ‘acotada’, decretó el Presidente Gabriel Boric para la Macrozona Sur. Para el ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, esta es una debilidad, situación que admite el convencional y ex fiscal de la Región del BioBío Andrés Cruz (Col.Socialista).
Qué dice el nuevo texto. El borrador de nueva Constitución eliminó el Estado de Emergencia en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación. Un artículo que sí contempla la Constitución actual y que, en siete meses, ha sido aplicado tanto para la violencia en la Macrozona Sur como para la crisis migratoria en el norte.
Cuatro claves en seguridad pública. Dentro de la propuesta constitucional, hay varios artículos que se refieren a orden y seguridad pública. Y están repartidos dentro del acápite sobre derechos fundamentales, atribuciones del Presidente, el rol de las policías y el Ministerio Público, entre otros. Asimismo, eliminó la mención a las conductas terroristas, las que sí están contempladas en la Ley Antiterrorista.
“Una severa limitación para el control del orden público”. Para el ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, la eliminación del Estado de Emergencia es la única debilidad que ve el nuevo texto: “Hay una severa limitación para el control del orden público, porque desaparece el Estado de Emergencia, que era el que podía decretarse en caso de grave alteración del orden público. También, desaparece la posibilidad de decretar Estado de Sitio por grave conmoción interior. Solo se puede decretar por enfrentamiento armado”.
Los efectos para el Presidente. Un elemento nuevo que tiene el borrador constitucional es que se le endosa directamente al Presidente y al Ministerio de Interior “la conducción de la Seguridad Pública y Política Nacional de Seguridad Pública”.
“Orden público: El Estado queda debilitado”. Cozzi señala que en el borrador constitucional “el Estado queda debilitado en materia de orden público, pues parte de la base de una filosofía que se impuso en la Convención, que es esta idea de que todos los delincuentes son víctimas de injusticia social y que, además, todo el uso de la fuerza policial equivale a represión. Esa fue la retórica en estas materias”.
¿Se garantiza el derecho a la seguridad? El nuevo texto, a su vez, incluyó un nuevo artículo, que fue redactado por los convencionales Cozzi y César Valenzuela (Col. Socialista) sobre el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Señala que “es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios”.
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Magíster en economía UC, directora ejecutiva de Perspectivas y miembro de la red Pivotes, Elisa Cabezón entrega un diagnóstico negativo del texto constitucional. “Yo rechazo este borrador, con la esperanza de una segunda oportunidad de escribir uno adecuado y beneficioso para Chile”.
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