Nadie es dueño del proceso constituyente y se debe sospechar de todo aquello que se presente como tal. Los chilenos ya escogieron a sus representantes, y ahora los representantes deben actuar como órgano deliberado incorporado, sin facciones ni clases. En esa línea, todo grupo que se declare más legitimo que otro es un riesgo para el proceso. Y no denunciarlo es ser cómplice de sus consecuencias.
La gran pregunta. Antes de la elección, la gran pregunta era sobre la composición de la Convención Constitucional y el balance de poder que habría entre conservadores y progresistas. Lo relevante, en ese entonces, era saber si los primeros podrían obtener al menos un tercio de los escaños para manejar los tiempos del debate. Era saber si la derecha alcanzaría al menos 52 escaños para defender “el modelo”.
Una constitución progresista. No es necesario ser experto constitucional para anticipar que la nueva Constitución será más larga, intricada y reguladora que la actual. Tampoco hay que ser cientista político o sociólogo para saber que será más progresista. Por lo mismo, lo que realmente importa es saber si el resultado será producto de acuerdos transversales o de la imposición de pequeñas minorías organizadas.
Lo que quieren los chilenos. Es difícil, sino imposible saber si una Constitución escrita por dogmáticos es lo que realmente le conviene al país. Pero, lo que sí parece ser cierto es que eso iría en absoluta contradicción al mandato conferido. Pues, cuando los chilenos hablaron—y no una, sino dos veces; primero en el plebiscito y después en la elección de constituyentes— lo hicieron justamente para quitarle el poder a los “pocos” y dárselo a los “muchos”.
El riesgo del dogma. Si finalmente se instala una facción de dogmáticos, no sería sorpresa que el proceso avance amarrado de la coyuntura. Y hay buenas razones para pensar que bien podría ser así. Pues hasta ahora, un número no menor de constituyentes ha estado participando activamente del debate coyuntural. Y si bien podría ser transitorio, los riesgos de que continúe son demasiado serios como para ignorarlo.
Evaluando el éxito. El trabajo de los constituyentes no solo será evaluado en el plebiscito ratificatorio, sino que también a través de las décadas que vengan. Pues, aun si el texto se aprueba en el referéndum de salida, nada asegura que se mantenga su legitimidad hacia adelante. Tal como ocurrió con la Constitución de 1980, el nuevo contrato social no solo será juzgado por su resultado, sino que también por su proceso.
“¿Está el Estado de Chile preparado para satisfacer constitucionalmente lo recogido en el borrador? ¿En cuántos años? ¿No demoran acaso las “transformaciones refundacionales” un período de tiempo que los chilenos no pueden ni quieren esperar? La historia enseña que una cosa es el anuncio normativo, y otra muy distinta su implementación”, dice el académico.
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