Una señal preocupante. Antes de siquiera comenzar a sesionar, antes de siquiera jurar como Constituyentes, 35 miembros propusieron cambiar las reglas del juego de la Convención Constitucional. Mientras que 34 de ellos plantearon modificar la propia institucionalidad que permitió la instalación del órgano, uno (Rodrigo Rojas Vade) amenazó con un paro (una suspensión del proceso) si la instancia no avanza en perfecta consistencia con su agenda política.
El proceso constitucional es patrimonio de todos. Cuando los chilenos votaron en el plebiscito de octubre de 2020 lo hicieron para elegir una Convención Constitucional enmarcada bajo las reglas del “Acuerdo de la Paz”. Cuando el grupo de constituyentes, autodenominados “La vocería de los pueblos”, propone avanzar en un camino soberano, violan ese mandato. Deslegitiman lo que los propios chilenos eligieron en dos elecciones.
La bencina que alimenta el fuego. ¿Qué explica la actitud de los constituyentes? ¿Por qué creen que pueden declarar a la Convención Constitucional como un órgano soberano? Pues bien, la respuesta parece estar vinculada a la ambición y a la complacencia de ciertos sectores institucionalizados de la izquierda en validar ideas radicales para generar tracción a favor de sus propias agendas políticas que no han logrado imponer bajo otras circunstancias.
El rumbo de la Convención. Es imposible saber si los chilenos hubiesen votado de forma distinta en el plebiscito y la elección de constituyentes si las reglas hubiesen sido distintas. Pero lo que sí es claro, sin embargo, es que votaron a favor de la regla de los dos tercios cuando se les propuso. Sí votaron a favor de generar las condiciones propicias para acuerdos transversales entre todos los sectores de la sociedad representadas en la Convención.
El riesgo de una Convención capturada. La iniciativa de “más soberanía” desnuda al menos dos amenazas al proceso constitucional. La primera es el riesgo de que la instancia pueda ser capturada por pequeños grupos políticos con grandes agendas ideológicas. Es el riesgo de que, disfrazada como más democracia, se avance en un proceso menos democrático, potenciando la representatividad de ciertos sectores políticos extremos al costo de la ciudadanía y el proceso constitucional en general.
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