El mercado de los notarios necesita una reforma estructural y profunda, de eso no cabe duda. Con sistemas de nombramiento donde reina la opacidad, servicios excesivamente regulados, escaza fiscalización y una disparidad exorbitante en precios —supuestamente regulados—, la industria de la “fe pública” en Chile está lejos de entregarle a los chilenos un servicio de calidad a precios competitivos.
“A la gente le gusta ir donde el notario, pero no para hacer cola, sino que para ser atendido y tener una asesoría jurídica” decía hace unos días el Vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, Carlos Miranda. Nada más alejado de la realidad. Según un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (2018), más del 60% de los trámites realizados por los ciudadanos son de “mesón” (finiquitos laborales, fotocopias autorizadas, autorización de firmas, entre otros), los que difícilmente requieren algún tipo de asesoría jurídica. No solo esto. Los usuarios de las notarías las eligen porque les quedan cerca (38%) o porque están obligados por su contraparte (30%). Así, cuesta creer que a los chilenos nos “guste” ir a la notaría, más que tener la obligación de hacerlo por un sin número de trámites que bien podrían testificarse de otra manera.
Desde que Pedro de Valdivia en el año 1541 nombró a don Luis de Cartagena como el primer Notario de Chile, el sistema casi no ha cambiado. Los elige el Presidente de la República de una terna propuesta por la Corte de Apelaciones. Hay un número fijo a nivel nacional (342 a la fecha); solo pueden ser abogados con al menos un año de experiencia; ejercen sus funciones hasta los 75 años y solo pueden prestar servicios dentro de su jurisdicción. Esto genera dos grandes problemas: primero, el proceso de nombramiento de notarios dista de ser meritocrático y transparente. Según un estudio de América Transparente, 4 de 5 notarios tiene o tuvieron algún pariente parlamentario, juez u otros miembros del Poder Judicial. Segundo, la industria funciona como un cartel que se reparte el mercado de manera geográfica, lo que eleva los precios y genera rentas monopólicas. Según la misma FNE, el notario promedio tiene rentas superiores o iguales a $14 millones mensuales y el total de rentas monopólicas de la industria asciende a $25 millones de dólares anuales.
Si bien los aranceles máximos a cobrar por los servicios ofrecidos por los notarios se encuentran regulados en un Decreto de 1998 fijado por el Ministerio de Justicia, en la práctica estos no se respetan. Por ejemplo, mientras el tope para una fotocopia autorizada es de $500, la mitad de las notarías del país cobran $2.000 o más. ¿Quiere salir con sus hijos menores al extranjero? La mitad de las notarías le cobrarán $5.000 o más, cuando el tope es $1.500. Así, las notarías sistemáticamente no cumplen la legislación actual, cobrando entre el doble y 11 más dependiendo del trámite. La fiscalización —a manos de los ministros de la Corte de Apelaciones y Jueces de Letras— brilla por su ausencia.
Ante este panorama, son bienvenidas las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero al afirmar que “es impresentable seguir postergando la reforma al sistema de notarios”, en línea con el capítulo de desnotarización y digitalización de la agenda de productividad del Gobierno, presentada en enero. Realizar estos cambios no será fácil ya que los notarios han demostrado ser un grupo de presión poderoso. Desde el 2011 se han presentado 18 proyectos de ley para mejorar el sistema en beneficio de la ciudadanía. A la fecha, ninguno ha visto la luz.
Urge, entonces, acelerar el trámite del proyecto de ley de reforma de notarios que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado. Si bien el proyecto avanza en la dirección correcta al “desnotarizar” más de 200 trámites y al crear la figura de fedatarios —ministros de fe para trámites más simples—, es necesario avanzar con más decisión eliminando el número fijo de notarios que hoy existe (regla de numerus clausus) junto con su restricción geográfica. En paralelo, se debería crear un ente único fiscalizador y liberar los precios de los trámites más simples para que operen exclusivamente según la ley de oferta y demanda.
Si liberamos las restricciones actuales, se estima que los costos notariales para las personas podría llegar a ser un 5% del precio actual. Así, un trámite que hoy nos cuesta $3.000 pesos y 73 minutos de nuestro tiempo, podría cambiar por uno que nos cueste $150 pesos, desde la comodidad de nuestro computador o smartphone.
¿Será posible esta vez que los parlamentarios logren superar las presiones y aprobar esta tan necesaria reforma?
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