Julio 9, 2022

Ni traidores ni entreguistas. Por Juan Luis Ossa

Historiador e investigador del CEP

No es “traidor” aquel que tiene dudas de aquello que se le presenta como una verdad revelada. Tampoco es “entreguista” el que, consciente del contexto político, está dispuesto a ceder en algunos puntos para conseguir acuerdos de largo aliento. Encauzar el debate constitucional con posterioridad al plebiscito de salida es un acto de realismo. No está de más recordarlo.


¿Sorprende que distintos personeros de centroizquierda se estén decantando públicamente por el “Rechazo”? ¿A qué se debe que senadores democratacristianos como Ximena Rincón y Matías Walker -además de personas como Ricardo Hormazábal, Felipe Harboe y un amplio contingente de “amarillos”- se hayan sumado a las voces que ven con preocupación el texto emanado de la Convención? ¿Serán juzgados como “traidores” por la historia?

Para las izquierdas -representadas tanto en la Convención como en Apruebo Dignidad-, una decisión con esas características comprobaría la supuesta “derechización” de esa parte de la centroizquierda chilena. Argumentan que el sector estaría conformado por exconcertacionistas más preocupados de rememorar los tiempos de la vilipendiada “democracia de los acuerdos” que de avanzar en las “transformaciones” que el país demanda. Del pasado Mapu de muchos de ellos quedaría poco más que una memoria borrosa y difusa; nada, en realidad, de lo cual enorgullecerse.

Otros, en cambio, piensan que las distintas razones que tienen para rechazar son un acto de valentía llevado a cabo por políticos, intelectuales y referentes de la sociedad civil que, si bien convencidos de la necesidad de contar con un nuevo pacto constitucional, no están dispuestos a aprobar incondicionalmente la labor de la Convención. Considerando la historia reciente y el resultado del plebiscito de entrada -cuando cerca de un 80% del electorado votó a favor de modificar la Carta Fundamental vigente (un porcentaje que difícilmente puede ser considerado en su totalidad de izquierda)-, no cabe duda de que esta segunda interpretación tiene mayor peso explicativo.

¿Podría alguien sinceramente y de buena fe cuestionar el compromiso con los cambios de Cristián Warnken o Mario Waissbluth? Porque de lo que se trata no es de quién está más o menos matriculado con el bienestar del país, sino de los medios para alcanzar esa meta. Para esos representantes de centroizquierda, a los cuales se le suman grupos de centro y centroderecha, el proceso constituyente debió ser un momento de unidad y reconstrucción más que de desunión y refundación. La sensación de oportunidad perdida sólo alimenta la decepción.

Se ha dicho muchas veces, pero vale la pena recordarlo: el borrador contiene varios problemas. Entre otros, crea nuevos privilegios, introduce una plurinacionalidad completamente ajena a nuestra historia, propone un muy extraño presidencialismo bicameral asimétrico y debilita la libertad de enseñanza al otorgar al Estado una preponderancia desmedida a través del “Sistema Nacional de Educación”. En una democracia pluralista todos esos principios pueden (y deberían) estar sujetos a la evaluación y eventual crítica. De un tiempo a esta parte, sin embargo, se ha instalado en Chile la idea de que la Convención sería intocable y que, en consecuencia, cualquier opinión contraria al texto constitucional debería entenderse bajo el concepto de “fake news”. Los historiadores del futuro tendrán un arduo trabajo cuando intenten desentrañar qué tipo de democracia es esa que desconoce la legitimidad del disenso.

Pero no todo es responsabilidad de la izquierda, por supuesto. Sabemos que hay sectores de derecha que han sido siempre reacios a tener una nueva Constitución.

Hace unos días, la ahora exconvencional del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sostuvo que, de ganar el Rechazo en septiembre, su colectividad podría empujar “reformas a la Constitución” actual, “pero eso no necesariamente quiere decir que estemos abiertos a un nuevo proceso constitucional”. Este tipo de declaraciones desconoce no sólo la necesidad de contar con un pacto transversal y construido democráticamente, sino también pierde de vista que la ciudadanía ya expresó masivamente su opinión: el país quiere y necesita una nueva Carta Fundamental.

Que gane el Rechazo en septiembre no quiere decir, en otras palabras, que todo vuelva a fojas cero ni que todo lo realizado por la Convención sea automáticamente desechable. Tampoco significa capitular ni “entregar” principios en los que uno cree. Se trata, más bien, de reconocer que Chile ha cambiado más en los últimos dos años que en la última década; que el malestar social no es un invento de la “izquierda radical” y que, por esa razón, es indispensable contar con un diagnóstico certero (que es histórico, sociológico, económico, político y cultural) para salir de la crisis; y que desconocer el resultado del plebiscito de entrada sería lo mismo que desconocer la voluntad popular.

Así las cosas, no es “traidor” aquel que tiene dudas de aquello que se le presenta como una verdad revelada. Tampoco es “entreguista” el que, consciente del contexto político, está dispuesto a ceder en algunos puntos para conseguir acuerdos de largo aliento. Encauzar el debate constitucional con posterioridad al plebiscito de salida es un acto de realismo. No está de más recordarlo.

 


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