Qué observar. Un documento de 172 páginas fue el que envió este martes la defensa del ministro Carlos Montes, el abogado Pablo Ruiz-Tagle, a la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del secretario de Estado.
“Administración anterior”. Respecto del fondo de la acusación, plantea que “se efectúa un relato tendencioso y sesgado de cómo se fueron configurando los hechos asociados a los convenios suscritos en el marco del Programa Asentamientos Precarios”.
Control jerárquico. Montes, en su defensa, también plantea que “no detenta el control jerárquico de los órganos que suscribieron los convenios cuestionados” y reitera que “en lo que respecta al primer hecho imputado, los acusadores no expusieron correctamente el sistema organizacional del Ministerio, pues no advirtieron que este Ministro no detenta el control jerárquico permanente respecto de los SERVIU y las SEREMI, que corresponden a los organismos que suscribieron los convenios cuestionados por la Contraloría”.
“Proteger el patrimonio”. Sobre las investigaciones que se están llevando a cabo, señala que “a nivel de organismos, el Programa de Asentamientos Precarios permite dar cumplimiento a los objetivos del MINVU y cumple una finalidad de interés público. A nivel de organización sustantiva, las conductas infractoras o delictivas de los funcionarios y agentes privados en la ejecución material y presupuestaria del programa se encuentran bajo investigación, a las que este Ministro ha prestado activa colaboración y, en lo que la ley le encomienda, se han tomado las medidas para investigar hechos, determinar responsabilidades, proteger el patrimonio fiscal y evitar la reiteración de acciones similares mediante el rediseño de la política pública”.
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