“Hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que –cuando uno va a revisar– tienen condiciones económicas de muy alto nivel”. Con esa frase, la Contralora Dorothy Pérez anunció que en 2026 se fiscalizará que los beneficios sociales lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Su advertencia no pasó desapercibida: puso sobre la mesa un problema que se ha ido profundizando y que hoy afecta tanto la legitimidad de nuestro sistema de protección social como el buen uso de los recursos fiscales.
En Chile, el Registro Social de Hogares (RSH) es una pieza central de nuestro sistema de protección social. Más de 17 millones de personas están inscritas y de él depende el acceso a más de 150 programas públicos. Este instrumento significó un avance significativo respecto de la antigua Ficha de Protección Social, mejorando la forma en que el Estado caracteriza y evalúa a los hogares. Pero hoy, a casi una década de su implementación, también presenta desafíos importantes.
Las cifras hablan por sí solas. En el tramo más vulnerable –destinado al 40% de las familias con mayores carencias– se concentra el 52% de los hogares, lo que implica que en ese tramo hay cerca de 1,9 millones de personas que figuran en un nivel que no les corresponde. Este desajuste lleva al Estado a entregar beneficios a quienes no son su población objetivo. Una estimación reciente calcula que los errores de focalización asociados a la información del RSH fluctúan entre los USD $792 y $1.127 millones al año (CEP 2025).
¿Cómo llegamos a esta situación? Principalmente por dos fenómenos: la subdeclaración de ingresos y la fragmentación artificial de los hogares. Una parte importante de los ingresos laborales no aparece en los registros debido a la informalidad, por lo que el sistema no los capta a menos que el hogar los declare regularmente de manera voluntaria. Al mismo tiempo, el RSH muestra millones de hogares adicionales que no coinciden con la realidad censal, reflejando un comportamiento estratégico: muchos padres figuran viviendo en otro hogar, pese a que serían los principales aportantes si vivieran con sus hijos.
El camino hacia una política social más justa pasa por mejorar la calidad de la información y alinear los incentivos. Hoy contamos con más datos y mejores herramientas para detectar irregularidades en la composición de los hogares, y existen propuestas que avanzan en esa dirección.
Para lograrlo, se requiere mejor gestión, más capacidades y, sobre todo, mayor interoperabilidad dentro del Estado, de modo que la información no dependa únicamente del autoreporte de las familias, sino que pueda validarse y pre llenarse usando los registros administrativos que el propio Estado ya posee.
Al mismo tiempo, debemos corregir el diseño de los programas sociales. Un sistema en que los beneficios se pierden de manera abrupta – aplicando un ‘impuesto implícito’ muy elevado a las familias que mejoran su situación socioeconómica– incentiva comportamientos estratégicos y genera injusticias.
No es razonable que hogares con ingresos prácticamente idénticos queden a lados opuestos de un umbral que determina apoyos de varios millones de pesos al año, como ocurre con la gratuidad en educación superior. Avanzar hacia un esquema donde los beneficios se reduzcan gradualmente permitiría un sistema más justo y con menos incentivos a manipular la información.
Chile tiene una larga tradición de focalización efectiva, que –junto con el crecimiento económico– fue clave en la reducción de la pobreza en las últimas décadas. Pero un sistema que pierde precisión también pierde legitimidad. Y cuando el Estado no logra distinguir entre quienes realmente necesitan apoyo y quienes no, su capacidad de actuar donde importa se debilita.
La propuesta de nueva medición de pobreza –más exigente y que triplica el número de hogares en esta situación– refuerza aún más cuán urgente es recuperar esa capacidad. Corregir el RSH no es un detalle técnico: es la condición para que la política social recupere legitimidad y proteja a quienes más lo necesitan.
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