Mauricio Duce: “En esta elección de fiscal nacional debería considerarse la posibilidad de que sea electo un candidato externo”

El profesor de derecho UDP, y quien fue parte del equipo que diseñó la reforma a la justicia que dio vida al Ministerio Público, tiene una visión crítica pues dice que se ha transformando “en una institución endogámica” que ha ido perdiendo legitimidad. A poco más de dos meses que Jorge Abbott termine su periodo, Duce perfila las características que debiera tener su reemplazante.

-¿Que diagnóstico tiene del Ministerio Público que va a dejar Jorge Abbott?

-Más que el que va a dejar Jorge Abbott, son los desafíos principales que enfrenta esta institución. El Ministerio Público se ha debilitado de manera importante en el tiempo, y no solo es la gestión de Abbott. Tiene que ver con una pérdida de legitimidad y confianza en la sociedad y un nivel de valoración social muy baja que comienza a ser preocupante. Y esto afecta en la capacidad de tener una persecución penal fuerte y legitimada, que es clave en un estado de derecho y que tiene impacto en cómo se confían las decisiones del Ministerio Público, en la capacidad operativa y el poder que tiene para avanzar en ciertas áreas.

-¿A qué atribuye esta pérdida de legitimidad que describe?

-Este problema de legitimidad, confianza y valoración está en función de algunas características que ha ido adaptando el Ministerio Público en el tiempo y que son claves de revertir. Esto tiene que ver, por ejemplo, con aumentar fuertemente los niveles de transparencia en la toma de algunas decisiones muy sensibles que hace el Ministerio Público.

-¿Como el cierre de casos por ejemplo?

-Hay casos súper sensibles y de repente se resuelve que se van a cerrar o que el Ministerio Público va a ir por algo distinto a lo que originalmente había dicho. Todo esto genera mucho ruido y cuestionamiento. Por lo tanto, hay que tener una política mucho más proactiva. Por otra parte, estos problemas también tienen que ver con que el Ministerio Público se ha ido transformando en una institución extremadamente corporativa y endogámica y que es percibida como una institución pública burocrática y muy ajena a los intereses de la comunidad.

-¿De qué manera se refleja este corporativismo?

-El corporativismo es un rasgo de las instituciones que hacen que ellas y sus integrantes estén más preocupados de promover sus agendas o intereses individuales o corporativos por sobre el interés público. Tiende a mirarse a sí misma y estar muy cerrada al ingreso de personas externas. Por eso la comunidad ha empezado a verla como una institución alejada, preocupada de promover una agenda de satisfacción de sus intereses.

-¿Cómo se ha traducido en cifras la pérdida de confianza del Ministerio Público?

-Esto sale de muy distintos indicadores. Uno de ellos son las encuestas de opinión pública en las se miden los niveles de aprobación de distintas instituciones. Por ejemplo, en la última del CEP solo un 15% manifestó tener confianza en el Ministerio Público versus un 45% en la PDI y un 38% de Carabineros. Otros indicadores: la Fundación Paz Ciudadana tiene un índice que califica a los a distintas instituciones en términos de su aporte por la seguridad pública y el último vigente, de fines de 2021, el aporte que señaló la gente que hacían los fiscales a la seguridad pública, fue de nota 2,8 versus la PDI con un 4,2 y un 3,6.

Si uno ve lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años, es un indicador que ha ido crecientemente a la baja porque tenía un promedio 3,8. Incluso los fiscales hicieron una encuesta interna el año pasado, en la que respondió más de la mitad los fiscales adjuntos, por lo que es muy representativa y ellos mismos reconocían que un 80% de la ciudadanía conocía poco o nada su trabajo.

-¿Cuál el desafío para quien suceda a Abbott?

-Hay un enorme desafío para la nueva figura de cómo quebrar algunos de estos elementos corporativos y endogámicos. Y, en cambio, instalar al Ministerio Público como una institución más abierta y sensible a las demandas y a las expectativas sociales que hay en el trabajo de la persecución penal.

-¿Sería conveniente que la o el próximo fiscal nacional no provenga del Ministerio Público? Hasta ahora eso nunca ha ocurrido.

-Esto se replica en todos los niveles, no solo el fiscal nacional. Los datos muestran que entre los años 2010 a 2019 hubo 401 concursos para llenar cupos de fiscales adjuntos y solo cuatro de esos cupos fueron llenados con personas que venían desde afuera. Es decir, menos de un 1 %. Y hoy en la elección de los fiscales regionales cada vez hay menos interés de personas externas, a pesar de que el sistema está abierto a eso. Y cuando hay interés de gente competente, no queda en las ternas.

–Ternas que elabora el Poder Judicial.

-Pero que luego designa el fiscal nacional. Y lo mismo ha ocurrido con las quinas de fiscal nacional. Entonces, el problema de participación externa es que el sistema se diseñó para que esto ocurriera, porque lo veía como un valor. La lógica era que el Ministerio Público se renovara y pudiera adquirir gente que tuviera otras experiencias e ideas nuevas para que, precisamente, no se fosilizaran las prácticas. Pero eso no está funcionando. El punto es que la discriminación no sea entre interno y externo, que es lo que ha primado en los distintos niveles. En esta elección de fiscal nacional debería considerarse la posibilidad de que sea electo un candidato externo, tal como debió ocurrir en las otras elecciones.

-¿Ha influido la forma de selección del fiscal nacional?

-Parte del problema de credibilidad y de confiabilidad del Ministerio Público ha estado en cómo ha operado el mecanismo de selección. Y en los tres procesos anteriores ha habido cuestionamientos profundos. En los dos primeros procesos, cuando fueron electos Piedrabuena y Chahuán, las polémicas fueron que estaban primando consideraciones de equilibrio y juegos políticos más que la calidad técnica del candidato. Pero en el caso de la elección del 2015 (de Abbott), el gran cuestionamiento fue que el proceso de selección habría estado, supuestamente, condicionado por el interés que tuvo la clase política de favorecer su situación en un contexto en el que se estaba llevando adelante una persecución penal intensa de casos de alto perfil público de financiamiento ilegal de la política. No digo que esto haya sido exactamente así, sino que se instaló socialmente así.

-¿Qué perfil debe tener quien suceda a Abbott? ¿Es clave por la nueva criminalidad la especialidad en crimen organizado?

-Hay cuestiones mucho más básicas y que todavía no están satisfechas, como por ejemplo alguien que pueda trabajar los temas de legitimidad y de corporativismo. Eso supone un conjunto de competencias y sobre esta base luego se construye la especialidad. Tiene que ser una persona que tenga experiencia trabajando y/o dirigiendo instituciones complejas; un conocimiento y comprensión profunda del sistema de justicia penal y algunas características personales que son claves para este periodo.

Primero, liderazgo. Segundo, autonomía, porque buena parte de la afectación en la credibilidad y la legitimidad del Ministerio Público es que se instaló una idea, justa o injusta, de que la institución o sus altas autoridades no tienen los niveles de autonomía que se esperaban. Y todo muy influenciado por las formas en que llegaron al poder. Por tanto, tiene que ser alguien que dé garantías de autonomía de los poderes constituidos.

-¿Y los desafíos respecto de los resultados de la persecución penal?

-Uno de los focos a futuro para el Ministerio Público es ofrecer resultados a mediano plazo y estrategias para lidiar con organizaciones criminales. Y, sobre todo, una política mucho más focalizada en delitos violentos. Ahora, no necesariamente el fiscal nacional tiene que ser un experto en eso porque las políticas de persecución penal hoy son regionales. Entonces, si tiene experiencia, excelente. Pero lo que tiene que tener es capacidad para liderar la institución y moverla en esa dirección. Obviamente que la comprensión de las estructuras criminales complejas y haber lidiado con ellas puede ser un plus.