-Había advertido que las proyecciones de ingresos fiscales para este año iban a estar sobreestimadas. ¿Cree necesario que el gobierno ajuste estas proyecciones del 2025 para poder presentar el presupuesto del 2026?
-Sí. El contexto es que llevamos dos años consecutivos de incumplimiento de las metas fiscales, con desviaciones que acumulan cerca de dos puntos del PIB, unos US$7.000 millones. En 2025 se ratificará que los ingresos están sobreestimados. Para cumplir la meta, estos deberían crecer a un 12% en lo que resta del año, pero en los últimos meses solo han aumentado 3,8%.
Todo indica que, por tercer año consecutivo, la meta de balance estructural se incumplirá, y la desviación llegará a tres puntos del PIB, unos US$10.500 millones. Uno esperaría que el gobierno aprendiera de sus errores y los corrigiera, pero si no corrige los ingresos de 2025, la base con que proyecta 2026 será más alta de lo que corresponde, y el nuevo presupuesto entrará desfinanciado.
-¿Qué implicancia tiene esto para la credibilidad fiscal?
-Chile tiene prestigio por su institucionalidad fiscal, con reglas, metas de deuda y un Consejo Fiscal Autónomo. Pero en la práctica, el mercado no le cree a las proyecciones de Hacienda. Basta revisar los informes de bancos internacionales y agencias de rating: todos proyectaron para este año un déficit estructural superior a 2% del PIB, mientras el gobierno estimaba -1,1%. Esa brecha erosiona la confianza. La pregunta es cuán subestimado está realmente el déficit de este año.
-¿Qué riesgos ve si el gobierno no hace el ajuste?
-El riesgo es que el Presupuesto de 2026 va a estar desfinanciado.
-Hay sectores que temen que el Gobierno use la discusión presupuestaria como herramienta electoral para favorecer a la candidata oficialista. ¿Cómo lo ve?
-Es evidente. Quien crea que el presupuesto será neutral comete un error: se alineará con el programa de la candidata oficialista Jeannette Jara. No me cabe duda. Es parte de la estrategia de influir en la agenda pública y en el debate presidencial. Para mí esto es un dato, y no es un monopolio solo de este gobierno.
-¿Será capaz el ministro Nicolás Grau de llevar adelante un diálogo como lo hacía Mario Marcel?
-Aquí aplica el dicho “el que nada sabe, nada teme” en el buen sentido de la palabra. Grau conoce el presupuesto del Ministerio de Economía, pero no el detalle de las demás carteras. Los parlamentarios recuerdan lo que pidieron el año pasado a Marcel, pero él no por lo que no tiene ningún compromiso directo. Eso puede dificultar la comunicación. Tendrá que apoyarse en su equipo y en los sectorialistas de la Dipres para responder en detalle. Creo que el ministro Grau será capaz de sacar este presupuesto, se pegará sus trastabillones en el camino, pero lo va a sacar al final del día.
-La candidata Evelyn Matthei ha advertido sobre pagos postergados y gastos “atados” para el próximo gobierno. ¿Qué opina?
-Lo que plantea es cierto: son situaciones indeseadas. Lo importante es que el Ejecutivo transparente la magnitud de esos compromisos no reconocidos o no facturados. Es legítimo que los parlamentarios exijan esa información para dimensionar la gravedad del problema.
-Participó en la comisión convocada por Marcel para proponer recortes y reformas al gasto. ¿Qué recomendaciones deberían estar en este presupuesto?
-Si estuviera en los zapatos del ministro Grau, habría enviado los proyectos de ley necesarios para implementar esas medidas. Espero que en la presentación del presupuesto se entregue un cronograma de implementación de las 34 propuestas.
Hay muchas que pueden incorporarse en este presupuesto: congelar la dotación de funcionarios públicos, salvo en el sector de salud por los nuevos hospitales comprometidos; limitar que Hacienda gaste más de lo autorizado en la ley -este gobierno ha gastado US$10.000 millones adicionales usando esa flexibilidad-; y eliminar programas mal evaluados, donde propusimos la discontinuidad de 124.
El Ejecutivo no puede desentenderse de las recomendaciones que realizó una comisión que ellos convocaron.
-Ustedes sugirieron reemplazar la glosa republicana por una facultad más amplia de reasignación para el próximo gobierno. ¿Por qué?
-Hoy existe un fondo de unos US$720 millones que queda como margen de libre disposición. Lo que planteamos es entregar una flexibilidad del 10%, que es mucho mayor: del orden de US$9.000 millones, es decir, 11 veces más. Eso permitiría al nuevo gobierno reasignar recursos en sus primeros seis meses y evitar tensiones entre Ejecutivo y Parlamento al inicio de su mandato. Si alguien cree que son mayores recursos para gastar se equivoca rotundamente. Es una forma de distribuir el mismo nivel de gasto.
Hemos visto que se ha armado una discusión bizantina en que se empieza a escuchar que “no creemos que sea el momento para innovar” o “mantendría la tradición republicana”. Son excusas que no tienen sustento. ¿Quién puede estar en contra de que el nuevo gobierno disponga de recursos para las prioridades de su programa?
-¿Qué es lo más importante que debería lograrse con este presupuesto?
-Que permita retomar el ancla fiscal. Cuando los países dejan de respetar sus reglas, el mercado sigue prestando, pero con más deuda y a mayor costo. Los que terminan pagando son las generaciones futuras. Y cuando llegue la próxima crisis financiera o económica o algún desastre natural -y llegará, no sabemos cuándo-, el espacio para endeudarse estará agotado. Chile no puede seguir dilatando ese ajuste.
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