A un mes de que el caso Monsalve se hiciera conocido, el tema sigue dominando la conversación nacional. Como si de una serie de suspenso se tratara, la dosis diaria de información que recibe la ciudadanía ha reforzado un estupor que debe conducirnos a la indignación. Los detalles que han trascendido de la conducta criminal y administrativa de la que se ha acusado a quien al momento de los hechos era la segunda autoridad del país, son tan escabrosos, que incluso a nivel internacional cuesta encontrar parangón. Y esa excepcionalidad está dada por varios aspectos.
Lo primero: los medios de comunicación chilenos, en éste y otros casos de alta connotación pública, se nutren mayormente de filtraciones de una carpeta de investigación que -de acuerdo con la legislación- es secreta. En efecto, la ley señala que las investigaciones son públicas sólo para los intervinientes. Y que los únicos antecedentes que son públicos para todos, son aquellos que se ventilan en audiencias.
Sin embargo, tan normalizada está la erosión del sistema procesal penal, que nadie mueve un párpado ante el hecho, enteramente anómalo, de que los medios manejen distintas versiones del expediente en cuestión que alguien les hace llegar (vaya ud. a saber quién, y por qué). Extractos o resúmenes se entregan descontextualizados, y a veces con denodado sesgo, para uno u otro lado.
Cuando esas distintas versiones que entregan los medios no resultan del todo concordantes (por ejemplo, en este caso circulan distintas versiones del relato de un testigo clave, el taxista), cabe preguntarse no a quién creerle (a la radio X? al canal Y? al diario Z?), sino por qué razón hemos normalizado la vulneración de garantías procesales básicas, lo que afecta tanto a víctimas como a imputados. Vulneración que, por cierto, en las pocas veces en que una filtración es investigada, no suele ser castigada.
Otro factor fuera de norma es la incompetencia prolongada para manejar una crisis. Esto es una circunstancia de la mayor gravedad, y una falla no atribuible a adversarios políticos. El descalabro de conferencia de prensa del Presidente Boric sobre el caso no ha sido superado, y es comprensible.
Porque a esa conferencia carente de sentido de República, y a la demora para despedir a Monsalve sin explicación razonable, se une un gravísimo trascendido que tuvo su origen en una revelación presidencial: el hecho que los medios del Estado vinculados a la inteligencia, con los que se combaten las más graves amenazas a la seguridad nacional, habrían sido utilizados por la autoridad para fines privados.
Ante esto, tanto el gobierno como los líderes del oficialismo se han refugiado en paupérrimas declaraciones, que frente una deriva política ofrecen respuestas legalistas (“las instituciones funcionan”) o absurdamente performáticas (“el Presidente ha sido traicionado”), por cierto carentes de auténtica perspectiva de género y empatía. La inercia del gobierno (por ejemplo, para mantener a colaboradores de Monsalve en sus cargos, como aquella asesora que amenazó a la denunciante) es una gangrena: la necrosis continuará expandiéndose, de no mediar cortes dramáticos.
El caso Monsalve le ha recordado al país la inaceptable manera en que las coaliciones políticas reclutan personal para miles de distintos cargos y nos ha revelado que los cuadros actuales son de bajísimo nivel, subrayando además que escasean los posibles reemplazos. Ante esta pobreza franciscana de recursos humanos, cabe preguntarse con sincera preocupación, cómo el gobierno podría, cualquier día de éstos, hacer frente a una crisis mayor, como sería un terremoto o similar catástrofe.
Y hablando de falta de recursos, la contratación de más de cien personas para asegurarse de que el Estado tuviera enfoque de género resultó ser jactancia y despilfarro. Ni siquiera en Interior existía algo que es esencial en ambientes de trabajo en la actualidad: un protocolo para lidiar con un caso de abuso de poder como el que está detrás del caso Monsalve.
Ha quedado claro que feminista de verdad no es quien se desnuda o grita en una marcha, o enarbola un pañuelo de ciertos colores en redes sociales. Sino quien toma medidas concretas para prevenir abusos de este tipo, y enfrentar sus consecuencias con celeridad una vez producido, priorizando el cuidado hacia la víctima del abuso. Derrotado el alarde de quienes creían ser más conocedores de los derechos humanos que cualquier otra generación, las y los pedantes hoy guardan silencio.
En este caso, la víctima sólo ha recibido apoyo institucional de su mutualidad, amén del de sus desolados padres. Éstos, voluntariamente, han hablado con la prensa, para resaltar la valentía y el desamparo de la hija que se atrevió a denunciar a uno de los hombres más poderosos del país.
Asimismo, para que se abandonen las teorías conspirativas que atribuían a la “derecha” la acusación contra Monsalve, han debido trascender aspectos realmente terroríficos del caso. Como que el taxista no ayudó a la víctima pese a sus repetidos ruegos, que formuló aún con conciencia alterada y entre vómitos, a fin de no quedar a solas con su agresor. O el hecho que haya sido instada por una colega a abandonar el país, pues nadie creería su historia, y ella o sus seres queridos podrían ser objeto de un asesinato disfrazado de accidente.
A un mes de que estallara el caso, la historia de esta joven está comenzando a vencer la maledicencia y los prejuicios arraigados aún entre mujeres. ¿Acaso podemos olvidar que fuimos criadas con miedo a que nos abusen tal como le pasó a ella? Ten cuidado, no andes por partes oscuras, no respondas lo que te digan en la calle, no tienes permiso para salir porque es peligroso, te doy permiso pero te cambias de ropa y vuelves temprano, avisa que llegaste bien, acompáñense entre varias, manda tu ubicación, no dejes de mirar el vaso mientras te preparan un trago, si te distraes te pondrán algo.
Con estas advertencias, nuestras familias intentaban protegernos de abusos que hemos sufrido y mayormente hemos callado. Porque la mayoría de nosotras, de un modo u otro, en algún momento de la vida, ha sido abusada o acosada o puesta en situación de peligro por un pariente, un profesor, un jefe, un compañero de trabajo o estudios, o un desconocido.
“Justice must not only be done, but must be seen to be done”: la justicia debe tener lugar, pero además debe verse teniendo lugar, reza un viejo aforismo legal inglés. Será importante hacer justicia con claridad en lo penal y en lo administrativo, pero también se necesita justicia en lo político, y ahí el gobierno sigue al debe y a la deriva, cual Titanic después de chocar con el iceberg. Circunstancia peligrosa, pues los chilenos sabemos que la rabia que genera la injusticia puede conducirnos a lugares insospechados.
Para más columnas de Ex-Ante, clic aquí.
Ver esta publicación en Instagram
Publicaciones relacionadas
Una resolución de la Subsecretaria de Desarrollo Regional del 11 de julio de 2022 modificó el presupuesto del Gore Metropolitano, creando una nueva asignación para financiar el programa “Quédate” de prevención al suicidio diseñado por el psiquiatra Alberto Larraín. La iniciativa contempló una transferencia en una sola cuota de $1.683 millones de los cuales no […]
Ante la escasa viabilidad de participar en primarias con Matthei, el ex alcalde Carter está evaluando abandonar Chile Vamos y postular al Senado con el respaldo de Republicanos. En su entorno aseguran que desde hace meses se siente desafectado con el conglomerado opositor y que sus acercamientos con Kast han sido múltiples. Aquí la historia.
El nuevo jefe del Segundo Piso, Felipe Melo, aceptó la renuncia de Leonardo Moreno, asesor del Segundo Piso cuestionado por su rol en la fallida compraventa de la casa de Allende. Se trata de otro terremoto en el equipo de asesores del mandatario, ya que hace una semana salió Miguel Crispi (FA), aunque por otras […]
El historiador Joaquín Fermandois aborda la contingencia política. Dice que la clave es el eje orden igualdad, más la lucha contra el crimen. “No va a haber acuerdo parlamentario entre todas las derechas. Entonces va a ser muy difícil tener mayoría”, advierte.
Un derecho y principio básico de nuestras democracias, como es la presunción de inocencia, se ve fuertemente golpeada cuando nos adelantamos a los procesos judiciales y condenamos en la plaza pública en base a antecedentes parciales e intencionados.
