–El proceso constituyente, en lo referido a la Convención, está llegando al final de una etapa. De manera retrospectiva, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este camino, que no ha estado exento de tropiezos?
-Lo primero es reconocer que no hay proceso constituyente en el mundo que haya estado exento de tropiezos, porque incluso aquellos que miramos más idealizadamente los tuvieron en abundancia. Se trata de eventos extraordinarios y únicos, por lo que uno puede esperar inexperiencia y errores sin asignar mala fe a quienes los cometen. Pero es importante no confundir estos tropiezos con la frivolidad e irresponsabilidad con la que han actuado durante el proceso muchos convencionales de todos los sectores políticos.
Lo segundo es no caer en la tentación de analizar el proceso en términos maniqueos. Ciertamente hay cosas muy positivas que rescatar en el diseño del proceso, como por ejemplo la paridad, los dos plebiscitos para legitimar el proceso y muy particularmente las iniciativas populares de normas. Con independencia que muchas de estas iniciativas no fueron acogidas, la forma en que se diseñó este mecanismo de participación y la respuesta masiva que recibió desde la ciudadanía hizo que en un punto todos nos sintiéramos parte del proceso.
-Respecto del contenido
-Creo también positivo los objetivos que la Convención identificó como los ejes estructurales de una posible nueva constitución: la paridad en la representación política, avanzar hacia un estado de bienestar y a una desconcentración territorial del poder, la valorización de nuestros pueblos originarios o la protección del medio ambiente. En lo negativo, soy crítico de cómo muchos de estos objetivos se materializaron institucionalmente dentro de la arquitectura constitucional, particularmente en el sistema político, el poder judicial y el Estado regional.
-¿Has leído el borrador final?
-Sí, lo he leído dos veces y planeo hacerlo un par de veces más después del 4 de julio cuando tengamos un borrador definitivo. Para entender cualquier texto legal –y una constitución no es la excepción– hay que estudiarlo desde muchas perspectivas distintas, buscar sus relaciones internas y esforzarse en descubrir posibles contradicciones. Todo ello supone masticar harto el texto y también dejarlo reposar.
-¿Qué impresión te deja?
-Mi impresión es de preocupación. La propuesta contenida en el borrador no solo no soluciona el problema de gobernabilidad que tenemos, sino que podría incluso empeorarlo. Un buen ejemplo de ello es equiparar los partidos políticos con otro tipo de organizaciones como los movimientos sociales. Eso podría producir una atomización todavía mayor de la representación política y profundizar la ingobernabilidad del país. Por otro lado, la propuesta de Estado regional y autonomías territoriales también podría eventualmente traducirse en una fragmentación indeseable en la toma de decisiones. A ratos la propuesta constitucional se lee como si los convencionales no comprendieran cuán difícil es gobernar en una sociedad como la nuestra.
A eso se suma una sensación de tristeza. Me cuesta creer que un proceso que estuvo impregnado de tanta esperanza termine marcado por tanta división y desconfianza.
-Se acordó sacar la mención al estallido social en el preámbulo. ¿Te parece una buena idea?
-Es una señal positiva que esa mención no haya entrado al preámbulo, porque demuestra que ha sido posible al menos en parte contener a quienes han procurado transformar el proceso constituyente en un conjunto de ritos adversariales.
Ahora, decir que esta posible nueva constitución estaría ligada en sus orígenes a la violencia es no reconocer el mérito de nuestra clase política. Hay algo que nunca debemos dar por sentado: ante una de las mayores crisis políticas de nuestra historia, la clase política fue capaz de reaccionar y ofrecer una respuesta institucional.
-Dices que esa visión es mirar el vaso medio vacío
-En este punto en particular es ser injusto con quienes el 15 de noviembre del 2019 lograron un acuerdo que únicamente merece reconocimiento y admiración. ¿Significa esto justificar la violencia? En caso alguno, porque toda manifestación de violencia es inequívocamente despreciable. Quienes desde la política justificaron o validaron la violencia solo nos demostraron su escaso anclaje ético y su falta de compromiso democrático, lo que ojalá sea castigado electoralmente.
-Se suele decir que el régimen político es el corazón de la constitución. ¿Piensas que la propuesta es débil, con una Cámara de las Regiones anecdótica?
-La propuesta de segunda cámara mejoró mucho durante el curso del proceso constituyente, pero igualmente existe un desequilibrio entre la nueva Cámara de las Regiones y la de Diputados. En lo personal, tengo la duda si esta nueva segunda cámara podrá constituirse como un contrapeso institucional efectivo a las mayorías circunstanciales que resulten de la elección presidencial y de diputados. Es difícil para cualquier persona predecir este escenario, ya que éste será el primer sistema presidencial con un bicameralismo asimétrico del mundo. Y no se trata de una asimetría leve como la del parlamento australiano, sino una pronunciada.
-De ser aprobado, ¿necesitará un bypass para funcionar adecuadamente?
-Hay que sumar otros elementos que hacen difícil anticipar el funcionamiento del futuro régimen político. Por ejemplo, se permite la reelección presidencial y simultáneamente se limita en términos excesivos la reelección parlamentaria, lo que podría traducirse en un empoderamiento relativo del presidente. En contraste, el tránsito de la iniciativa presidencial en materia legal hacia un modelo de leyes de concurrencia presidencial como el de Alemania, Australia, Canadá, Colombia o España –en que el presidente comparte esta iniciativa con los parlamentarios– podría hacer que existan situaciones en las que sea demasiado costoso para el gobierno tomar decisiones impopulares.
-Una de las instituciones que se disuelve es el Tribunal Constitucional, que abre espacio a la Corte Constitucional.
-Este nuevo tribunal ya no ejercerá un control preventivo sobre la constitucionalidad de las leyes antes de su publicación, atribución que es inusual en las principales democracias constitucionales. Esto es un avance saludable, sobre todo considerando la forma expansiva en que el Tribunal Constitucional ha ejercido este control en la última década con los resultados poco felices que esto ha tenido.
-¿Cómo evalúas este nuevo organismo?
-Me preocupan dos cosas del diseño de la nueva Corte Constitucional. Primero, en el nombramiento de los jueces se mantiene un sistema de nombramientos parcelado, en que el presidente, el poder legislativo y el nuevo Consejo de la Justicia designan por separado un cierto número de jueces. Este mecanismo ha evidenciado una ausencia de frenos y contrapesos en el proceso actual de nominaciones. Ello muchas veces ha contribuido al nombramiento de quienes carecen de las calificaciones necesarias para desempeñarse como jueces constitucionales.
-Y segundo…
-Es también cuestionable que la inaplicabilidad deba interponerse ante el juez de la causa, porque ello podría elitizar el acceso a la justicia constitucional al crear un riesgo de alejar los jueces de la ciudadanía. Esta regla tiene una justificación razonable, consistente en evitar la mala práctica de abusar de la inaplicabilidad con fines dilatorios en un juicio. Pero existían otras alternativas mejores para evitar este problema.
-Se ha señalado que durante el lapso de seis meses para que funcione la Corte Constitucional, el TC queda en un “limbo”. También el fin de las cárceles concesionadas y la justicia indígena. ¿Esta es una constitución que va a necesitar muchos retoques si llega a ganar?
-De ganar el apruebo, hay que desdramatizar la posibilidad que la nueva constitución requiera de reformas. La Constitución de 1980, por ejemplo, necesitó de una reforma constitucional en 1989 para hacerla viable democráticamente durante la transición. Y se trata de una constitución cuya elaboración tomó muchos años.
Sin embargo, creo importante levantar dos puntos al respecto, sobre todo considerando que probablemente serán muchas las reformas constitucionales que deberán impulsarse. Primero, cabe preguntarnos si será viable políticamente que estas reformas puedan concretarse. La aritmética legislativa hace muy difícil que estás reformas puedan prosperar, sobre todo ante el fraccionamiento que existe en la Cámara de Diputados y que se trata de temas que no necesariamente son populares para la ciudadanía.
Segundo, estas posibles reformas constitucionales deberán promoverse en paralelo a los trámites legislativos para comenzar el proceso de implementación constitucional. Los plazos establecidos en las normas transitorias para iniciar estos trámites son sumamente estrictos, lo que hace difícil pensar que los parlamentarios van a poder abordar ambos procesos simultáneamente.
-¿A qué le pondrá atención el ejecutivo?
-Seguramente el gobierno del Presidente Boric va a poner su atención en la implementación constitucional y que muchas de estas reformas constitucionales necesitarán referéndums ratificatorios. Por ello no me parece realista esperar que se aprueben reformas constitucionales profundas a la nueva constitución en el corto plazo luego de su entrada en vigencia.
-Según Paola Assael, de la consultora Black&White, la gente que tiende a aprobar no le cree a la derecha cuando dice que se puede rechazar para cambiar la constitución vigente. Si le creyera una parte de ese sector votaría rechazo. ¿Crees que la derecha debería presentar una propuesta clara de reforma constitucional?
-Existen motivos de sobra para tener ese temor, pero esa explicación se queda corta cuando parlamentarios de centroizquierda están impulsando una reforma para rebajar el quórum de reforma constitucional a 4/7, algo que ha sido apoyado por todos los partidos de centro derecha. Esa reforma constitucional será votada en pocas semanas en el Senado y seguramente también podrá serlo en la Cámara de Diputados antes del plebiscito de septiembre. Ahí veremos a la derecha tener que cumplir la palabra empeñada y sabremos cuán sinceras fueron sus declaraciones.
-¿Le agregarías algo además de la baja de quórum?
-Otra en la que se busque la eliminación del control preventivo del Tribunal Constitucional. A eso agrego un punto conceptual importante: la rebaja del quórum no debería buscar facilitar una reforma parcial a la constitución vigente, sino disminuir el poder de veto que puedan tener ciertos actores políticos para ofrecer una nueva solución constitucional. No se trata de reformar la constitución para viabilizar su vigencia en caso de prevalecer el rechazo, sino para facilitar que en dicho evento se ofrezca una nueva solución constitucional.
-Una cosa es estudiar constituciones y otra ser testigo de un proceso constituyente. ¿Te cambió la perspectiva? ¿Por qué crees que los convencionales y la Convención están mal evaluados por la opinión pública?
-Si bien tuve un rol muy marginal en el proceso constituyente, igualmente pude conversar y colaborar con convencionales de distintos sectores políticos. Respecto de todos ellos, mi conclusión es inequívoca: me considero privilegiado de haber conocido gente excepcional en todos los sectores políticos, los que espero sigan en política por muchos años.
No se trata de ser más o menos crítico sea con el resultado del proceso constituyente. En toda honestidad corresponde igualmente destacar a una nueva generación de políticos que fueron un aporte muy positivo en el proceso. Suele mencionarse a Tammy Pustilnick o Ricardo Montero, pero también hay otros muchos convencionales cuyos aportes deben celebrarse, como Ruggero Cozzi, Pedro Muñoz, Bárbara Rebolledo.
En cuanto a la evaluación negativa de la Convención y sus integrantes, lamentablemente por cada uno de estos aportes positivos también hubo otros muchos convencionales que nunca entendieron la tarea que se les encomendó y que se comportaron con una irresponsabilidad y falta de decoro que contribuyó a empañar todo el proceso.
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